El proyecto incluye otras medidas de vaga definición; sin embargo, activistas y organismos internacionales insisten en que las mujeres saldrán mucho más perjudicadas con esta ley.
“El cuerpo de la mujer no es vuestro campo de batalla, y la elección de la ropa de cada individuo, especialmente de mujeres y niñas, no es asunto vuestro”. Esta frase la escriben desde Klahaan, una orgnaización fundada en julio de 2018 y cuyo objetivo es “construir evidencia, organizar y hacer campaña sobre loas aspectos que afectan a las mujeres en Camboya”. ‘Klahaan’ es una palabra que procede del jemer y cuyo significado es ‘valiente’. “Hay que acabar con esta masculinidad tóxica y la cultura misógina de nuestra sociedad ahora, si realmente nos comprometemos a promover la igualdad de género”. El discurso de Klahaan se enmarca en el camino de una Camboya en constante cambio, en busca, según las instituciones, de convertirse en un estado “civilizado y moderno”.
“Todos entendemos que nuestro país es cada vez más pacífico, y también se está volviendo gradualmente más ordenado, por lo que sociedad necesita orden”, explica a ‘Voice of America’ el secretario de Estado del Ministerio de Interior de Camboya, Ouk Kimlekh. Por eso, señala, hacen falta medidas que consigan que Camboya sea “tan civilizado y desarrollado como el resto de países”. En este punto, Kimlekh hace referencia a un polémico proyecto de ley que se dio a conocer el pasado mes de julio y que, en un principio, incluso se creyó falso. El borrador, definido desde mediados de junio de este año, tiene que pasar diferentes procesos antes de convertirse en ley, pero de hacerlo, entraría en vigor el próximo año 2021.
Kimlekh habla de orden, pero no solo de orden. “No es estrictamente una cuestión de orden público, sino de tradiciones y costumbre”, señala a la agencia Reuters. Lo cierto es que este proyecto, denominado Ley de Orden Público, cuenta con varias medidas que afectan directamente a la manera de vestir de los ciudadanos: en uno de los 8 capítulos, el que hace referencia a los valores estéticos, la medida prohíbe un total de 12 actividades, entre las que se encuentran secar o tender la ropa que se pueda ver desde la calle o vender productos en los arcenes de las carreteras. Pero también prohíbe que los hombres salgan a la vía pública sin camisa y que las mujeres lleven transparencias o ropa “demasiado corta”.
“Nos encargamos de cuidar el orden público, y esta ley tiene como objetivo protegerlo, y también proteger las tradiciones y las costumbres; lo que significa que prohibiremos toda actividad que vaya en contra de las tradiciones”, apunta y, en sus palabras, lo apropiado es usar, por ejemplo, algo que no sea más corto que una prenda que vaya a la mitad de los muslos. La ley no solo propone este tipo de prohibiciones, también incluye pautas de seguridad alimentaria, una edad mínima para beber alcohol, medidas para la reducción de la contaminación industrial, la prohibición de fumar en público… pero todas ellas vagamente definidas y, en ocasiones, enviando directamente a la legislación ya existente.
El Ejecutivo camboyano insiste en que se trata de una forma de preservar las tradiciones nacionales, pero los críticos temen que realmente sea utilizada como herramienta de control y opresión a las mujeres del país, tradicional y socialmente conservador. “Hemos visto cómo en los últimos meses desde los altos cargos se vigila constantemente el cuerpo y la ropa de las mujeres, se menosprecian sus derechos y se las culpa directamente por la violencia cometida contra ellas”, explica la directora ejecutiva del Centro de Camboya para los Derechos Humanos (CCDH), Chak Sopheap.
“El proyecto de Ley de Orden Público contiene muchas disposiciones sumamente problemáticas que socavan los derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales”, critica Sopheap, quien además, insiste, con esta medida el Gobierno busca “vigilar acciones de los ciudadanos” y “criminalizar una amplia gama de comportamientos públicos, pero también privados”. “El artículo 36, por ejemplo, sobre los códigos de vestimenta, es una prohibición que podría interferir de manera desproporcionada con la libertad de expresión de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, que corren un mayor riesgo de ser vigiladas por su vestimenta”. Desde el CCDH temen que todo esto pueda usarse “de manera desproporcionada contra las mujeres que ejercen sus libertades fundamentales”. Además, la crítica también se dirige a la manera en la que se puede aplicar esta legislación: su vaga redacción deja muchos vacíos sobre qué autoridades, nacionales o regionales, pueden hacer cumplirla y decidir sobre posibles sanciones, que van desde los seís días de prisión o multas económicas de hasta 125 dólares.
