La acción por inconstitucionalidad entró este viernes en la Corte Suprema de Justicia acompañada con una cautelar en la que Mendoza pide que la Nación le pague la coparticipación “original” con recursos propios.
Incluso antes de que se sancionara la ley que reformó el Impuesto a las Ganancias, ya Rodolfo Suarez había advertido que consideraba esos cambios inconstitucionales y que iría a la Justicia si era necesario. Ese momento finalmente llegó este viernes, con la presentación formal de una demanda contra la Nación en la que se pide la nulidad del decreto 473/2023 y la ley por inconstitucionalidad.
Junto a la acción declarativa de inconstitucionalidad, el gobernador Suarez, asesorado por los abogados de la Provincia y por el Fiscal de Estado, Fernando Simón, pidió una medida cautelar para que el Estado nacional le abone con recursos propios a Mendoza lo que dejó de percibir en octubre y noviembre en concepto de coparticipación por el decreto y la reforma de esa ley sancionada el 29 de septiembre pasado.
Según los cálculos que hizo el oficialismo se trata de $170.000 millones.
Mendoza es la primera provincia en afrontar una batalla judicial contra la reforma de Ganancias pero no sería la única. Desde Gobierno anticiparon que Jujuy y Corrientes, otras dos provincias radicales, se sumarían a la demanda.
Mendoza busca frenar el cambio en Ganancias porque le afecta la coparticipación
Lo que Mendoza busca con la demanda es claro: frenar la decisión del Gobierno nacional que la perjudica con una pérdida millonaria de ingresos en las arcas provinciales.
Lo que calculó el equipo de Gobierno mendocino es que desde el decreto 473/2023 del 12 de septiembre pasado, Mendoza dejó de percibir, entre octubre y noviembre, aproximadamente $170.000 millones en concepto de coparticipación.
La acción es contra aquel decreto y la modificación de la Ley 27.725 que fue publicada ya en el Boletín Oficial pero que entrará en vigencia desde el 1 de enero del 2024.
“Tanto el decreto como la ley resultan inconstitucionales, por cuanto disminuyen de manera unilateral la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable. Uno, de manera actual, y la otra, en forma inminente, afectando en este sentido el federalismo fiscal, con un evidente perjuicio para Mendoza”, explicó Suarez.
Entre los antecedentes que presentó el equipo legal del Gobierno está el fallo de la Corte de 2019 a favor de Entre Ríos, también en un caso por el rágimen de Ganancias y de IVA.
Lo que busca Mendoza, como en ese entonces Entre Ríos, es que la Nación se haga cargo de las decisiones que toma en materia económica pero sin afectar los recursos coparticipables.
Por ello es que, además de la acción de nulidad presentó una medida cautelar para que la Corte exija al Estado nacional que -entre tanto se resuelva la inconstitucionalidad o no de la medida- compense por fondos propios a Mendoza con la pérdida ya ocasionada por la reforma tributaria.