Los líderes del Surrbac hoy se negaron a declarar y el fiscal mantuvo su postura de dejarlos detenidos.
A febrero de 2018, el gremialista Mauricio Saillén tenía a su nombre plazos fijos por U$S 700 mil, según surge del expediente judicial que tramite la Justicia federal de Córdoba, en la causa en que el martes fueron detenidos el secretario general del sindicato de recolectores Surrbac, y el directivo del sindicato Pascual Catrambone.
La sorprendente cifra, que viene a sumarse a los detalles conocidos en los allanamientos de ayer, que incluyeron el secuestro de autos de lujo, joyas y paquetes con dinero en efectivo, se conoce porque hoy el juez federal Ricardo Bustos Fierro se consideró incompetente para entender en la investigación, y derivó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba la decisión sobre cuál será el juzgado que seguirá interviniendo en el caso. Tanto Saillén, como Catrambone seguirán detenidos, al menos por 30 días.
En una argumentación de seis páginas, Bustos Fierro consideró que el caso debería seguir siendo investigado por su par del juzgado federal N°3, Hugo Vaca Narvaja, porque en la fiscalía 3, que dirige Graciela López de Filoñuk, se encuentra desde antes otra investigación que también involucra a los gremialistas del Surrbac. Vale destacar que hasta el día de hoy no se conoce que esa línea de investigación haya tenido algún avance.
En la Justicia federal de Córdoba existen por lo menos tres denuncias que involucran a los directivos del Surrbac, mientras un número mayor de causas también están alojadas en los tribunales provinciales.
En la mayoría de los casos se trata de denuncias por supuestos usos irregulares del dinero que Saillén y Catrambone manejan en el sindicato y sus organizaciones vinculadas, como la mutual y la obra social, aunque también hay denuncias sobre compraventa irregular de dólares y también acusaciones por supuestos vínculos con el intento de asesinato contra Pablo Carrasco, uno de los denunciantes contra el Surrbac, ocurrido en enero de 2019.
Fuentes cercanas al juzgado de Vaca Narvaja ayer habían dejado trascender que no le correspondería a esta dependencia llevar adelante la investigación, ya que el caso que reposa en la fiscalía de López de Filoñuk no habría mostrado avances desde que llegó al ámbito federal.
Esa denuncia fue iniciada por José Cabello, uno de los integrantes de la lista opositora a Saillén que intentó organizarse en el sindicato, y que terminó con todos sus miembros despedidos de los trabajos en las empresas de recolección y algunos de ellos internados con varias costillas rotas, luego de los ataques que sufrieron por parte de seguidores de Saillén y Catrambone.
Bustos Fierro, en su declaración de incompetencia, argumenta a partir de la fecha en que habrían comenzado los supuestos delitos investigados en la mutual Amsurrbac, en agosto de 2009, y señala que, en ese entonces, estaba de turno el juzgado que hoy dirige Vaca Narvaja.
El juzgado de Bustos Fierro aclaró que todos los procedimientos y medidas que decidió el martes se hicieron para no suspender la instrucción y permitir que la causa siguiera avanzando, pero que ahora deberá ser la Cámara Federal de Apelaciones la que decida quién sigue llevando este importante caso, lleno de derivaciones políticas y económicas.
Se negaron a declarar
Tanto Saillén como Catrambone se negaron a declarar en la causa y descartaron los hechos por los cuales se los imputa. El fiscal Enrique Senestrari, quien hoy negó razones políticas para detenerlos, mantuvo su postura de dejarlos detenidos, pero explicó que será el juez quien tenga la última palabra.