El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata se negó a desalojar a los ocupantes de El Bolsón. El intendente de la ciudad Bruno Pogliano expresó, entonces, su preocupación con esta resolución a la que consideró “peligrosa y alarmante”.
“Rechazo la decisión del juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, quien no reconoce un delito en la ocupación de tierras de la reserva forestal Mirador del Azul – Cabeza del Indio de El Bolsón”, dijo el funcionario de Río Negro en sus redes sociales. Y añadió: “Al no reconocer delito en la usurpación de tierras fiscales promueve este accionar, imponiéndoles además a los Poderes Ejecutivos la cesión de las mismas”.
Tal como explicó Pogliano en una entrevista con LA NACION, la orden de desalojo dependía de aquel juez, dado que “las tierras son federales y, por lo tanto, la competencia es nacional”.
La noticia de que Zapata se negó a desocupar los terrenos se produjo unos días después de que la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, pidiera el desalojo de las 133 familias que ocupan dos predios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la localidad del El Bolsón.
Inicialmente se había producido un cortocircuito entre las autoridades municipales y Little. “Una de las primeras cosas que dijo era que no consideraba que hubiera delito, que no lo tipificaba como usurpación porque no se habían violentado alambrados”, dijo Pogliano -en ese entonces- al hablar con este medio.
Sin embargo, una semana después, la fiscal pidió el desalojo y el intendente de Juntos Somos Río Negro celebró su accionar con un mensaje que difundió en las redes: “Siempre sostuvimos que en la usurpación de tierras existe, es delito; por ello nuestro enérgico reclamo. Tanto la comunidad de El Bolsón como yo solicitamos al juez Zapata que haga efectivo el pedido de la fiscalía y ordene el desalojo pacifico de la usurpación de tierras en la reserva natural Mirador del Azul – Cabeza del Indio”.
Previo al pedido de la fiscalía, el intendente había reclamado el desalojo para recuperar estas 60 hectáreas de reserva forestal del Instituto de Tecnología Agropecuaria y había denunciado que algunos lotes ya se habían comenzado a revender en redes sociales. “Hay necesidades, pero también huele a negocio detrás”, había dicho Pogliano a LA NACION.
“Llama poderosamente la atención el nivel de organización. En este caso no hay reivindicación de pueblos originarios. Pero no podemos afirmar quién está detrás”, dijo, y contó que todo ocurrió “de golpe”: “Empezó un viernes por la mañana, y a la tarde ya había 130 familias instaladas”.
En esa entrevista, el funcionario resaltó que la toma estaba avanzando en áreas de bosque, “que son recursos turísticos fundamentales para la región”. Y señaló: “Pedimos el desalojo. No un desalojo violento, sino pacífico”.