El juez que tramita la causa iniciada por los fondos buitre reconoció que las cuentas en Nevada pertenecerían a los empresarios y que habrían sido utilizadas para canalizar fondos de la corrupción
La pesquisa por la llamada “ruta del dinero K” cobra velocidad inusitada. En una de sus primeras opiniones sobre el caso, el juez estadounidense Cam Farenbach urgió a la liberación de nuevos documentos y dio indicios de compartir la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos “podrían tener activos” pertenecientes a la Argentina.
“Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba”, recordó el juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la presidenta Cristina Kirchner.
El fondo NML, de Paul Singer, aportó “sospecha razonable para creer” que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina”, indicó el magistrado en un largo documento.
Farenbach se hace luego eco de la teoría del fondo buitre NML de que “López, Báez y sus entidades podrían ser ladrones”, argumento con el que le reconoce la facultad de seguir reclamando documentación probatoria, más allá de la queja de los investigados.
Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más documentos.
Pero ofrece una novedad importante: por primera vez empieza a inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podría haber actuado como canalizador de bienes obtenidos de forma ilegal.
En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá, son una misma cosa.
“MF Corporate es el álter ego de Mossack Fonseca”, dice el juez. El dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas que atribuyen a Báez.
Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el testimonio de la llamada “testigo clave” Patricia Amunategui, cuyo relato sirvió para corroborar el modo de actuar que los buitres sospechaban en cuanto al registro de empresas “fantasma”.
En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que fue el primero que tuvo esta pista y a quien se intentó apartar del cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada “ruta del dinero K”, tarea en la que fracasó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez dispuso una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora están protegidos por un paraguas de confidencialidad.
La fecha límite que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo UBS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como “respuesta” a una demanda de los fondos buitre “sobre Lázaro Báez y entidades afines”.
Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada es una herramienta con que el fondo NML, de Paul Singer, intenta localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados, procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el gobierno argentino se resiste a pagar.
Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la justicia de este país.
Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la velocidad que está tomando la causa. De hecho, esta resolución de Farenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de partes que tuvo lugar el lunes de la semana pasada. Esa celeridad fue una sorpresa para todos.
Horas después, el juez dispuso la liberación de más documentos. En ellos figuran nuevos registros de movimientos bancarios, así como alusiones a las demandas de información enviadas a 29 bancos. Hasta ahora, sólo una quincena suministró respuestas.
POLÉMICAS CONEXIONES
Cristina Kirchner
La Presidenta mantiene desde hace varios años una relación comercial con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. Este último se benefició con la obra pública estatal y la Justicia investiga cómo manejó la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate. Hotesur es sospechada de una operación de lavado de dinero. El hotel Alto Calafate alquiló habitaciones a Austral Construcciones, que pertenece a Báez, durante varios años a precios que llegaron a duplicar los de mercado. A la vez, Cristóbal López pagaba millonarios alquileres a la familia Kirchner por inmuebles ubicados en Puerto Madero y en Recoleta
Lázaro Báez
Desde la empresa Austral Construcciones Lázaro Báez se benefició con la mayor parte de la obra pública que se realizó en Santa Cruz. Además de esto, el empresario kirchnerista desembolsó más de 14,5 millones de pesos entre 2010 y 2011 en los hoteles gerenciados por los Kirchner en el Sur. El Banco Nación financió a Báez por la vía de la excepción y por encima de los límites preacordados. También evitó reportar una operación de Báez por US$ 7,5 millones a la unidad antilavado (UIF). Por una demanda de los fondos buitre la justicia de Nevada investiga el vínculo de Báez con empresas en Estados Unidos y Panamá que habrían sido usadas para lavar dinero proveniente de ilícitos
Cristobal López
El empresario del juego no sólo les alquila un departamento, una oficina y cinco cocheras en Madero Center a los Kirchner. Desde su inversora M&S, que funciona en oficinas alquiladas a la familia Kirchner, López habría realizado inversiones en la sociedad Los Sauces SA, de la que también eran socios Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Al igual que en el caso de Lázaro Báez, la justicia de Nevada investiga a Cristóbal López en los Estados Unidos ya que podría tener activos pertenecientes a la Argentina. El juez de Nevada sospecha que los fondos que denunciaron los fondos buitre podrían formar parte de un entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López con dinero ilegal.