Según el jefe de abogados de YPF, Germán Fernández Lahore, la divulgación del convenio alejaría a otras compañías de eventuales asociaciones con la petrolera.
Germán Fernández Lahore trabaja en YPF desde hace más de una década, pero dio el gran salto al escalafón de la alta gerencia en diciembre, cuando la salida del camporista Rodrigo Cuesta como consecuencia del cambio de gobierno le abrió la puerta de la vicepresidencia de Servicios Jurídicos de la petrolera. No reniega porque el Estado tenga el control de la compañía, pero repite con insistencia que se trata de una firma privada. “La empresa puede estar alineada con los intereses nacionales, pero los ejecutivos de YPF tenemos que defender a la compañía”, sostiene.
En defensa de esa bandera acepta hablar con LA NACION sobre el polémico acuerdo con la petrolera norteamericana Chevron para explotar la concesión Loma Campana en Neuquén. La empresa no quiere dar a conocer en su totalidad el convenio pese a las órdenes de la Justicia. y esta semana apeló la decisión de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo. Su principal argumento: la revelación del convenio le haría perder ventajas competitivas y socios a la principal compañía del país.
-¿El contrato con Chevron contempla algún tipo de garantía de YPF?
-No hay garantía de riesgo petrolero.
-¿Y de riesgo cambiario o político?
-YPF no puede garantizar cosas que no se garantiza a sí misma ni a nadie. A veces se trata a YPF como si fuera el Estado. Ninguno de nosotros nos vemos como funcionarios ni podemos garantizar a algún socio condiciones impositivas, ambientales o regulatorias. Estamos ajustados a las imposiciones que tiene cualquier compañía petrolera.
-Pero se conocieron partes que hablaban de contemplaciones futuras que iba a tomar el Gobierno a favor del sector petrolero.
-No son contemplaciones. Sí establece condiciones precedentes. Entre ellas, las situaciones básicas de título. Obviamente, para invertir en estas condiciones se necesita un título que tenga seguridades legales. Es práctica habitual en cada proyecto. No hay regulaciones emitidas por YPF que beneficien a Chevron. Las condiciones precedentes no son garantías. Una garantía implica que uno se obliga a cumplirla; de lo contrario, tiene que pagar un costo. Una condición precedente es algo que tiene que ocurrir, y generalmente no depende de las partes actoras.
-¿Entonces por qué no quiere mostrar todo el contrato?
-La discusión oficial a partir del pedido del ex senador Rubén Giustiniani tiene que ver con la aplicación del decreto 1172, de acceso a la Información Pública, que está pensado para una repartición estatal. YPF tiene una realidad que difiere, es claramente comercial, y se dan situaciones extrañas que no ocurrirían en una repartición del Estado, que no tiene competidores, no tiene contratistas, tecnología, geología, socios. La complejidad para YPF es que está enmarcado en una situación que no le calza bien. El recorrido del litigio, en primera instancia, es favorable para YPF. La cámara lo confirma, pero la Corte no. Somos respetuosos de la medida de la Corte, pero no hubo un ámbito adecuado para discutir las excepciones que prevé el decreto, para las cuales aplicamos, por ejemplo, en el caso de los secretos comerciales, científicos o técnicos o en el caso de que hayamos recibido información en un marco de confidencialidad y cuya revelación puede producir un daño en aquél que la proveyó. Fueron nuestros geólogos, nuestros reservoristas, nuestros especialistas comerciales quienes se juntaron con los de Chevron. Después de haber invertido US$ 3000 millones, tenemos una curva de aprendizaje. Todo ese trabajo de nuestra gente se dio en marco de confidencialidad que llevó meses. Esto nos preocupa mucho para futuros proyectos de la compañía porque es un leading case [caso testigo]. Si YPF está alcanzada por este decreto, y las excepciones no aplican, para YPF es un dato de realidad relevante y de sentido adverso. Cambia nuestra situación competitiva. Estamos atrayendo jugadores especializados en shale [recursos no convencionales como los de Vaca Muerta]. Si estas contrapartes saben que todo lo que hagan con YPF va a volverse público, se van a sentar con PAE, con Shell, con Total, con cualquiera menos con YPF; perdemos lo que ellos tienen para aportar, que es el know how. Si pasa eso, se nos pasó el tren de Vaca Muerta.
-¿Por qué se armó una estructura comercial compleja para instrumentar el acuerdo?
– Las participaciones en el proyecto son de 50% y 50%. La estructuración corporativa tiene que ver con que la inversión finalmente llegue al proyecto, que era el interés de Chevron y de YPF, blindarlo [en 2013, cuando se cerró el convenio, la empresa norteamericana sufría un embargo millonario en el país por un conflicto en Ecuador]. Por eso Chevron tiene dos acuerdos fiduciarios, uno en Estados Unidos y otro en la Argentina, donde tiene un tercero independiente, que controla el flujo de operaciones, para que cada dólar que “baje” llegue a Lompa Campana y cada dólar que “suba” vaya a donde tenga que ir.