El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Provincia resolvió ayer por unanimidad suspender al juez en lo Contencioso Administrativo del juzgado Nº1 de La Plata, Luis Arias, en un proceso que lo juzga por mal desempeño de sus funciones, por el que enfrenta 18 cargos por distintas faltas y tres por los delitos de “abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de funcionario público”.
El jury deberá avanzar ahora con el análisis de las pruebas que presenten las partes, a raíz de las denuncias presentadas en contra del magistrado, que ayer se hizo presente en la puerta del Senado provincial, donde se llevó a cabo el cónclave, y ante un grupo de manifestantes, dirigentes políticos y sindicalistas que rechazan su posible destitución, anunció que llevará su caso a los tribunales internacionales.
Integrado por legisladores y conjueces y presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan, el jurado decidió la suspensión de Arias, cuyo nombre tomó resonancia por fallos contra los aumentos de tarifas, y avance del proceso por 10 votos a cero, además del embargo del 40 por ciento del sueldo del magistrado.
El secretario permanente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Ulises Giménez, confirmó ayer al término de la reunión que el juez fue notificado ayer mismo, por lo que la medida ya es efectiva y lo deja despojado de sus fueros y susceptible de ser llamado a indagatoria por la justicia penal, en el marco de una causa que investiga su desempeño durante la investigación por la inundación que sufrió nuestra ciudad el 2 de abril de 2013.
En este caso, el fiscal platense Marcelo Romero había presentado ante la secretaría de jury un requerimiento por la instrucción sumaria que llevaba a cabo, a raíz de una denuncia de la ex procuradora María del Carmen Falbo y el juez de Garantías Guillermo Atencio. Este cargo se origina en que en esa oportunidad el juez en lo Contencioso le habría ordenado al fiscal penal Jorge Paolini, que investigaba la inundación que se abstenga de dar a conocer la cantidad de muertos. Por ese episodio enfrenta los cargos de “incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad”.
Ante la secretaría de jury provincial Falbo había impulsado una presentación en contra de Arias, en la que se consignan unas presuntas 18 irregularidades que ahora son materia de análisis del tribunal.
Entre ellas, se lo acusa de haber intervenido en causas que eran competencia de otros fueros, por ejemplo, en la que se originó a raíz de una toma de tierras privadas en Abasto en 2015.
A la tarde, Arias advirtió que se lo “persigue” desde marzo, cuando firmó junto a dirigentes políticos una solicitada publicada en distintos medios con el título “Unidos en defensa de la democracia y el bien del pueblo argentino”, que originó una denuncia por “exceder el derecho de manifestarse y tomar una postura política”.
Pero ayer Giménez dejó claro que la cuestión de la solicitada “no fue tenida en cuenta por el tribunal” y, por lo tanto, “ese tema no fue tratado durante el análisis de los cargos que se le imputan al magistrado”.
EL AÑO QUE VIENE
Según pudo saber EL DIA, el proceso no tiene plazos de resolución, aunque se anticipó que este año ya no habría avances en este sentido. Teniendo en cuenta, además, que el recambio legislativo del 10 de diciembre también afectará la integración del jurado, se estima que al menos hasta febrero Arias continúe en una situación de suspensión.
Será a partir de la futura constitución del tribunal que se continúe avanzando con los pasos de prueba y resolución definitiva sobre su eventual destitución. “Al proceso no le quedan más de dos audiencias”, estimó ayer Giménez.
En este margen de tiempo, sin embargo, se estima que el fiscal Romero llame a Arias a indagatoria por el proceso paralelo que -ahora sin fueros- el magistrado deba enfrentar en la justicia penal, en el caso en el que deberá expedirse el juez Jorge Moya Panicello.
Se trata del tercer pedido de jury que enfrenta Arias, aunque los dos casos anteriores no habían prosperado.
Ayer se supo que en el gobierno provincial había satisfacción por el avance de la investigación, advirtiendo que la decisión se suma a otros casos que, sumados, fueron considerados como una “oxigenación” de la justicia provincial. Y citaron la salidas de la ex procuradora María del Carmen Falbo, el ex juez de Garantías César Melazo y los fiscales Julio Novo, de San Isidro, y Fernando Cartasegna, de La Plata. El senador de Cambiemos Juan Pablo Allan opinó al respecto que Arias “es el emblema de los jueces que hacen política desde sus estrados” y que “ha invadido causas que llevaban otros jueces tomando medidas demagógicas, armó causas sin sorteo previo y desobedecía a la Corte”.
En tanto, la Comisión Provincial por la Memoria, gremios como Suteba y dirigentes de izquierda expresaron su apoyo al magistrado y rechazaron su cuestionamiento.