¿Debe prohibirse el burka en el espacio público? Un cantón suizo organiza este domingo un referéndum sobre el sensible tema del vestido femenino propio de países islámicos, antes de que todos los electores del país probablemente se pronuncien sobre el mismo asunto el próximo año.
El domingo, todo el cuerpo electoral de la Confederación se pronunciará sobre cuestiones de agricultura y de medio ambiente.
El cantón de Saint-Gall (noreste) podría ser el segundo en adoptar una ley antiburka, después del vecino Tesino, donde desde julio de 2016 está prohibido llevar un velo que tape el rostro en los lugares públicos.
Los electores están llamados a pronunciarse sobre una ley ya aprobada en el parlamento regional con el apoyo de la derecha populista y del centro. Pero los Verdes y la Juventud Socialista bloquearon su aplicación y lanzaron el referéndum.
“Todo aquel que se vuelva irreconocible tapándose la cara en el espacio público y ponga así en peligro la seguridad pública o la paz social y religiosa será castigado con una multa”, afirma la ley.
Según Fredy Fässler, socialista encargado de la seguridad y de la justicia en ese cantón, la vaguedad del texto plantea un problema. ¿En qué momento supone un peligro una mujer con burka?
Además, explicó en el diario Le Temps, los detractores de la ley “temen sanciones imprevisibles y arbitrarias”.
No existe ninguna ley que regule la cuestión en el conjunto del territorio suizo. El gobierno considera que esta competencia corresponde a los cantones.
Sin embargo, los suizos se pronunciarán sobre el tema en un referéndum nacional, previsiblemente en 2019, pues un grupo de ciudadanos consiguió reunir las 100.000 firmas necesarias para realizar esta consulta.
¿Prohibir los Organismos Genéticamente Modificados?
Todos los electores suizos se pronunciarán también este domingo sobre dos iniciativas populares procedentes de los círculos ecologistas y agrícolas para exigir una reestructuración de la producción agrícola por medio de nuevas normas sociales y ecológicas de producción.
Una de ellas, denominada “Por la soberanía alimentaria”, impondría normas sociales y ecológicas aplicables en Suiza a los productos importados, so pena de prohibición o aranceles.
El texto prevé la transformación de la moratoria sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) en una prohibición definitiva. Este veto, implantado tras un referéndum en 2005, fue prolongado tres veces por el Parlamento, y estará vigente hasta 2021.
El gobierno federal se opone a las dos iniciativas agrícolas, y con razón, considera Stefan Legge, economista de la Universidad de Saint-Gall, entrevistado por la AFP. “El grupo de presión agrícola intenta aislarse del resto de la economía y de la competencia internacional”, lamenta.
Si bien una mayoría de suizos sigue siendo muy favorable a la prohibición de los OGM, la iniciativa será rechazada previsiblemente, a tenor de un estudio de opinión publicado a mediados de septiembre por el grupo de medios Tamedia.
Durante la campaña, el tema de los OGM “no fue abordado. Los falsos argumentos sobre las subidas masivas de precios, sobre una falta de elección y la voluntad de aislar a Suiza son los que más dañan a nuestra iniciativa”, afirmó a la AFP Michelle Zufferey, responsable de Uniterre, el sindicato agrícola que lanzó la iniciativa.
El gobierno ha agitado entre los consumidores el fantasma del riesgo de la inflación. “Si aumentamos las exigencias, esto solo puede conducir a un aumento de los precios. Y, de momento, por desgracia, todo el mundo no puede permitirse [comprar] bio”, declaró el presidente suizo Alain Berset, en el periódico Le Temps.