La causa investiga desde hace más de 10 años presuntos tormentos aplicadas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas a conscriptos de la propia tropa durante la guerra de 1982.
El fiscal Federal de la ciudad de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) requirió la detención y declaración indagatoria de 26 militares involucrados en la causa que desde hace más de 10 años investiga presuntas torturas aplicadas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas a conscriptos de la propia tropa durante la guerra de Malvinas en 1982.
La medida suscripta el pasado viernes y que recién se conoció hoy, se circunscribe a 22 hechos de vejámenes ocurridos en la isla Gran Malvina, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares”, informó el sitio web oficial del Ministerio Público.
De acuerdo a la acusación de Rapoport, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”.
La Fiscalía argumentó en el escrito sobre la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos.
“Se trata de crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”, afirma el petitorio.
La causa tramitada en Río Grande es la Nº 1777/07 caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, y surgió partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.
Información oficial fue aportada como prueba en 2015, a partir de informes militares que fueron desclasificados a través del decreto 503/2015 suscripto por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En octubre del año pasado, la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se presentó como parte querellante, dentro de una iniciativa conjunta con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) que ya es querellante en el mismo expediente.
“Le planteamos claramente al secretario del juzgado que la única responsabilidad de que este caso siga impune es de la Justicia Federal de Río Grande, porque existe abundante prueba testimonial y documental a partir de la desclasificación de archivos de la dictadura producida en 2015, como para producir al menos las indagatorias”, afirmó por entonces Ernesto Alonso, integrante del CECIM.
Según Alonso, en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados.