Tras el espionaje K, el control de las escuchas telefónicas pasa a la Corte

En las próximas horas, el gobierno nacional anunciaría oficialmente el cambio en el organismo encargado de llevar adelante las escuchas ordenadas o autorizadas por la justicia. Pasarían de la Procuración General a la Corte Suprema. 

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Sabido es que, durante los 12 años de gobierno K, el kirchnerismo hizo uso y abuso del espionaje interno como forma de perseguir y apretar a críticos y opositores. Recordemos que César Milani, un general acusado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, a quien Cristina Kirchner puso como jefe del Ejército, llegó a montar una estructura de servicios de inteligencia paralela a la ex SIDE.
Ahora bien, en lo que se refiere a las escuchas ordenadas o autorizadas por la Justicia, el control lo tiene desde hace un año la Procuración General de la Nación, a cargo de la ultra K Alejandra Gils Carbó, quien se quedó con esta herramienta judicial fundamental tras la misteriosa muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman.
Tras el cambio de gobierno, comenzaron a registrarse algunos cambios. Y por eso se decidió que el control de las escuchas pasará a depender de la Corte Suprema de Justicia. Según fuentes cercanas al presidente Mauricio Macri, el anuncio se concretaría antes de fin de año, probablemente entre el lunes y martes próximos, y sería dado a conocer a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el mandatario, por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y por todos los demás ministros del gabinete.
El DNU, que ya está redactado, implicará que, en la práctica, serán transferidos al ámbito de la Corte varios edificios y todo el personal que actualmente se desempeña en la Oficina de Observaciones Judiciales (popularmente conocida como Ojota). También indica claramente que la jefa de los fiscales, Gils Carbó, perderá una cuota importante de poder.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ya fue informado de la medida y está de acuerdo con que el máximo tribunal asuma esa labor, en sí bastante compleja y con riesgos políticos.
El tema de las escuchas telefónicas que se realizan con orden judicial -porque son una invasión a la intimidad con el objeto de descubrir algún delito- fue uno de los asuntos que Macri abordó con sus ministros en la reunión de gabinete que presidió anteayer. En efecto, en la mañana del jueves los ministros del gabinete evaluaron soluciones para paliar las consecuencias de las inundaciones; hablaron de la conveniencia de avanzar con el protocolo sobre corte de calles, para el que no se necesita una ley, y también revisaron otro decreto -que se publicará en breve- que establecerá el mecanismo que usará el Gobierno para depurar a la administración pública de ñoquis que entraron durante los últimos tres años.
Fue en esa reunión que también se le dieron las puntadas finales al decreto de las escuchas telefónicas, un tema que está íntimamente emparentado con otro que tiene en vilo a Macri: el futuro de Gils Carbó, la responsable actual de controlar las escuchas, que es la jefa de los fiscales y a quien el presidente la puso en la mira porque la considera una “funcionaria ultra K”, a partir de lo cual busca forzar su renuncia. Sacarle a Gils Carbó la atribución de escuchar a los ciudadanos equivale, en la práctica, a debilitarla, una vía para arrinconarla.
Pero más allá de esa consideración política, la decisión de Gobierno de modificar el régimen de intercepciones telefónicas responde básicamente a un reclamo que vienen haciendo desde hace seis meses los jueces y los defensores oficiales, que entienden que sólo la Justicia puede garantizar su transparencia, Las intercepciones telefónicas siempre estuvieron en cabeza de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), luego llamada, a secas, Secretaría de Inteligencia (SI). Pero luego de la muerte del fiscal Nisman; del reemplazo de la SI por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a través de la nueva ley de inteligencia -sancionada en marzo último a instancias de la entonces presidenta Cristina Kirchner- y de la remoción del espía Jaime Stiuso, esa labor pasó a estar en manos de la Procuración General, a cargo de Gils Carbó.