La situación judicial del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Enrique Omar “Caballo” Suárez, se complica por un presuntas irregularidades en el manejo de la obra social evidenciadas en una pericia contable llevada a cabo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y una auditoría médica impulsada por los interventores de la Obra Social del sindicato Ramiro Tejada y Pablo Garrido.
El juez federal encargado de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, ordenó la intervención del SOMU el 18 de febrero pasado en el marco de la investigación a la cúpula del gremio, pero sobre todo a Suárez. El magistrado investiga el posible bloqueo de puertos, extorsión a empresarios y una serie de maniobras de dudosa legalidad.
“Caballo” Suárez supo tejer una red de firmas y negocios alrededor del puerto con los fondos de los afiliados a su gremio durante más de 27 años que se mantuvo en el cargo. La Obra Social del sindicato funcionó como la “caja negra” para evadir fondos según analiza la justicia.
Tras la intervención judicial, Canicoba Corral desplazó a la comisión directiva que lideraba Suárez y sus aliados. La comisión interventora del SOMU está integrada por Santiago Viola, Jorge Alonso del Ministerio de Trabajo, y Gladys González por el Poder Ejecutivo.
Alonso hace casi cinco años ocupó ese rol en el Sindicato de Ladrilleros. En tanto, González, diputada nacional de Pro, carece de experiencia en el tema pero representa a Mauricio Macri. Por su parte, Viola, patrocina a Leandro Báez en la causa por presunto lavado de activos en la que su padre se encuentra privado de la libertad.
Ninguno de estos fiscalizadores tienen injerencia en la obra social. A propuesta de la Superintendencia de Servicio de la Salud, fueron Tejada y Garrido, los que asumieron la carga pública de la intervención impuesta por la justicia.
Ambos médicos cuentan con una vasta experiencia en el gerenciamiento en salud. Además, conformaron el gabinete del ex ministro de Salud, Alejandro Collia, durante la gestión del gobernador Daniel Scioli. Tejada fue el Director Provincial de Salud y Garrido el Jefe de Gabinete del área.
Debían verificar entre otras irregularidades, una deuda de $ 7.428.790 que la prestadora reclama por gastos que supuestamente debían ser afrontados por el gremio.
Sin embargo, esa deuda sería aún más grande. Desde que asumieron a la fecha, llevan abonados en concepto de deudas a los prestadores médicos más de $16.000.000 aunque estiman que la suma será ampliamente superada por los pagos pendientes.
Los datos arrojados por la auditoría complican a la comisión directiva de la Obra Social del Personal Marítimo presidida por Suárez aunque el tesorero Juan Hugo Baneki, también estaría complicado, según pudo reconstruir este medio con fuentes judiciales.
Suárez, estuvo al mando por más de 27 años con los gobiernos del ex presidente Carlos Menem y la venia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que le permitió poner en marcha un pool de empresas relacionadas a la obra social para “vaciarla”.
Los interventores médicos trabajan en la normalización y reconducción de la obra social con mayor diálogo y compromiso con los proveedores y los socios, según detallan los asesores del nuevo equipo de técnicos quienes definen a la anterior gestión como arbitraria y discrecional.
Sin embargo, aún no pudo determinarse con certeza la deuda total a los prestadores. Entre las inconsistencias, la obra social abonaba a una única empresa gerenciadora, por mes adelantado la cápita mensual correspondiente a cada abonado.
Por otro lado, se sobredimensionó el padrón de afiliados, cifra que asciende a más de 2500 personas. Esto, implicaba una erogación de más de dos millones de pesos “sin causa”, que se abonaban con destino incierto, según reza el texto de la auditoría a la que accedió Tiempo Judicial.
Los reclamos por falta de pagos motivó la suspensión de servicios a los afiliados por lo que los interventores debieron afrontar los pagos en forma directa.
Las irregularidades detectadas en la gerencia médica relativas a las autorizaciones de prestaciones o de prótesis a quienes no eran afiliados, ya sea por muerte, cambio de cobertura, o a quienes habían perdido la condición de afiliados, resultó “alarmante”, según la describen los nuevos técnicos intervinientes.
Ello motivó el desplazamiento y la denuncia penal contra el gerente médico Jorge Villahoz y su par en el área financiera, María del Carmen Cabrera Peña.
Suárez sería citado a indagatoria en los próximos días y el juez analiza sumar cargos por los presuntos delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y abandono de personas. Las pruebas recolectadas llevaría al procesamiento del sindicalista como de la comisión directiva que acompaño su gestión, según confirmaron fuentes judiciales.
