El Gobierno, dividido sobre cómo reaccionar, promete desbloquear todas las refinerías.
Los ciudadanos y la economía francesa sufren desde hace días las graves consecuencias de la oleada de protestas y bloqueos contra la reforma laboral, pero los sindicatos acaban de decidir apretar el acelerador. Las siete organizaciones promotoras de la revuelta, con el sindicato CGT a la cabeza, han acordado “continuar y ampliar las movilizaciones” mediante más huelgas y manifestaciones. Enfrente, el Gobierno muestra discrepancias internas entre quienes se inclinan por ceder, como el ministro de Finanzas, y los partidarios de la firmeza, como el jefe del Ejecutivo.
Los siete sindicatos exigen ser recibidos por el presidente François Hollande. Esta exigencia muestra que ya no consideran interlocutor válido al primer ministro, Manuel Valls, que medita su posible dimisión, según afirman algunos analistas en distintos periódicos. Máximo defensor de la reforma, Valls se opone a conceder más rebajas en el proyecto.
No es la opinión de algunos destacados miembros del Ejecutivo, como es el caso del ministro de Finanzas, Michel Sapin, uno de los mejores amigos de Hollande. Sapin cree que hay margen para dulcificar el clave artículo 2 del proyecto, según el cual los acuerdos de empresa tendrán más fuerza legal que los firmados en un sector concreto. El artículo marca un cambio radical en la legislación laboral clásica.
Valls ha dicho que no se negociará ese artículo. Si finalmente se hace, el primer ministro se vería obligado a meditar su marcha del Gobierno. Y aún más si se retira el texto, que es la exigencia de los sindicatos y la opción por la que se inclinan los diputados rebeldes del gubernamental Partido Socialista.
Hollande ha dicho este viernes desde Japón, donde asiste a una cumbre del G 7, que “el diálogo siempre es posible”, pero que no puede estar basado en el “ultimátum” que plantean los sindicatos. “No se puede aceptar que haya un sindicato que diga que no respeta la ley”, ha señalado el mandatario en referencia a la CGT, el principal sindicato del país y el más activo en las protestas.
Hollande ha señalado estar dispuesto a “hace todo para asegurar el buen funcionamiento de la economía” y, por tanto, a forzar la llegada de combustible a las gasolineras, garantizar el funcionamiento de las centrales nucleares y levantar las barricadas en las carreteras o ante estratégicos centros de producción y logística.
Unidades de antidisturbios han tomado posiciones esta mañana ante varias de las seis refinerías bloqueadas, como la de Donges, en Bretaña, con la intención de desalojar a los cientos de trabajadores que desde el día 19 impiden el paso de cisternas. Aunque lo consigan, no se resolverá el problema de escasez de combustible que sufren 4.000 de las 12.000 gasolineras francesas porque la mayoría de empleados de las refinerías están en huelga.
Dada la grave crisis de aprovisionamiento, el Ministerio de Agricultura ha emitido este viernes un decreto para permitir que los agricultores utilicen en sus tractores gasoil de calefacción.
Los siete sindicatos organizadores de las protestas aseguran en un texto difundido en la noche del jueves al viernes que “la movilización se amplía y se afianza” ante el “masivo” rechazo de la ciudadanía a la reforma. Según los sondeos, son más del 60% los franceses que apoyan las protestas y que están en contra del proyecto de ley.
Por eso, han decidido que, a partir de este viernes, se celebren asambleas en los centros de trabajo para sumarse a manifestaciones y huelgas. También pretenden que, a partir del lunes, se organice en las empresas una votación sobre la reforma y las protestas para enviar el resultado al presidente François Hollande. La capacidad sindical de presión crece en progresión geométrica a medida que se acerca la Eurocopa, que comienza el 10 de junio.