Analía Boutet dio a luz a su hija el 3 de abril de 2012. En neonatología le dijeron que había nacido muerta pera ella la encontró con vida en la morgue 12 horas después. A 14 años de lo ocurrido, apeló un fallo donde absolvieron a la ginecóloga que firmó el certificado de defunción y la obligan a pagar los honorarios del abogado de la médica.
El 3 de abril de 2012, los médicos del Hospital Perrando, de Resistencia, Chaco, le dijeron a Analía Boutet que su beba había nacido muerta, pero ella la encontró con vida en la morgue 12 horas después. Estaba cubierta de escarcha y padecía una hipotermia extrema.
Luz Milagros, como la llamó su mamá, fue reingresada a neonatología y luego derivada a centros de mayor complejidad en Buenos Aires y Rosario. Sin embargo, su salud quedó gravemente comprometida por el tiempo de exposición al frío de la morgue, que le causó encefalomalacia multiquística, insuficiencia respiratoria crónica y sepsis. Finalmente, falleció el 23 de junio de 2013, cuando apenas tenía 14 meses, por una falla multiorgánica.
A 14 años del hecho, la justicia chaqueña emitió un fallo que, lejos de cerrar la herida de Analía, la profundizó: la ginecóloga que firmó el certificado de defunción fue absuelta, a ella la condenaron a pagar parte de las costas del juicio y la indemnización fijada —160 millones de pesos— está lejos de representar reparación. “La justicia se nos rio en la cara”, resumió en diálogo con Infobae. Y fue más allá: “Con esta sentencia, es la tercera vez que matan a mi hija”.
Analía contó que Luz Milagros nació en un contexto que estuvo atravesado por irregularidades desde el inicio. “La bebé fue dada por fallecida inmediatamente después del parto. No se cumplieron los protocolos básicos, no se realizaron maniobras de reanimación adecuadas ni se respetaron los tiempos de espera prudenciales para confirmar la muerte en neonatos, especialmente en casos de prematurez, donde la ausencia inicial de signos vitales visibles no es concluyente”, precisó la mujer.
A partir de la firma de un certificado de defunción por parte de la ginecóloga Liliana Gilbert Finos, que intervino en el parto, se activó una cadena de decisiones que derivó en lo impensado: el cuerpo de la bebé fue colocado en un cajón, cerrado y trasladado a la morgue. Fue la insistencia de Analía, que pidió ver a su hija, lo que permitió descubrir que aún estaba con vida.
“Si se hubiese cumplido el protocolo básico de entregar el cuerpo a los padres, hoy Luz Milagros estaría viva”, sostuvo la mujer. Ese punto es central en la apelación presentada contra el fallo de primera instancia.
Según explicó su abogado, Carlos Guido Leunda, “los procedimientos médicos indican que, ante la muerte de un recién nacido, los padres deben tener la posibilidad de verlo, no solo como parte del proceso de duelo sino también como instancia de verificación, y nada de eso ocurrió”.
El fallo del juez Rafael Martín Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 20, enmarcó el caso en un hecho de mala praxis y condenó al Ministerio de Salud Pública, al hospital Perrando y a dos médicas neonatólogas involucradas al pago de una indemnización cercana a los 160 millones de pesos para los padres y la abuela materna de la beba.
Para la defensa de Boutet, que la justicia haya absuelto a la ginecóloga que firmó el acta de defunción “es inexplicable”. El otro eje cuestionado es la indemnización. “Aunque la cifra puede parecer elevada en términos nominales, la familia sostiene que no guarda proporción con el daño sufrido ni con los años de lucha judicial. A Analía no le interesa el dinero en sí, sino que sus hijos puedan tener una vida mejor después de todo lo que atravesaron”, explicó el abogado al ser entrevistado en medios chaqueños.
Pero el golpe más duro del fallo no es económico. Boutet fue además condenada a pagar las costas correspondientes a la defensa de la ginecóloga absuelta. “Es absurdo. Tengo que pagar $15.000.000. Yo soy viuda, tengo cuatro hijos que mantener y me gano la vida vendiendo zapatillas por las redes sociales”, enfatizó.
