El fallo, sin precedentes, condena a Jennifer Crumbley por homicidio involuntario al considerar que ella y su marido, que le regaló el arma al chico de 15 años, no hicieron lo suficiente para evitar el asesinato de cuatro alumnos.
El regalo de Navidad se adelantó aquel año. A la mañana siguiente del día de Acción de Gracias de 2021, James Crumbley llevó a su hijo de 15 años a una armería para comprarle una nueve milímetros semiautomática Sig Sauer, a la que Ethan, el muchacho, se refirió en las redes sociales como su “nueva belleza”. Cuatro días después, el chico introdujo subrepticiamente la pistola en su instituto de Oxford, un suburbio a unos 60 kilómetros de Detroit, en el Estado de Míchigan. Se metió en el servicio, la sacó de la mochila y al salir del baño empezó a disparar a todo el que se fue encontrando: mató a cuatro compañeros del colegio, de entre 14 y 17 años, e hirió a otras siete personas, entre ellas, a un profesor. Su madre, Jennifer Crumbley, acaba de ser condenada por un jurado popular compuesto por seis hombres y seis mujeres por el delito de homicidio imprudente. Se trata de una decisión que sienta un histórico precedente sobre la responsabilidad de los padres en la conducta de sus hijos en matanzas como aquella.
Hay dos cosas que, por encima del resto, contribuyeron al veredicto de culpabilidad, alcanzado por unanimidad en el segundo día de las deliberaciones, tras unas 10 horas de debate: el hecho de que ella llevara a Ethan a probar el arma a un campo de tiro ese fin de semana, y un mensaje que le mandó cuando el matrimonio fue requerido por el colegio ante la alarma de un profesor que vio al muchacho el día anterior a la tragedia buscando en su móvil información sobre cómo conseguir munición. Los convocaron por teléfono, una llamada que dejó rastro en el contestador, y por correo electrónico. No contestaron a ninguno de los dos mensajes, pero la madre sí escribió a su hijo el siguiente texto: “LOL [carcajadas]. No estoy enfadada contigo, pero que la próxima vez no te cojan”.
La defensa de Jennifer Crumbley, de 45 años, trató durante el juicio, celebrado en Pontiac (Míchigan), de echar las culpas al marido, por no guardar bajo llave el arma; a la escuela, por no avisarla de los problemas del conducta del adolescente; y a su hijo mismo, por apretar el gatillo y asesinar a dos mujeres y dos hombres. “¿Puede cada padre realmente ser responsable de todo lo que hacen sus vástagos, especialmente cuando no es previsible?”, se preguntó la abogada Shannon Smith en el argumento final. “Era imprevisible. Nadie esperaba esto. Nadie podría haberlo esperado, incluidos los Crumbley”. En otra intervención, Smith citó la parte de la letra de Bad Blood, de Taylor Swift, cantautora de cuya influencia es casi imposible escapar hoy en Estados Unidos, en la que esta dice que hay “las tiritas no sirven para los agujeros de bala”. Según su argumentación, la fiscalía pretendía “resolver problemas que no se pueden solucionar con una tirita; una tirita no servirá para recuperar esas vidas perdidas”. Sobre el regalo de la pistola, la acusada testificó: “No le entregamos un arma simplemente diciéndole: ‘Aquí tienes, hijo’. Se la dimos solo para que la usara solo cuando fuéramos al campo [de tiro] en familia”.
Cadena perpetua
La fiscalía, por su parte, presentó ante el tribunal la imagen de una madre errática, más preocupada por su afición a los caballos y por una relación extramatrimonial que por los síntomas de deterioro de la salud mental de su único hijo.
Ethan Crumbley fue acusado de terrorismo, lo que permitió que lo juzgaran como si fuera adulto y acabaran condenándolo en diciembre pasado a la pena máxima: cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Después de conocer lo que había hecho su hijo, el matrimonio se dio a la fuga. Los encontraron a los pocos días no muy lejos de casa: en la ciudad de Detroit, mientras estaban en un centro comercial. Aquella mañana de sábado, la pareja fue imputada y escuchó los cargos por videoconferencia, de los que se declararon inocentes. El padre será juzgado en marzo por los mismos delitos que ella.
Karen D. McDonald, fiscal del condado de Oakland, se tomó la acusación al matrimonio como una oportunidad de escarmiento a unos padres que pudieron, según ha considerado probado el jurado, evitar que su hijo perpetrara la matanza, como cuando fueron alertados pocas horas antes de los hechos de que lo habían sorprendido en la escuela dibujando un arma en un cuaderno, con un texto que decía: “Los pensamientos no paran. Ayudadme. Mi vida es inútil, el mundo está muerto”. Los Crumbley acudieron al instituto, pero, según la acusación, actuaron con negligencia por no obligar entonces al adolescente a enseñarles lo que llevaba en la mochila. También, por negarse a llevárselo consigo a casa y por permitirle que volviera a clase.
En diciembre, McDonald no ocultó su frustración cuando expuso el caso ante el jurado: “Estoy enfadada como madre, estoy enfadada como fiscal, estoy enfadada como persona que vive en este condado, estoy enfadada”, agregó. “[La tragedia] Se podría haber prevenido tan fácilmente…”.
Cuando a las 13:22, 32 minutos después de que Ethan saliera armado del baño, saltaron las primeras noticias de que había un tirador activo en el instituto de su hijo, la madre le escribió otro mensaje: “Ethan, no lo hagas”. James Crumbley corrió después a su casa, donde comprobó que el arma no estaba en su sitio, un lugar que no tenía candado. A las 13:37, llamó después a la policía para advertir de que sospechaba que su hijo podía ser el atacante. Cuando esta se presentó en el instituto y lo redujo, al muchacho aún le quedaban 15 cartuchos.
Aquella matanza provocó que Míchigan promulgase una ley para regular el acceso de los menores a las armas de los padres. La condena a la madre de Ethan por homicidio involuntario cuenta con escasos precedentes. La idea de una matanza en un instituto es una pesadilla recurrente en esta sociedad desde la del instituto Columbine, en 1999, en el que dos amigos mataron a 13 personas e inauguraron una nueva era en los tiroteos masivos en Estados Unidos. Algunos de los que mayor trauma han causado desde entonces sucedieron en centros educativos, desde la de Sandy Hook en 2012 en Newtown (Connecticut; 26 muertos, 20 de ellos menores) hasta la de 2019 en Parkland (Florida; 17 víctimas mortales) o la de hace un par de años Uvalde (Texas, 19 niños y dos profesoras). Los asesinatos de Crumbley contaron como el tiroteo escolar más mortífero de su año.
Las asociaciones que trabajan por el control de las armas en Estados Unidos han apoyado la idea de perseguir a los padres de Ethan, pero también se han escuchado voces discordantes: en un artículo de opinión publicado por The New York Times, Megan K. Stack se preguntaba por el sentido de juzgar a un menor como un adulto para poder condenarlo a la pena máxima, y al mismo tiempo hacer responsables a los padres de lo que hizo su hijo. “Perseguir a los niños como adultos es una de las obscenidades de nuestro sistema judicial. (…) Y hay una contradicción lógica entre eso y que los padres respondan por la negligencia en su educación. O era un niño, o no lo era. O eran responsables sus padres de sus acciones, o no. ¿Puede el Estado argumentar ambas cosas al mismo tiempo? Los fiscales están convencidos”.
Según ha quedado demostrado este martes, un jurado de Pontiac (Míchigan) también lo está.