Gustavo, vecino y trabajador del sector, afirmó que la Municipalidad oculta información y que la justicia mantiene “congelada” la causa presentada en Fiscalía. Apuntó en la 99.9 contra el intendente por mirar hacia otro lado mientras se incumple la normativa vigente.

El taxista marplatense Gustavo presentó una denuncia contra el intendente Guillermo Montenegro por el incumplimiento de la ordenanza 23.928, que prohíbe el funcionamiento y la publicidad de plataformas ilegales de transporte en la ciudad. Según explicó, la presentación está radicada en la Fiscalía N°10 aunque desde hace meses la causa permanece sin avances. “La fiscalía todavía no me llamó, no me citó ni para ampliar la denuncia ni para desestimarla. La justicia busca que pase de largo”, señaló en la 99.9.
El denunciante aseguró que acompañó su presentación con documentación respaldatoria que muestra cómo la gestión municipal no actuó pese a tener pruebas del incumplimiento. “Durante dos años hubo un cartel en Playa Grande publicitando estas plataformas, que todos podían ver, incluso concejales, y el intendente recién lo sacó cuando las denuncias fueron muchas”, sostuvo.
Asimismo, apuntó contra la falta de transparencia en el acceso a la información pública: “Hace seis años que le pido a Montenegro que me dé las actas de control, que diga los números, las fechas y qué juzgados intervinieron. No lo hacen y argumentan excusas legales. Pero la Corte Suprema y fallos como el del juez federal Martín Bava sostienen que la información pública pertenece al pueblo de la Nación Argentina”.
Gustavo también remarcó que la actitud del jefe comunal es evitar el diálogo: “Montenegro ha decidido no dialogar. Hace seis años presento notas todas las semanas y nunca me recibe. Tengo que ir a la oficina privada porque en el COM directamente no me aceptan los escritos”.
Finalmente, el trabajador cuestionó la pasividad municipal: “El intendente dice que es una persona de ley, pero desoye la ordenanza y mira hacia otro lado. Si no está de acuerdo con la norma, lo que debería hacer es impulsar su derogación y reglamentar otra alternativa para que haya equidad con los taxistas”.