La absolución de la médica no es un dato técnico: es, para ella, la negación de todo lo ocurrido.“Esa médica me sacó el monitoreo, me maltrató, tomó decisiones que llevaron a esto. Y ahora resulta que no tiene ninguna responsabilidad”, se lamentó.
Un caso de violencia obstétrica y abandono
Analía Boutet había ingresado al hospital el 30 de marzo de 2012 cursando el sexto mes de embarazo, con un diagnóstico de placenta oclusiva total y sangrado intenso. Tenía indicación médica de cesárea, pero asegura que no fue respetada. “Mi libreta sanitaria lo decía claro”, recordó.
Desde su llegada, relata que el trato fue deshumanizado: le colocaron una pulsera que decía “aborto” y le anticipaban que la beba no sobreviviría, a pesar de que ella sentía movimientos constantes.
Durante los días de internación, denunció prácticas que hoy encuadraría como violencia obstétrica. “Me hacían tactos que yo pedía que no hicieran, y uno de esos causó la ruptura de la bolsa”, contó. También recordó discusiones entre profesionales frente a ella y decisiones contradictorias.
En uno de esos procedimientos se produjo la ruptura de bolsa. Cuando ella advirtió que perdía líquido, no le creyeron: le dijeron que se estaba orinando. Las ecografías tampoco aportaron claridad. Los propios profesionales discutían frente a ella: uno sostenía que lo que se veía era el pie de la bebé, señal de que estaba en una posición riesgosa; otro lo negaba.
Pasaron los días, incluido el feriado del 2 de abril, sin que se tomaran decisiones acordes a la gravedad del cuadro. El 3 de abril por la mañana, Analía comenzó a vomitar un líquido verdoso, signo de alerta que tampoco derivó en una intervención inmediata.
Finalmente, el 3 de abril la llevaron a la sala de partos, pese a que la beba venía de cola y debía practicarse una cesárea. “Dijeron ‘dejala que expulse sola’ y pusieron una chata debajo mío como si fuera un bebé muerto”, relató. Luego fue sedada y perdió completamente noción de lo ocurrido.
Se despertó cerca del mediodía sin información clara. La forma en que le comunicaron la supuesta muerte fue abrupta y deshumanizada. Primero, una enfermera le preguntó quién iba a “anotar” a su bebé. Luego, otra le consultó si quería saber la causa de muerte. Así se enteró de que su hija había nacido muerta. Su marido ya lo sabía, pero no había tenido fuerzas para ir solo a la morgue.
Durante horas, la familia permaneció en estado de shock. Cuando Analía junto fuerzas, se dirigió junto su hermano y su cuñada hasta morgue. Pidieron el cuerpo y una empleada sacó un pequeño cajón de una cámara fría y lo apoyó sobre una mesa. La tapa estaba clavada, por lo que tuvieron que improvisar una herramienta para abrirla.
Cuando finalmente lograron hacerlo, todos se alejaron para darle intimidad. Analía retiró lentamente una tela blanca que cubría a su hija. Primero vio una mano diminuta. Luego, al descubrir su rostro, ocurrió lo inesperado: la bebé giró la cabeza, abrió los ojos y emitió un leve sonido, como un llanto débil. Al principio pensó que estaba alucinando, que el trauma la estaba engañando. Pero al mirarla nuevamente, vio que se movía.
Desesperada, llamó a la guardia. La mujer se acercó, comprobó que la bebé tenía signos vitales y la tomó en brazos. Analía cayó de rodillas. Su hermano salió corriendo por el pasillo con la niña contra el pecho, buscando ayuda urgente. El cuerpo de la bebé estaba helado.
A partir de ese momento, la historia cambió de nombre: Lucía Abigail pasó a ser Luz Milagros.
La salud pública y la justicia le dieron la espalda
Después del episodio en la morgue, Boutet fue nuevamente víctima del sistema de salud chaqueño que en el Hospital Perrando se negaron a hacer una cirugía programada, años después. “No quisieron operarme de un fibroma porque era yo”, afirmó. Finalmente, tuvo que recurrir a un tratamiento en el ámbito privado.
“A mi marido, que había contraído cáncer y finalmente murió en 2022, también se negaron a operarlo”, recordó Analía. “Le ponían excusas para evitar la intervención y cuando finalmente consultamos con un médico particular nos dijeron que el tumor era operable si se trataba a tiempo”, se lamentó. Para ella, esa demora “no fue casual” y la vincula con lo que ella misma había vivido en ese hospital.
