El analista internacional explicó en la 99.9 el delicado momento judicial que atraviesa el país por el juicio de YPF en Estados Unidos, advirtió sobre el avance de los embargos y puso en duda que la Justicia norteamericana suspenda la ejecución del fallo millonario.
El juicio por la estatización de YPF atraviesa una etapa crítica en los tribunales de Estados Unidos y la República Argentina enfrenta un escenario cada vez más complejo. Así lo explicó el analista internacional Sebastián Maril en diálogo con la 99.9, donde detalló que actualmente existen cinco apelaciones en paralelo contra distintas decisiones de la jueza Loretta Preska, todas impulsadas por el Estado argentino.
Maril recordó que el punto de partida del problema se dio tras el fallo de primera instancia que condenó al país a pagar más de 16 mil millones de dólares. “En Estados Unidos toda sentencia de primera instancia es ejecutable. Argentina tuvo la oportunidad de frenar esa ejecución depositando una garantía, algo que Preska le ofreció formalmente, pero esa posibilidad se dejó pasar”, señaló. Según explicó, el cambio de gobierno y las prioridades políticas de la gestión de Javier Milei hicieron inviable asumir ese costo en los primeros días de mandato.
Esa decisión derivó en el avance de los beneficiarios del fallo, que comenzaron a solicitar embargos y medidas de ejecución. “Estamos hablando de pedidos sobre acciones de YPF, requerimientos de información sensible como los WhatsApp de funcionarios públicos y distintas resoluciones que, en su mayoría, fueron adversas para la Argentina”, afirmó Maril, quien calificó la situación como “vergonzosa” desde el punto de vista institucional.
En ese contexto, el analista explicó que el Estado argentino solicitó recientemente la suspensión de toda ejecución de sentencia, aunque se mostró escéptico sobre su viabilidad. “Le están pidiendo a Preska hoy que haga exactamente lo mismo que les ofreció hace dos años y que no aceptaron. Por eso dudo mucho que lo conceda”, advirtió, aunque reconoció que el desenlace todavía no está definido y que habrá nuevas audiencias en las próximas semanas.
Maril también se refirió a uno de los ejes centrales de las apelaciones: el intento de que el caso se discuta en la Justicia argentina. “Estados Unidos ya resolvió hace tiempo que tiene jurisdicción porque Argentina fue a buscar inversiones bajo leyes norteamericanas y luego las violó. Lo que ahora se discute es si, aun teniendo jurisdicción, el foro argentino sería el más apropiado, algo que Preska ya rechazó dos veces”, explicó.
Respecto del monto del fallo, el analista aclaró que la jueza no fijó arbitrariamente la cifra. “Preska no inventó los 16 mil millones. Aplicó la fórmula que está en el estatuto de YPF, después de un juicio donde escuchó a ambas partes. El monto surge de ahí”, precisó. De todos modos, sostuvo que Argentina no pagará esa suma en forma directa y que, en caso de perder las apelaciones, deberá negociar una quita significativa.
Finalmente, Maril anticipó que el conflicto podría extenderse durante varios años y llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. “Si esto se define en 2027, en pleno año electoral y con los mismos protagonistas políticos, va a ser una saga digna de una serie. Pero hay algo que no cambia: al final del camino, los que pagan siempre son los argentinos”, concluyó.