El alcance del fallo de la Cámara Federal en la ruta del dinero K. En una medida inédita, el tribunal dispuso que Casanello, Bonadio y Ercolini se reúnen y coordinen las investigaciones sobre Báez, Hotesur o Los Sauces.
La Cámara Federal concedió ayer uno solo de los reclamos que Lázaro Báez había formulado por su, hasta ahora, interna de baja intensidad con Cristina Kirchner: investigar a los ex funcionarios que le dieron el 72 por ciento de todos los contratos de obra pública destinados a Santa Cruz o, en otras palabras, fondos públicos por 650 millones de dólares en doce años. Con el resto de sus apelaciones Baéz perdió aunque aún queda el suspenso sobre su pedido de apartar a Casanello de la causa de la ruta del dinero K.
El tribunal confirmó el primer procesamiento de Casanello contra Báez pero también lo criticó por enfocarse a “aspectos menores”, como los 5,1 millones de dólares contados en el video de La Rosadita, sin ver los cientos de millones de dólares que pasaron por las manos del ex empleado bancario convertido en multimillonario desde el 2003 a la fecha. Por esa razón, citó la denuncia por asociación ilícita contra Báez y los Kirchner que Lilita Carrió hizo en el 2008 y también otras de Ocaña y del abogado Ricardo Monner Sans. Pero la sala II, integrada por Iruzun y Farah -Cattani está de licencia- le dio órdenes clave a todos los jueces federales para que investiguen rápida, eficaz y coordinamente estas causas contra Cristina y sus ministros. Resolvió que, por ahora, no procede unificar las causas la ruta del dinero K, Los Sauces u Hotesur, como había sugerido la diputada del GEN Margarita Stolbizer, porque esa medida se dará naturalmente cuando las causas lleguen a juicio oral y público, después de esta etapa de instrucción. Pero preparó el terreno para ese paso por “las íntimas relaciones” entre Cristina y Báez y los “puntos de contacto” entre las distintas causas. Por un lado, ordenó a Casanello que amplie el delito precedente del lavado de dinero de la causa de la ruta del dinero K de fraude fiscal por la fábrica de facturas truchas de Bahía Blanca que abastecía a Austral Construcciones, a fraude en las licitaciones públicas que le adjudicaron a Báez. Este es el gran pozo negro del desvío de fondos públicos, según la Cámara. Por un lado, este delito allana la puerta a la cooperación judicial con Suiza donde se sospecha que las cuentas de los Báez podrían tener vínculos con eventuales cuentas secretas de los K. Por otro, obliga a Casanello a “tomar muestreos”, sin ordenar enormes y lentos peritajes, de licitaciones amañadas a favor de Báez como las que denunció el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. La más inédita de las medidas de la Cámara dispone que Casanello, Bonadio (Los Sauces), Ercolini (Hotesur) y otros se reúnan para coordinar las investigaciones y eviten los largos trámites de certificación de causas o repetición de testigos, como es el antiguo proceder. También que deleguen las investigaciones en los fiscales si sirve para imprimir más velocidad a los expedientes. “Así lo impone el reclamo social que procura el esclarecimiento de presuntos hechos de corrupción”, señala el fallo incorporando, por primera vez, a la sociedad entre las prioridades de los jueces. De la lectura del fallo y sin haberse terminado aún la investigación, queda claro que Cristina va camino, en la ruta del dinero K, a -por lo menos- un procesamiento por incompatibilidad de funciones entre su rol de cabeza de Estado que adjudicaba contratos millonarios y socia del zar de la obra pública K. Y en la medida que se consigan más pruebas, aumentará la gravedad de los delitos que se le imputan.