La causa judicial también estuvo atravesada por demoras y obstáculos. Se inició en Buenos Aires, donde fue declarada incompetente, lo que implicó una pérdida de tiempo clave. Luego pasó a la justicia de Resistencia. En paralelo, la causa penal por presunta mala praxis fue archivada sin condenas. Analía no se constituyó como querellante en ese proceso, algo que —según explicó su abogado— probablemente se debió a la falta de asesoramiento adecuado en ese momento.
“Luz Milagros era una niña absolutamente sana. El daño se produce por lo que ocurrió después”, enfatizó Analía en alusión a que su estado inicial no era irreversible.
Para la mujer, el fallo representa una nueva pérdida. “Es como si la hubieran matado por tercera vez”, dijo. La primera fue cuando la dieron por muerta. La segunda, cuando efectivamente falleció tras meses de sufrimiento. La tercera, ahora, cuando la justicia —según su percepción— niega responsabilidades clave.
La apelación del fallo
El recurso de apelación fue firmado por Analía, sus cuatro hijos (hermanos de la beba, en calidad de sucesores del padre de la niña, que falleció en enero de 2022) y Carmen Lucía Moleker (abuela materna), con el patrocinio del abogado Carlos Guido Leunda.
Los familiares de la beba cuestionan tres aspectos centrales del fallo dictado el pasado 4 de agosto por el juez, Rafael Trotti: la exoneración de la tocoginecóloga, Olga Liliana Gilbert Finos, a quien la sentencia consideró sin legitimación pasiva en la causa (desligándola del caso); la condena a la familia de la beba a pagar los gastos jurídicos de la médica y el monto de la indemnización fijada, al que califican de “mezquino” e “irrisorio”.
Los demandantes consideran que la indemnización fijada es desproporcionadamente baja frente a la gravedad del caso y la capacidad económica del principal demandado, la Provincia del Chaco. Sostienen que el monto otorgado no repara el “agravio espiritual” y remarcan que es “misérrimo”.
Por el concepto de daño moral, piden $800 millones para Analía Boutet, $600 millones en favor de sus hijos y $60 millones para la abuela materna. Por el daño psicológico, solicitan $350 millones para Analía Boutet y $20 millones para sus hijos. Mientras que por la pérdida de chance (colaboración económica que pudo haber hecho la niña a la familia), exigen $30 millones para Analía Boutet y $30 millones para sus hijos. En total, la indemnización reclamada asciende a $1.890 millones, un incremento del 1.081% respecto al monto fijado originalmente.
Una ley en memoria de su hija y una audiencia con el gobernador
Catorce años después, el caso sigue abierto no solo en los tribunales, sino en la memoria de una madre que todavía busca respuestas. Mientras tanto, la frase que repite resuena como síntesis del proceso: no se trata solo de una indemnización o de un fallo judicial, sino de algo más profundo. De la necesidad de que el sistema reconozca el daño, asuma responsabilidades y garantice que lo ocurrido con Luz Milagros no vuelva a repetirse.
En este contexto, la mujer impulsa un proyecto de ley junto al diputado provincial Carlos Salom para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. La iniciativa, que busca llevar el nombre de la beba, apunta a establecer protocolos obligatorios en el sistema de salud ante casos de muerte neonatal.
Además del trabajo legislativo, Analía también busca escalar su reclamo al máximo nivel político. “Me encantaría poder hablar con el gobernador Leandro Zdero, conseguir alguna audiencia. Lo quiero poner al tanto de mi situación y solicitar respaldo institucional”, expresó la mujer, que considera que sin presión política y mediática, es difícil que haya cambios de fondo.
“Yo sé que el fallo de la apelación va a quedar medio parecido al de primera instancia. No va a pasar nada”, advirtió en relación a la causa judicial. Por eso, insiste en avanzar por la vía legislativa.
“Luz Milagros fue conocida mundialmente para nada, porque al final no cambiaron nada”, concluyó, cuestionando la falta de reformas estructurales tras la muerte de la beba para evitar otras negligencias y asegurar derechos básicos a las familias.