Siete jóvenes van a ser ejecutados este martes por distintos delitos que habrían cometido cuando eran menores de edad.
Los activistas de Derechos Humanos saudíes se han movilizado para intentar salvar sus vidas, ya que se cree que el proceso ha tenido bastantes irregularidades y los jóvenes aseguran que fueron torturados para confesar.
Sarhan al Mashayekh, supuesto cabecilla del grupo, será crucificado. Este es uno de los castigos físicos más crueles que aún contempla el sistema penal saudí. “Vivimos en una sociedad medieval, aunque estemos en los albores del Tercer Milenio”, advirtió Mohammad al Qahtani, director de la Asociación por los Derechos Civiles y Políticos en Arabia Saudí (ACPRA). Según el activista, esa pena “se reserva para los crímenes más odiosos y que crean alarma social. Es infrecuente, pero se dicta. Aunque a veces el gobierno, consciente de la degradación del sistema judicial, conmuta ese tipo de condenas”.
Al parecer, estos siete jóvenes habrían robado una serie de joyerías en la ciudad de Abha, al sur del país, por los que fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006. Hace tres años se los había condenado a muerte, pero las autoridades esperaron a que todos sean mayores de edad.
En Arabia Saudí, la pena de muerte se ejecuta por el procedimiento de decapitación a espada. En el caso de Sarhan, después se procederá a la crucifixión. “A Sarhan lo dejarán expuesto durante varias horas, como medida de escarnio”, explicó Al Qahtani. “No es sólo la severidad del castigo sino que no han tenido acceso a un abogado ni a un juicio justo. Además, les han intimidado y torturado para que confiesen”, aclaró.
Tanto la organización de Al Qahtani como otros activistas están pidiendo que se repita el juicio y se les permita a los acusados contar con defensa letrada. El activista lleva años denunciando los abusos de la Dirección de Investigación General y su interferencia en el sistema judicial. Por eso aclara que“el caso es tan débil que han tenido que recurrir a la intimidación para conseguir las confesiones. Si tuvieran pruebas sólidas, no hubiera sido necesario”.
Amnistía Internacional ha lanzado un llamamiento urgente para que se frene la ejecución. Ali al Ahmed, opositor saudí que dirige el Institute for Gulf Affairs en Washington, les escribió a varios embajadores europeos en Riad pidiéndoles su intervención ante las autoridades saudíes. “Estos hombres van a ser ejecutados después de un juicio que duró tres horas y en el que no contaron ni con abogado ni con asistencia letrada. Entre los motivos de su ejecución está que son originarios del Sur, una región marginada por el Gobierno saudí”, explica en una de sus cartas.
Irán, Yemen y Sudán, además de Arabia Saudí, son los únicos países que continúan ejecutando a personas que cometieron algún delito siendo menores. La Convención Internacional de los Derechos del Niño ha prohibido esas penas.