Sally Yates, nombrada por Obama, pidió al Departamento de Justicia que no defendiera el decreto presidencial por considerarlo ilegal.
El presidente de Estados Unidos ha despedido este lunes a la fiscal general interina y responsable temporal del Departamento de Justicia que se había negado a defender en los tribunales su decreto migratorio. Sally Yates ordenó en una carta a los abogados del departamento que no preparasen la defensa de la orden porque considera que es ilegal. Apenas unas horas después de salir a la luz ese comunicado, Donald Trump le ha relevado del cargo bajo el argumento de que “ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una orden designada para proteger a los ciudadanos”, según informa la Casa Blanca.
“Es el momento de ponernos serios con la protección de nuestro país”, afirma el texto presidencial. Yates, nombrada por Barack Obama, ocupaba el cargo de forma temporal hasta que el Senado confirme al conservador Jeff Sessions, el escogido por Trump como nuevo fiscal general, un puesto equivalente al de un ministro de Justicia. El comunicado de la Casa Blanca publicado este lunes por la noche afirma que “es débil en materia fronteriza y muy débil en inmigración ilegal”.
Trump ha nombrado a Dana Boente, abogado del Distrito Este de Virginia para sustituir a Yates hasta que se confirme el nombramiento del senador Sessions y acusa a los demócratas de retrasar ese voto “por motivos políticos” y de “no hacer nada más que obstruir”. “Ahora tenemos una fiscal general de Obama”, añadió en Twitter poco antes de anunciar su despido.
La batalla judicial que se avecina por el veto migratorio de Donald Trump se había topado con un frente dentro de la propia Administración. La fiscal general interina de Estados Unidos pidió este lunes al Departamento de Justicia que no prepare la defensa del decreto aprobado por el republicano porque considera que viola los principios de la Constitución.
“Soy la encargada de garantizar que las posturas por las que abogamos en los juzgados cumplen la obligación solemne de esta institución de buscar justicia y defender lo correcto”, afirma Yates en una carta enviada a los letrados del Departamento de Justicia. “En este momento, no estoy convencida de que la defensa de esta orden ejecutiva cumpla con esa responsabilidad ni que el decreto sea legal”, añade.
La decisión de la responsable interina de Justicia es una muestra más del caos provocado por la firma por parte del presidente Trump de una orden ejecutiva con impacto más allá de las fronteras de EE UU, apenas una semana después de llegar a la Casa Blanca y sin un gabinete de gobierno completo. Su negativa coincide además con una iniciativa de los legisladores demócratas que busca retrasar todo lo posible la confirmación de Jeff Sessions por parte del Comité Judicial, prevista para este martes y cuyo resultado deberá ser refrendado después por el pleno del Senado.
“Mientras yo sea la fiscal general interina, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, salvo que considere que es lo adecuado”, añade Yates en la carta. Su gesto significa que si cualquiera de las demandas presentadas contra el decreto presidencial es admitida a trámite por un juez y esto ocurre antes de que Sessions ocupe el cargo de fiscal general, el gobierno de Trump no defenderá su propia decisión ejecutiva.
La estrategia demócrata consiste ahora en vincular cualquier voto a favor del fiscal de Trump con un voto a favor del veto a los refugiados e inmigrantes musulmanes. Los republicanos cuentan con mayoría en el Senado y los demócratas necesitan que al menos dos legisladores del partido de Trump voten en contra de su nominado para lograr bloquear su ascenso. De momento, los senadores John McCain y Lindsey Graham son los únicos que han hablado en contra del veto migratorio, pero no de Sessions.
El decreto, que ya ha sido bloqueado parcialmente por tres jueces federales, se enfrenta a tres demandas distintas que buscan impedir su aplicación. Una de ellas fue presentado este mismo lunes en el Estado de Virginia por una de las mayores organizaciones musulmanas de EE UU, el Council for American Islamic Relations. Otra corresponde al Estado de Washington, cuyo gobierno se ha querellado contra la orden de Trump.
La rapidez con la que se han presentado las demandas es un reflejo de la oleada de rechazo ciudadano a la decisión de Trump, manifiesto en numerosas protestas, la oposición de los legisladores del Partido Demócrata y del expresidente Obama, que este lunes emitió un comunicado en el que afirma que “los ciudadanos ejercen su derecho constitucional de manifestarse” y que la orden ejecutiva pone en peligro los valores de EE UU.
Numerosos legisladores demócratas se sumaron este fin de semana a las protestas ciudadanas en aeropuertos de todo el país. Desde allí exigieron la puesta en libertad de las decenas de refugiados e inmigrantes con permiso para cruzar la frontera pero a los que sorprendió la orden de Trump en pleno viaje hacia EE UU. Este lunes, los líderes demócratas lideraron una protesta ante el Tribunal Supremo en la que prometieron luchar contra la orden de Trump.
“Pelearemos con todos nuestros recursos y venceremos”, declaró ante centenares de personas el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, que pidió al presidente que retire un decreto “diabólico”. La representante demócrata Nancy Pelosi acusó a Trump de “socavar los valores” de EE UU y de incumplir su juramento en defensa de la Constitución.
Mientras se mantienen las protestas en numerosas ciudades de EE UU desde el viernes, el presidente defiende que la orden servirá para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad nacional. Sus detractores, sin embargo, argumentan que viola la Constitución al discriminar contra un grupo concreto de inmigrantes por su religión.