La presidenta del organismo habló en la 99.9 luego de la declaración de emergencia educativa sancionada por el Concejo Deliberante: “en lo personal me llama mucho la atención porque estamos interviniendo en edificios que hace 20 años que no se tocan”, remarcó.
La aprobación de la emergencia educativa en el Concejo Deliberante de Mar del Plata no tiene explicación para la responsable del Consejo Escolar del distrito, Sofía Badie. En la 99.9, explicó las distintas tareas que están realizando y además, destacó que nadie los consultó sobre el estado de las obras o reparaciones.
“Ninguno de los concejales se acercó a conversar con el Concejo Escolar para interiorizarse de las planillas y tampoco me invitaron a participar. Me extraña muchísimo esta declaración porque desde diciembre hemos trabajado fuertemente y los concejales tienen sus consejeros trabajando. Hicimos contrataciones por 82.000 pesos en obras de Consejo con 67 servicios a ejecutar”, ejemplificó.
Además durante el verano se avanzó en distintas obras estructurales para distintos establecimientos que son las que más tiempo demandan: “hemos construido aulas nuevas en distintos establecimientos, en algunos casos también los sanitarios se han renovado y ampliado. Después de eso tenemos una importante gama de escuelas con reparación de cubiertas en los techos, reemplazos completos de los techos, trabajos de renovación de las líneas eléctricas y demás. La Provincia también interviene directamente con contrataciones de La Plata por un volumen de obra de 56.600.000 pesos”.
Incluso agregó que están próximos a cambiar calderas en varias escuelas: “ayer nos aprobaron además una planilla de 6.400.000 pesos por un pedido de compra de calderas para recambiarlas en muchas escuelas que tienen calderas que ocupan toda una habitación. En lo personal me llama mucho la atención porque si bien sabemos que hay necesidades en distintas escuelas, estamos interviniendo en edificios que hace 20 años que no se tocan”, dijo.
También aprovechó la ocasión para referirse a una iniciativa que busca generar un protocolo para actuar en casos de amenazas de bombas: “conformamos una mesa de trabajo con el Jefe de la Policía Distrital, el Jefe de Explosivos y la fiscalía también está en contacto con nosotros, junto a Bomberos y gente de Provincia para analizar el impacto de las falsas amenazas de bomba. Hay que aclarar que es un delito que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión y cada titular de la línea que será identificada tendrá que pagar una multa de 60.000 pesos”.
Por otro lado, informó que “cada llamado no genera el desalojo inmediato del establecimiento educativo como era antes. Primero el Personal de Explosivos revisa el lugar para ver si es necesario que se evacúe el lugar. Hemos hecho un tríptico de concientización para saber lo que esto genera”, concluyó.