El régimen de Daniel Ortega clausuró emisoras de radio propiedad de la Iglesia católica, en plena escalada represiva; varios organismos piden una condena del Pontífice.
Los numerosos disparos y el humo de los gases lacrimógenos de la policía reavivaron el fantasma de la represión de las masivas protestas de 2018 en Nicaragua. El lunes, a las puertas de la capilla Niño Jesús de Praga, ubicada en la ciudad de Sébaco, en Matagalpa, decenas de seguidores se aglomeraron ante el pedido de auxilio del sacerdote Uriel Vallejos.
“Estamos siendo asediados”, advierte una persona en la escena, registrada en un video difundido en la cuenta de Facebook oficial de la diócesis. “No les importó que hubiera jóvenes y niños. Ninguno de los hermanos lleva armas ni nada por el estilo. Aún así, [los efectivos policiales] han lanzado disparos al aire y gases lacrimógenos”.
Los agentes policiales y paraestatales del gobierno de Daniel Ortega irrumpieron armados en el templo con el objetivo de incautar los equipos de radiotransmisión de la Iglesia. Los testigos aseguraron que destruyeron paredes, techos, y obligaron al párroco Vallejos a buscar refugio, apresaron a decenas de jóvenes y reprimieron brutalmente a los presentes. El asedio a la capilla es parte de la escalada represiva de la dictadura sandinista contra la Iglesia Católica, una campaña cada vez más violenta que ha movilizado a la comunidad internacional. Pero, en esta cuestión, resulta cada vez más llamativo el silencio de una figura clave: el papa Francisco.
“La magnitud y gravedad de la crisis de derechos humanos en Nicaragua exige un pronunciamiento inequívoco por parte de cualquier persona comprometida con los derechos humanos. El papa Francisco es de las pocas personas que podrían entablar un diálogo con el régimen de Ortega”, argumentó en conversación con LA NACION Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“Su silencio, incluso en medio de una arremetida feroz contra la Iglesia en Nicaragua, envía un pésimo mensaje. En un país católico como Nicaragua, una condena de Francisco a las atrocidades del régimen no solo sería un golpe para Ortega. Sería también, incluso más importante, un reconocimiento a la lucha del pueblo nicaragüense por la democracia y la justicia y un respaldo al reclamo unánime de las víctimas y sus familias para la liberación de los presos políticos del régimen”, agregó Taraciuk Broner.
Ya es la tercera carta que envía Álvaro Leiva Sánchez, secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), al Pontífice para documentar la persecución de cristianos. “Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Y desde 2018 hasta hoy, el suyo retumba en el lacerado corazón de la grey católica de Nicaragua”, redactó Sánchez.
El Papa ya ha sido duramente cuestionado por los opositores nicaragüenses en el pasado. Un caso ocurrió en 2019, luego de que haber ordenado la incorporación al Vaticano de monseñor Silvio José Báez, símbolo de la rebelión popular, quien aseguró entonces que no había “pedido salir” del país, y cuya partida fue considerada un “exilio forzado” dispuesto por Roma.
Mientras, miembros de la comunidad internacional alzan su voz en contra de la dictadura de Ortega. El obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, un férreo crítico del sandinismo, denunció el lunes el cierre de cinco emisoras de radio de su diócesis -casi la totalidad de las que tienen- que operaban bajo su jurisdicción. Las autoridades del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua excusaron el hecho diciendo que sus licencias de operación no estaban vigentes.
Este jueves, la Unión Europea (UE) condenó el cierre “arbitrario” de las emisoras y aseguró que se trata de “una nueva violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o creencia”.
“Desde 2018, el gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, utilizando asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamiento, acoso e intimidación contra opositores políticos, así como contra periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes religiosos y otros”, fustigó en un comunicado Peter Stano, vocero del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
En junio, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, alertó que el sandinismo está acentuando la represión de la sociedad y que “desde mayo, la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente”.
Guerra contra la Iglesia
La tensión entre la Iglesia y el sandinismo llevó a que los templos católicos dieran refugio a manifestantes en las protestas que estallaron contra el gobierno en 2018. La iglesia también ha intentado actuar como medidora para favorecer al diálogo entre la oposición y el oficialismo, sin éxito.
En menos de cuatro años, la Iglesia nicaragüense sufrió 190 ataques y profanaciones, entre los que destacan amenazas de muerte, saqueos a iglesias y agresiones con bombas molotov, de acuerdo a la investigación “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?” de la abogada Martha Molina Montenegro.
Recientemente, el régimen de Ortega expulsó de forma inmediata del país al nuncio del Vaticano, monseñor Waldemar Sommertag, y a 18 monjas de la Orden Madre Teresa de Calcuta, por considerar a la entidad católica “opositora y golpista”.
“La violenta e ilícita acción de los agentes del Estado es parte de la persecución contra la Iglesia católica, con la cual se descarga odio y venganza porque dicha iglesia está firmemente comprometida con la población oprimida por un estado de terror que hace más de cuatro años mantiene una sistemática persecución con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, hasta ahora en total impunidad”, denunció el colectivo de derechos humanos “Nicaragua Nunca +”, una ONG con sede en Costa Rica que documenta violaciones de derechos humanos en el país.
Los hostigamientos suceden a diario. Monseñor Álvarez, víctima de persecuciones y agresiones, denunció que varios miembros de la policía habían tratado de bloquearle completamente la calle para evitarle el acceso a su curia y a su vivienda, “como si fuéramos delincuentes”, dijo.
El guion represivo de la pareja de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, se mantiene firme desde las protestas de 2018, donde los abusos policiales -todavía impunes- dejaron 309 muertos. Las severas restricciones a la libertad de expresión han cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de más de mil ONG nacionales e internacionales y han detenido y procesado a abogados, representantes campesinos, empresarios, líderes estudiantiles y periodistas -al menos 100 han sido forzados al exilio-, según el último reporte de HRW.
En 2021, el régimen de Ortega -desde 2007 en el poder- ordenó las detenciones arbitrarias a siete precandidatos presidenciales y 32 reconocidos críticos del gobierno entre fines de mayo y octubre, de cara a las presidenciales de noviembre en las que los Ortega se aseguraron un cuarto mandato, en una elección considerada una “farsa” por muchos países de la región.