Un especialista en delitos económicos encabeza la batalla contra algunos empresarios influyentes.
El nuevo ministro anticorrupción de Grecia no es un político, pero está en línea con el nuevo ambiente de cruzadas.
La atención internacional sobre Grecia desde que Syriza ganó las elecciones se centró en la lucha del gobierno de izquierda radical contra el paquete de austeridad impuesto desde el exterior. Pero Panagiotis Nikoloudis (65 años), un fiscal especialista en delitos económicos, encabeza otra batalla declarada por el partido: en casa y contra algunos de los empresarios ricos que dominan la política griega y la vida económica.
Nikoloudis denunció la semana pasada a una elite que incluía una “serie de familias que piensan que el Estado y los servicios públicos existen para servir sus intereses”.
Esos empresarios influencian a políticos y funcionarios estatales o abusan de su control sobre los medios para injustamente ganar contratos estatales, cambiar normas para su beneficio o evitar cargos de conducta ilegal, dicen los críticos.
El primer ministro, Alexis Tsipras, anunció medidas radicales que apuntan a lo que llamó los “oligarcas”, entre ellas volver a otorgar las licencias de los canales privados de televisión, terminar con los préstamos bancarios “amigos” para quienes tengan conexiones y ejercer los derechos de votación del Estado en el caso de participación mayoritaria en bancos privados. También incluyen desandar algunas privatizaciones clave y hacer agresivas auditorías impositivas a aquellos con cuentas bancarias en el exterior.
El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, señaló que su gobierno “destruirá la oligarquía” para aumentar los ingresos impositivos, abrir mercados y estimular el crecimiento económico. Hasta ahora, nadie fue nombrado en la ofensiva.
Pero acuerdos bajo escrutinio incluyen la privatización de la lotería nacional y una venta planeada de acciones estatales en grandes puertos.
El ministro de Energía y miembro de Syriza, Panagiotis Lafazanis, dijo al Parlamento que el gobierno buscará la cancelación de la “escandalosa compra” del antiguo aeropuerto de Atenas, Hellenikon, por Lamda Development, una compañía controlada por la familia del empresario más rico de Grecia, Spiros Latsis.
Lamda respondió con un comunicado lamentando “el mensaje desalentador a los inversores privados internacionales de larga data que el país necesita desesperadamente”.
El empresario Yanis Vardinoyannis, cuya familia tiene intereses en la refinación de crudo, transporte marítimo y medios, dijo que Tsipras tenía “razón” en atacar “un cierto régimen que jugó un papel significativo en influenciar de una forma negativa y corrupta el ambiente empresarial de Grecia”. Agregó que abordar las prácticas corruptas sería bueno para el crecimiento económico y la confianza empresarial. También señaló que “ser propietario y operar una organización globalmente exitosa no lo etiqueta a uno como un «oligarca»”.
Syriza, con Tsipras, ha sido crítico de cómo un puñado de familias griegas tienen un papel dominante y gozan de influencia política en sectores clave de la economía. Pero algunos dicen que el gobierno debería hacer una separación clara en su retórica pública entre su campaña contra la actividad ilegal como la corrupción y la evasión fiscal y su agenda política más amplia para frenar el poder de los ricos, lo que podría ahuyentar a inversores.
Nikoloudis indicó que no estaba acusando a los ricos en general. “Estaría loco si pensara así”, dijo. Aún espera recibir una nueva oficina, personal y presupuesto. Pero en su viejo despacho dijo que las investigaciones previas sobre contrabando de crudo, fraude y evasión fiscal identificaron autores que eran empresarios acaudalados con clientes políticos.
Como una persona no política, Nikoloudis es uno de los nombramientos populares entre los griegos que creen que la corrupción está arraigada en la sociedad. Tiene una reputación de práctico y dice que la unidad de inteligencia financiera, que dirigió hasta ahora, desarrolló un sistema de auditorías que identificó a más de 20.000 personas cuyos activos no concuerdan con sus declaraciones de impuestos.
Nikoloudis reconoció que apuntar a los más ricos y poderosos no eliminará la evasión fiscal. De hecho, halló que las compañías más grandes de Grecia eran las más cuidadosas al pagar sus impuestos, a diferencia de los trabajadores autónomos. “Cada persona que tiene un hotel o un bar en una isla del Egeo sistemáticamente comete evasión fiscal”, comentó.
“Un ataque al comportamiento corrupto de intereses poderosos es tal vez más sobre justicia que por recaudación de impuestos -dijo-. Incluso si aceptamos que algunas personas tomarán su dinero y se irán al exterior, prefiero correr ese riesgo en lugar de ver la economía de mi país basada en dinero sucio y empresas corruptas.”
No todos los oligarcas serán cuestionados y no se podrán iniciar procesos judiciales por todos los delitos del pasado. “No lucharé con todos. Quiero cambiar el sistema. Ésa es mi ambición”, concluyó.