Uno de los ataques fue reivindicado por la organización para militar Weichan Auka Mapu.
Al menos una veintena de máquinas y vehículos fueron quemados este martes en dos ataques ocurridos en el sur de Chile. Uno de ellos fue reivindicado por un grupo radical mapuche.
En la zona existe, desde hace décadas, un enconado conflicto territorial entre el Estado, indígenas de ese pueblo originario y grandes compañías forestales.
Cómo fueron los dos últimos ataques incendiarios en el sur de Chile
El primero de los ataques tuvo lugar en un predio en la comuna de Arauco, en la región del Biobío, 630 kilómetros al sur de la capital. Allí, una decena de personas encapuchadas quemó cerca de 15 máquinas, según medios locales.
El ataque fue reivindicado por Weichan Auka Mapu (WAM), una organización radical autonomista mapuche que reivindica acciones de sabotaje contra grandes empresas forestales en el sur.
El segundo atentado ocurrió en la comuna de Angol, en la región de La Araucanía, 800 kilómetros al sur de Santiago, cuando otro grupo de encapuchados quemó al menos seis máquinas y cuatro camiones.
De acuerdo con la prensa local, la finca donde se dio el ataque es propiedad de la empresa Enel que está construyendo allí un parque eólico.
El conflicto mapuche crece en Chile con ataques atribuidos a grupos radicales
En varias regiones del sur de Chile existe, desde hace años, el llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta al Estado y empresas agrícolas y forestales de grandes grupos económicos con algunas comunidades indígenas de esta etnia -la más grande en el país- que reclaman las tierras que habitaron durante siglos.
En el último año, esta disputa ha experimentado una escalada de violencia con frecuentes ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.
El Parlamento chileno aprobó la semana pasada que se extienda durante 15 días más el estado de excepción que rige en las regiones de La Araucanía y el Biobío y que permite el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público.
Pese a que durante meses prometió que no lo haría, el actual presidente, Gabriel Boric, decretó en mayo esta medida, que rigió durante meses durante el mandato de su antecesor, Sebastián Piñera.