El texto pena con siete años la promoción de relaciones gays.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, tiene ya sobre la mesa el nuevo proyecto de ley para endurecer la penalización de la homosexualidad. Tres meses después de que el Tribunal Constitucional echase por tierra, por una formalidad, la controvertida Ley de Antihomosexualidad, que preveía la cadena perpetua para ciertos comportamientos gais, un comité con participación del partido de Museveni, el Movimiento de Resistencia Nacional, ha cerrado un borrador que prohíbe la “promoción” de “prácticas sexuales antinaturales”. Su preámbulo aclara que esto significa sexo entre homosexuales.
“La persona que cometa el delito de promoción de prácticas sexuales antinaturales”, dice el texto, fechado el 29 de octubre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, “podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta siete años”. Activistas ugandeses en defensa de los derechos de los homosexuales han puesto el grito en el cielo. Primero por el nuevo intento del Gobierno de encerrar entre rejas a la homosexualidad, ilegal según el Código Penal, que data de 1950.
En segundo lugar, porque “la prohibición de la promoción de prácticas sexuales antinaturales”, nombre de la ley, abarca un sinfín de supuestos. “Si un periódico informa sobre la homosexualidad”, ha denunciado Frank Mugisha, uno de los activistas, junto a Kasha Jacqueline, abanderados de la lucha por los derechos de los gais en Uganda, “puede ser visto como promoción. Mi cuenta de Twitter, también. Cualquier grupo que incluya la defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales pueden ser acusados de los mismo”.
Lo que dice grosso modo el borrador de la norma en el primero de sus ocho apartados es que aquellos que “publiciten, publiquen, difundan, impriman o distribuyan (…) cualquier documento o información que persiga o facilite empeñarse en prácticas sexuales antinaturales” se enfrentará a penas de hasta siete años de prisión. También lo harán los que participen en ello, alquilen locales para ese fin, usen tecnologías de la información (Internet, móviles, películas) para su promoción, emparejen a dos personas para tales prácticas, adopten o posibiliten la adopción de menores para comprometerles en estas relaciones o formalicen matrimonios gais.
El proyecto castiga de igual modo la financiación de la promoción y el tráfico de personas para tener relaciones homosexuales.
Museveni, en el poder desde hace 28 años y con elecciones en 2016, firmó la anterior ley, vetada a posteriori por la justicia, apoyado por un comité médico que concluyó que la homosexualidad se aprende y desaprende. Como represalia, países como EE UU, Holanda, Noruega y Dinamarca suspendieron o redujeron sus ayudas al país. Pese a la decisión del Constitucional, decenas de homosexuales han sido detenidos este año por grupos de ciudadanos y fuerzas de seguridad.