Evelyn Hernández, de 21 años, dio a luz a su bebé, producto de una violación, en una fosa séptica. El pequeño murió poco después de nacer tras aspirar heces procedentes del exterior.
Evelyn Hernández, de 21 años, puede ser condenada el próximo lunes en El Salvador a una pena máxima de 40 años de prisión tras sufrir en 2016 un parto extrahospitalario en el que murió su bebé producto de una violación. Después de tres días de juicio, el juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque anunció este viernes que el próximo lunes emitirá la sentencia, una vez que la Fiscalía General de la República ha solicitado una pena de cárcel de 40 años por el delito de homicidio agravado por omisión de su recién nacido.
Los hechos se remontan a cuando la joven tenía 18 años y se puso de parto en El Carmen, un municipio de Cuscatlán en El Salvador. Evelyn tuvo a su bebé en una fosa séptica, a consecuencia de lo cual falleció. Inmediatamente, la familia la llevó de urgencia al Hospital Nacional Santa Teresa en Cojutepeque donde fue denunciada por el personal médico que la atendió y luego procesada por homicidio agravado.
Un estudio de tejidos que se presentó en el primer juicio celebrado el pasado 5 de julio de 2017 reveló que, al nacer en una fosa séptica, el bebé había aspirado heces provenientes del exterior, lo que le provocó una neumonía y poco después su muerte.
Así, Evelyn, quien vive en una zona rural del país y tiene escasos recursos económicos, estuvo detenida 33 meses en la cárcel de mujeres en Ilopango, después de que fuera condenada a 30 años de prisión por el citado delito. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la condena impuesta por la juez Nury Velásquez el 5 de julio de 2017 y el juicio tuvo que repetirse.
En las puertas del Centro Judicial Integrado de Justicia en Ciudad Delgado, cientos de mujeres se han vuelto a concentrar este viernes en solidaridad con Evelyn y con carteles en los que se leía ‘Libertad, Justicia y Reparación’ y ‘Justicia para Evelyn’. Asimismo, vestían camisetas con el lema ‘Libertad para las 17 y más’ en alusión al número de mujeres que actualmente se encuentran encarceladas en el país centroamericano acusadas de homicidio agravado por sufrir un parto fuera del hospital en el que fallecieron sus bebés. Asimismo, frente al Tribunal han colocado una gran pancarta con la foto de Evelyn en la que se recuerda que la joven “quedó embarazada tras sufrir violencia sexual en la comunidad donde vivía”.
“LA JOVEN ES INOCENTE”
Pese a la repetición del juicio, que se inició el pasado 15 de julio, la Fiscalía ha continuado manteniendo su acusación contra la joven, si bien las organizaciones que integran la defensa técnica de Evelyn esperan que el juez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque reconozca su “inocencia”, ya que, en su opinión, la Fiscalía “no tiene elementos para demostrar dolo o intención de causar algún daño” al bebé que murió. En este sentido, recuerdan que el artículo 7 del Código Procesal establece que “ante la duda, el juez debe considerar lo más favorable para el imputado”. “La joven es inocente, no cometió ningún delito, por lo que esperamos que pueda recuperar su libertad definitiva para que pueda continuar con su proyecto de vida”, recalcan la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la colectiva Las 17 El Salvador.
Así, en los alegatos finales, la defensa de Evelyn, quien se encuentra en libertad condicional, ha pedido que se le absuelva del delito de homicidio agravado al señalar que “no hay pruebas que determinen intención homicida”. En este sentido, Bertha de León, una de las cinco abogadas de la acusada, ha reconocido a las puertas del tribunal que están “esperanzados” y esperan que el lunes haya una sentencia absolutoria y Evelyn pueda continuar con su vida. Por el contrario, la Fiscalía sostiene que la joven “era la encargada de proteger la vida de su bebé y no evitó su muerte”.
Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, asegura a EL MUNDO que Evelyn está “optimista pero sabe que hay un riesgo”. Herrera considera positiva la repercusión internacional de este caso en un país donde desde 1998 el aborto está prohibido en todos los supuestos, bajo pena de prisión de seis a ocho años, que se elevan a entre 30 y 50 años por un delito de homicidio agravado en caso de que sea un parto extrahospitalario ocurrido cuando el embarazo supera las 20 semanas y aunque sea accidental. “El juez se siente observado y está siendo cuidadoso de cumplir el debido proceso”, recalca, al tiempo que asegura que estos casos como el de Evelyn “son de salud y no son para llevar a las mujeres a la cárcel”. En esta misma línea se expresa la integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos Ana Gladys Chinchilla, quien señala a este periódico que es una “constante” que el sistema jurídico de El Salvador “criminalice a las mujeres que tienen complicaciones obstétricas, pero no a cualquier mujer, sino a aquélla de muy escasos recursos económicos y con un bajo nivel académico y, por ende, tiene muy poco conocimiento de cómo funciona su sistema anatómico durante el proceso de embarazo”. De este modo, denuncia que el caso de Evelyn es uno de los 19 casos “en los que las mujeres han sido criminalizadas y han ido a parar a la cárcel por delitos que no han cometido”.
“ENSAÑAMIENTO”
Cabe recordar que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto descubrió en 2017 que había 17 mujeres condenadas en la cárcel “sin pruebas contundentes” tras haber sufrido un parto extrahospitalario. En ese momento, se puso en marcha la campaña ‘Las 17 El Salvador” y, posteriormente, tras revisar los expedientes, vieron que había más casos similares. “El problema es que con la ley tan misógina y con los aplicadores de Justicia misóginos que tenemos en El Salvador no se buscan pruebas de descargo y la Fiscalía se ensaña con las mujeres”, explica la defensora de derechos humanos. Concretamente, detalla que muchas de estas mujeres “han sido condenadas con el testimonio de los médicos que las han recibido con fuertes hemorragias en los hospitales adonde las han llevado sus familiares tras encontrarlas desmayadas o en ‘shock’ post parto”. Así, Chinchilla critica que “del hospital estas mujeres salen a la cárcel, porque, al hacer el diagnóstico, los médicos aseguran que han sufrido un aborto y son procesadas inicialmente por ese delito, pero luego se cambia la tipificación por el de homicidio agravado y son condenadas a entre 30 y 50 años”.
Toda esta situación, según señala, sólo afecta a las “mujeres pobres que están siendo condenadas y que jamás buscaron interrumpir su embarazo”, mientras que “una mujer que tiene ingresos altos y pertenece a una familia económica poderosa puede ir a interrumpir su embarazo en otro país y no pasa nada”.