La Procelac acusó penalmente a los empresarios por irregularidades relacionadas con la pauta publicitaria recibida durante la era kirchnerista. Casi mil millones de pesos, bajo la lupa judicial. El juez Julián Ercolini se hará cargo de la causa.
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El Grupo Veintitrés fue una gran lavadora, fue como un lavarropas caminando”, disparó hace unas semanas Victoria Vannucci, esposa del empresario Matías Garfunkel, en un programa televisivo. Las palabras de la modelo resonaron fuerte en distintos organismos públicos, que se pusieron a verificar con lupa los números del conglomerado mediático, el más favorecido por la publicidad oficial durante la era K.
Ayer, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) acusó penalmente a Garfunkel y a su exsocio en el Grupo Veintitrés, Sergio Szpolski, por el presunto desvío del dinero público (alrededor de mil millones de pesos) que habrían recibido con la pauta publicitaria oficial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La denuncia presentada por el organismo público quedó radicada con el número 15697/2016 en el juzgado federal a cargo del juez Julián Ercolini, con intervención del fiscal federal Eduardo Taiano, y pone el acento en uno de los temas más polémicos bajo las administraciones K, como lo es la distribución masiva de fondos a medios amigos para crear una realidad paralela a la que se vivía en el país, que estuviera acorde a los pensamientos del kirchnerismo.
En su escrito presentado en Tribunales, la Procelac pide que se indague “a Szpolski, Garfunkel y a sus socios ocultos por el vaciamiento de Balkbrug Sociedad Anónima, la retención indebida de aportes de la Seguridad Social, las posibles evasiones impositivas, los innumerables cheques rechazados que pesan sobre Balkbrug SA y todo lo inherente a la pauta oficial, sus montos, origen y destinos”.
Desvío masivo
De acuerdo a lo especificado en la acusación del organismo de contralor, que conducen Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, habrían ejecutado un amplio número de maniobras de lavado de dinero para desviar el destino original de la publicidad oficial, “cuya recaudación era derivada al desarrollo de otros negocios en los que aparecen repetidamente sociedades comerciales y una firma radicada en Panamá”.
En otra de sus partes, la denuncia salpica a personas reconocidas dentro de la política local, como el abogado y miembro de la ex-SIDE durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Darío Richarte; así como el funcionario de la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, reconocido como un operador judicial del organismo de Inteligencia en la Justicia; y el múltiplemente acusado exespía, Antonio Stiuso.
Todos ellos, para la Procelac, habrían actuado como nexos entre el Grupo Veintitrés y sociedades internacionales para esquivar el peso de la ley argentina y, a través de distintas maniobras y artilugios, sacar el dinero que daba el gobierno en materia publicitaria a diferentes cuentas de paraísos fiscales.
Vale recordar que el propio Garfunkel, en una entrevista de fines del año pasado, dijo que el Grupo Veintitrés había recibido en la última década cerca de dos mil millones de pesos y que oficialmente el Estado desembolsaba en el multimedio 11,3 millones de pesos mensuales por los 25 medios que tenían a su cargo.
Números de los beneficios irregulares
$2.000 millones dijo Garfunkel que le dio el gobierno K al Grupo Veintitrés en 10 años
$815 millones recibió en publicidad oficial el multimedio entre julio de 2009 y junio de 2015
$11,3 millones mensuales desembolsó el Estado en el conglomerado mediático
25 la cantidad de medios que llegó a tener bajo su mando el grupo mediático