El sociólogo Chhort Bunthang, director de Relaciones Culturales, Turísticas y de Educación en el departamento de Relaciones Internacionales del Institutuo de Camboya, asegura que si bien “lo normal” es que un país necesite leyes “para gestionar determinadas actividades del día a día”, “vestirse es una preferencia cultural, consuetudinaria y personal”, más ligado a aspectos de la moral y el comportamiento moldeados a base de instrucción o educación, no de normas legales. “Parece un poco duro porque sabemos que cualquier ley implica multas cuando ésta se salta, y si es grave puede llegar a implicar penas de cárcel”, señala, recordando que hay determinadas actitudes que se consiguen más con educación o instrucciones que con herramientas legales. Asimismo, recuerda que en la era actual, en plena globalización, la ropa que cada persona elige está muy influida por las modas externas, por lo que “es difícil distinguir” cuál es la ropa ‘propia’ de Camboya, más allá de los atuendos tradicionales.
“Estereotipos de género nocivos”
Más de una treintena de organismos, entre los que se encuentran el propio CCDH o Human Rigths Watch (HRW), han publicado un comunicado manifestando su “profunda preocupación” con respecto a muchos de los artículos previstos en esta norma, que socavan la capacidad de la mujer de disfrutar de sus derechos de dos maneras. “En primer lugar, esta norma restringe el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y refuerza los estereotipos de género nocivos”, señala el documento. La ley, según estos organismos, “niega a las mujeres el derecho a elegir su propio atuendo, alegando que determinada ropa puede tener un efecto adverso en la tradición y en la dignidad nacional”. Si bien reconoce que los hombres también están afectados en esta normativa, insisten en que “es evidente”, teniendo en cuenta “el contexto social y legal del país” y “a la luz de las recientes amenazas y arrestos de mujeres por vestirse con ropa ‘reveladora'”, esta ley “es más probable que se aplique contra las mujeres que contra los hombres”.
El pasado mes de abril fue detenida una mujer después de que el primer ministro, Hun Sen, solicitara a las autoridades el rastreo de una serie de vendedores ‘online’ que estaban recurriendo a técnicas de venta “provocativas” que, según el propio dirigente, “manchan” la cultura de Camboya y “fomentan el acoso sexual”. Este arresto, igual que la publicación del proyecto de Ley de Orden Público, provocaron una oleada de críticas en las redes sociales, especialmente desde sectores femeninos, queriendo recordar que la culpa del acoso sexual nunca es de las mujeres, ni de cómo van vestidas, sino del que opta por abusar.
Desde las ONG señalan que esta legislación “consolidaría las actitudes sexistas sobre la vestimenta y la conducta de las mujeres”, otorgando “autoridad legal” a la “vigilancia social abusiva de los cuerpos y opciones de las mujeres”, amén de otras normas de género discriminatorias. Y de similar manera, esta norma “es probable”, apuntan, que se aplique de manera desproporcionada contra miembros de la comunidad LGTB, especialmente contra artistas de ‘performances’ como ‘drag queens’, bailarias contemporáneas o modelos.
La discriminación hacia la mujer asociada a esta norma vendría, según los organismos firmantes del comunicado, también desde otra perspectiva: al criminalizar también determinadas actividades realizadas, en Camboya, principalmente por mujeres. “La fuerza laboral en el sector informal está compuesta principalmente por mujeres, incluidas las trabajadoras sexuales y las vendedoras ambulantes; estas profesiones estarían sujetas a prohibiciones y sanciones”, recuerdan las ONG. En este punto, la ley no hace referencia directamente a las mujeres, aunque ‘de facto’ su aplicación tendrá un mayor efecto entre ellas.
Para que entre en vigor, la Ley de Orden Público de Camboya tiene mucho camino que recorrer: actualmente el Ministerio del Interior ha estado recibiendo información de diferentes autoridades, con ‘feedback’ sobre los artículos incluidos en la ley; una vez finalizado este proceso, será enviada al Ministerio del Interior para su aprobación, antes de ser presentado al Consejo de Ministros. Para que se convierta efectivamente en ley deberá pasar, además, por la Asamblea Nacional.