El Ejecutivo provincial oficializó dos nuevas cesantías: una trabajadora que no asistió durante casi dos años a su puesto y un auxiliar escolar condenado por abuso sexual.
El gobierno de la provincia de Neuquén oficializó este viernes la exoneración de dos empleados estatales en el marco de la política de “tolerancia cero” que impulsa la gestión del gobernador Rolando Figueroa. Las medidas alcanzaron a una trabajadora que no se presentó a su puesto durante casi dos años sin justificación y a un auxiliar de escuela condenado por abuso sexual.
La empleada que faltó dos años seguidos
Una de las cesantías recayó sobre María Elsa Millaín, quien integraba la planta permanente anualizada del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN), dependiente del Ministerio de Turismo.
Según el sumario administrativo iniciado en agosto de 2023, se constató que la agente incurrió en incontables inasistencias entre el 25 de octubre de 2021 y el 10 de agosto de 2023, período en el que no presentó certificados médicos ni solicitó licencias.
Los auditores concluyeron que existió una “falta total de interés” hacia su cargo, además de “mala fe en su conducta”, ya que evitó recibir notificaciones. Ante esta situación, Figueroa dispuso que se evalúe el recupero de los sueldos percibidos en esos dos años y, en caso de no ser posible, se dé intervención a la Fiscalía de Estado.
El caso del auxiliar escolar condenado por abuso sexual
El segundo despido alcanzó a César Benedicto Neira, quien se desempeñaba como auxiliar (portero) en una escuela primaria de Junín de los Andes.
Neira fue condenado en febrero de 2023 a un año de prisión en suspenso tras reconocer dos hechos de abuso sexual simple contra una adolescente de su entorno familiar, ocurridos en 2022.
El Consejo Provincial de Educación (CPE) había separado preventivamente al trabajador, y tras recibir el informe judicial en junio de este año, avanzó en el trámite de su cesantía. El decreto firmado por Figueroa terminó de oficializar la medida.
Desde que asumió en diciembre de 2023, la gestión de Figueroa sostiene un plan de saneamiento de la administración pública, con la premisa de actuar con rapidez frente a casos de indisciplina, corrupción o delitos graves.