El abogado habló en la 99.9 sobre la presentación que realizó y dio detalles de los cargos.
Una vez más, desde nuestro país se está accionando judicialmente para que Evo Morales sea investigado por los delitos que ha cometido a lo largo de su presidencia y que, según se indica, están muy documentados.
El abogado Tomás Farini Duggan es quien hizo las presentaciones del caso y habló en la 99.9: «hemos presentado el día de ayer una denuncia penal por graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante los 14 años en que Evo Morales fue presidente de Bolivia. Esto se sustenta principalmente, al margen de las declaraciones de las víctimas y de testigos que vamos a presentar justamente esta semana, se sustenta fundamentalmente o fuertemente en los informes que son lapidarios de los organismos multilaterales y de las ONG como Human Rights o Amnistía Internacional, que señalaron de manera clarísima a lo largo de 14 años, cómo el gobierno de Bolivia lo que hacía era utilizar al sistema de justicia como martillo del poder para castigar y perseguir a los opositores políticos».
La posición de la OEA ante este tema ha sido determinante y su Secretario General, Luis Almagro, fue muy claro al respecto: «pienso felicitar a Almagro realmente, porque desde la OEA se denunció fuertemente lo que ocurría en América Latina, en contraposición con lo que ocurre en otros organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional que se ha desprestigiado de una manera irreversible después de su comportamiento en el caso principalmente de Venezuela, donde realmente es increíble porque jurídicamente no existe ningún argumento que justifique el hecho de que después de cinco años de acumular prueba abrumadora acerca de cómo se violan los derechos humanos en Venezuela, no hayan ordenado la captura como sí lo hizo la justicia argentina», comentó Farini Duggan.
Respecto de la acusación específica, el abogado agregó que «son diferentes delitos de lesa humanidad. Hay torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Todos estos casos están documentados fuertemente. Hay una cantidad de casos que son paradigmáticos, pero sobre todo, y que además es un requisito para que se abra la jurisdicción universal, el uso del poder judicial como herramienta de persecución política. Esto es un requisito para que la justicia argentina pueda abocarse en un caso como este, porque se exigen dos. Primero, la prueba de que existen crímenes de lesa humanidad cometidos desde el poder de manera sistemática. Pero además, que se pruebe que la justicia no tiene la libertad para investigar esos crímenes en el lugar donde se cometen. Y esto es absolutamente claro en el caso de Bolivia. Evo Morales, cuando llegó al poder, cambió la constitución. Es lo primero que hacen todos los regímenes totalitarios. Después las leyes supraconstitucionales. En Bolivia el 90 % de los fiscales y el 80 % de los jueces no tienen cargo permanente, son cargos removibles, fueron ocupados por militantes políticos y no tienen estabilidad en el cargo. Por lo tanto, en cualquier momento el Poder Ejecutivo los saca cuando quiere. Esto ha hecho que el sistema de justicia de Bolivia sea un apéndice del Poder Ejecutivo. Y esto lo declaró Evo Morales en el año 2018, sin ningún problema, públicamente explicó que para él la independencia judicial no es un requisito de la democracia, sino que es una doctrina de EE.UU. y que por lo tanto prescindía de la independencia judicial».
La denuncia en nuestro país ya tiene jueza para comenzar con la presentación de prueba y la investigación pertinente, pero Farini Duggan anticipó que eso se modificará. «Fue sorteada la doctora Capuchetti y el fiscal es policita. Es probable que la causa sea remitida por correctividad subjetiva al juzgado que investiga hoy los abusos sexuales infantiles que se imputan a Evo Morales en Argentina cuando estuvo exiliado. Así que es posible que cambie de juez y de fiscal. Pero la decisión, la más importante y la que es más cercana, es que se tiene que determinar que existe jurisdicción universal en este caso. Recordemos que la jurisdicción universal en realidad es una excepción a Regla del Derecho argentino que se basa en el principio de territorialidad. Todo el derecho argentino está estructurado en el principio de territorialidad, que lo que dice es exactamente lo opuesto a jurisdicción universal, que aplica la Ley del Territorio donde se comete el hecho. Y en este caso la jurisdicción universal plantea que se puede investigar delitos cometidos en otro lugar contra personas que no son nacionales y por autores que no son nacionales. Es decir, no hay ningún punto de contacto entre el hecho que se quiere investigar y el país que quiere hacerlo».