Fue hecha por un miembro de la institución y apunta a que el director de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno coaccionó a otros representantes con la idea de negociar cargos internos y en la Justicia.
Una denuncia en la Justicia ha desatado un escándalo en el Colegio de Abogados de Mendoza. La presentación apunta a que un funcionario del Gobierno provincial presionó a otros miembros por cargos internos, pero también para conseguir lugares en la Justicia provincial. Incluso se habrían llegado a falsificar actas con la presunta complicidad de la presidenta de esa institución.
La denuncia fue realizada por Leonardo Pasccon, que representa a la Federación de Abogados por la Primera Circunscripción Judicial. El señalado es Sebastián Soneira, director de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, quien habría contado con el aval de Andrea Maturana, titular del Colegio.
Para el denunciante, Soneira busca ser procurador adjunto de la Corte en el área que hoy conduce Alejandro Gullé. El funcionario denunciado había intentado llegar a ser titular del Juzgado Federal N° 2 durante la gestión de Mauricio Macri, pero su pliego luego fue bajado por Alberto Fernández.
La trama de irregularidades
Pasccon detalló concretamente varios hechos que presentarían irregularidades y menciona nombres que forman parte de los estamentos del Colegio de Abogados, pero también del Ejecutivo Provincial, como Marcelo D´Agostino, subsecretario de Justicia y operador del Gobierno en esa área, y la ministra de la Suprema Corte, Teresa Day.
En el escrito se asegura que Soneira y Maturana falsearon una carta de renuncia del abogado Ulises Morales como miembro asesor de la Comisión Civil del Consejo de la Magistratura cuando éste se encontraba de licencia por enfermedad de su pareja. En ese lugar, la presidenta del colegio propuso a Soneira, en un intento por manipular al directorio de la entidad.
Otra de las situaciones que se denuncian son coacciones a miembros del cuerpo colegiado. Incluso, en situaciones que ocurrieron en la fiesta de la institución, según indica la presentación. En esa instancia describió que Soneira presionó a los presidentes de los colegios de abogados de San Rafael y San Martín para apoyar en ese momento el proyecto que el Ejecutivo habían lanzado para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte.
A Soneira el denunciante le suscribe una frase. “Textualmente dijo: ‘Esto es un plato y hay una raya en el medio, o estás de un lado o estás del otro, hay que bancarse las consecuencias”.
De igual manera, Pasccon aseguró que también fue coaccionado por el funcionario provincial a cambio de no ser denunciado por violencia de género.
El corazón de la denuncia apunta a que Soneira utiliza el Colegio de Abogados como una herramienta para sacar rédito personal, pero también para conseguir cargos en la Justicia provincial a través de los concursos. De hecho, ofrece detalles sobre lo que se habló durante una reunión en Casa de Gobierno en la oficina del titular de Personas Jurídicas que se realizó el 4 de julio a las 14 y a la que asistieron el propio Pasccon, pero también Javier Pons, otro miembro del colegio que integra el Consejo de la Magistratura.
En esa instancia, Soneira habría asegurado que como no podía controlar los exámenes en materia penal de aspirantes a magistrados en el ámbito del Consejo de la Magistratura, la ministra Teresa Day habría negociado la revocación de la comisión evaluadora con el aval en pleno de los miembros del órgano de control de jueces y fiscales.
En efecto, esa maniobra se concretó días después y generó revuelo en el ámbito de los Tribunales. Este miércoles, el Consejo de la Magistratura dio marcha atrás luego de los reclamos que surgieron de magistrados y abogados que integran esa comisión en materia penal.
En esa misma reunión Soneira les pidió a Pons que también votará a favor de revocar a la comisión penal del Consejo. Al igual que Soneira, Pons también es funcionario, ya que reviste como director de Jurídicas de Aysam.
Si bien en la denuncia se asegura que Pons se negó a avalar esa medida, no se sabe luego cómo votó -es secreto-, pero señaló que “teme represalias sobre su cargo” porque también depende del Ejecutivo. En este punto es nombrado Marcelo D´Agostino en la querella. Pons le llama por teléfono y el subsecretario de Justicia le habría asegurado que no son temas que tiene que hablar con él, sino con Soneira, revela el escrito.
La denuncia, en síntesis, muestra la forma en que se tejen las relaciones en el seno del Colegio de Abogados y se negocian los cargos internos, pero también las decisiones en el armado de la Justicia provincial.