Desde el Palacio del Elíseo se pretende instaurar una suerte de estado de emergencia permanente mediante la incorporación a la ley ordinaria de varias medidas excepcionales en el combate contra el extremismo, informó hoy el diario Le Monde.
Sin embargo, este proyecto preocupa a varias ONG y al sindicato de los magistrados, ya que consideran que mina el poder judicial en favor del ejecutivo y que pone en marcha medidas “discriminatorias” contra muchos inocentes.
El vespertino señaló que el gabinete del presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, trabaja en un proyecto de ley que adoptará el grueso de las medidas antiterroristas vigentes desde noviembre de 2015, cuando se declaró el estado de emergencia (equivalente al Estado de sitio en Argentina) después de los ataques yihadistas que mataron a 129 personas en París y el suburbio de Saint-Denis el 13 de noviembre (13-N).
Así, pasarán a ser ley general el arresto domiciliario a alguien sobre el haya “serias razones” para pensar que su comportamiento representa “una amenaza a la seguridad y el orden público”, el decomiso de computadoras y el cierre de centros de culto.
Este proyecto, que se presentará al Consejo de Ministros el 21 de junio, de acuerdo con Le Monde, no entrará en vigor inmediatamente, pues el Ejecutivo de Macron cuenta con prolongar el estado de emergencia hasta el 1 de noviembre de 2017.
La prolongación de este resorte, aplicado “en caso de peligro inminente resultado de graves amenazas al orden público”, y su incorporación en la ley inquieta a las ONG y a los magistrados.
La ONG Amnistía Internacional (AI) juzgó que el estado de emergencia no se base en “pistas graves y coincidentes” y sí “en simples sospechas” y denunció que las acciones policiales al abrigo de está medida, “a veces de manera violenta y brutal”, se basan en criterios “discriminatorios”.
“Las autoridades no sacaron en claro ninguna lección de las derivas graves que provocó el estado de emergencia”, dijo AI, en un comunicado.
Por su parte, el sindicato de los magistrados reprobó en otra nota la actitud del gobierno de Macron y denunció que se dañará el equilibrio de la separación de poderes, al dejar al judicial en un segundo plano en beneficio del ejecutivo, que tendrá la capacidad, por ejemplo, de arrestar y allanar a sospechosos sin la autorización de un juez.
“Sin un examen sistemático por un juez independiente, sin una investigación detallada, ni derecho a contrastar las acusaciones, las personas se verán privadas de sus libertades”, señaló el sindicato, citado por la agencia de noticias EFE.