El Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal inició este lunes una serie de audiencias para concretar reformas que eviten que inocentes terminen en prisión por crímenes que no cometieron. La Uniformada aduce que con las nuevas tecnologías esas posibilidades se reducen al mínimo.
De alguna manera, uno de los errores judiciales más famosos en la historia del país, volvió este lunes a ser un tema de referencia en el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York.
El Comité de Seguridad Pública de ese cuerpo legislativo, inició una investigación para conocer cuáles procedimientos está aplicando el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), para avanzar en las mejores prácticas para evitar las detenciones que terminan en condenas erróneas.
Y lo más prominente es que un concejal, Yusef Salaam, quien lidera este proceso de audiencias, vivió en carne viva, cuando era un adolescente, el drama de estar en el lugar y en el momento equivocado y pagar años de prisión por un horrible crimen en el cual no participó.
Salaam quien representa actualmente a Harlem en la cámara municipal, es conocido como uno de los “Cinco del Central Park”, es decir uno de los adolescentes negros e hispanos que erróneamente en abril de 1989 fue detenido y condenado por haber participado en la agresión y la violación de una joven que trotaba en el conocido parque de Manhattan.
Raymond Santana y Kevin Richardson, de catorce años, Antron McCray y Yusef Salaam, de 15, y Korey Wise, de 16, se encontraban entre los detenidos por este ataque. Después de horas de interrogatorio en la comisaría de Central Park, los chicos, bajo coacción, dijeron que en efecto agredieron a la joven. Sin embargo, se retractaron de sus confesiones y aseguraron que sólo lo hicieron bajo la posibilidad de que podrían ser liberados.
En dos días, los cinco adolescentes fueron acusados de cargos que incluían violación, agresión, intento de asesinato y disturbios. En el caso específico de Salaam permaneció en una prisión juvenil por siete años, siendo inocente.
Los cinco fueron exonerados en 2002 tras una confesión de otro hombre respaldada por pruebas de ADN. Y ahora se les conoce como los “Cinco Exonerados”.
“Sigo hoy recibiendo dolorosamente cartas de personas que están en prisiones de Nueva York que me aseguran que han permanecido años tras las rejas, siendo inocentes. Simplemente por malos procedimientos policiales. Estamos iniciando una cruzada para que NYPD examine sus prácticas internas y garanticen que se tomen medidas para mitigar al máximo el riesgo de condenas erróneas”, indicó Salaam en la audiencia frente a un grupo de representantes de NYPD, liderados por Joseph Kenny, actual jefe de detectives.
“Ahora todo está grabado”
En su alocución, los portavoces de la Uniformada defendieron que actualmente existe un sistema de transparencia, a la luz de inversiones en equipos tecnológicos, bases de datos, softwares de contraste de identidad, cámaras corporales y la capacidad de monitoreo con cámaras de alta resolución, en casi todos los rincones de la Ciudad.
“Una sola condena injusta, es demasiado. Pero como uno de los cuerpos policiales del país más vigilados del mundo, por monitores federales, organizaciones civiles y con procedimientos de revisión disponibles caso por caso, podemos asegurar que hoy estamos en una circunstancia muy diferente. No solo se trata de los recursos que da la tecnología, sino de nuestro compromiso con la seguridad pública y la justicia. Es inhumano pensar que de forma intencional, buscamos inculpar a un inocente”, aseveró Kenny.
En cuanto a las barreras que enfrentan las minorías migrantes que no tienen el inglés como primer idioma, en el momento de una interacción o un interrogatorio policial, el jefe de NYPD destacó que como norma interna, es un derecho para los detenidos tener acceso a un traductor durante todas las etapas de este tipo de proceso.
De igual forma, los menores de edad tienen derecho a no responder preguntas hasta que esté disponible un abogado defensor, uno de sus padres o en su defecto algún pariente o miembro de su comunidad.
Todos estos pasos son grabados, para incluirlos en la conclusión de la investigación.
Una de las quejas que por décadas han sostenido organizaciones de defensa de los derechos civiles, es que en muchas ocasiones, la imposibilidad de algún detenido de comunicarse en inglés, los ha encausado injustamente a la prisión.
El otro problema es que los abogados defensores tienen muchas trabas, para tener acceso detallado a los expedientes policiales de las pruebas que presuntamente incriminan a sus clientes.
“En este momento la mayoría de los crímenes y la identidad de los sospechosos, están respaldadas por videos y fotografías desde varios ángulos, que son generalmente pruebas inequívocas, lo cual nos ha permitido reducir los márgenes de error de los testigos presenciales, que son siempre una gran clave. Pero finalmente son humanos, que pueden también equivocarse o confundirse”, subrayó el alto oficial de NYPD, ante el Comité de Seguridad Pública.
Defensores: ¡Es mentira!
En esta sesión, que será la primera de una secuencia de audiencias de investigación en el Concejo Municipal, también compartieron sus testimonios abogados defensores y organizaciones de defensa de Derechos Humanos.
En este grupo, Jackie Gosdigian, asesora supervisora de políticas de Brooklyn Defender Services (BDS), recordó que tiene 15 años trabajando de cerca en el sistema de justicia criminal de Nueva York y se opuso radicalmente a la idea de que la tecnología ha significado avances “objetivos” en la reducción de procedimientos policiales, que disminuyan las posibilidades de condenas injustas.
“Venimos escuchando que se invierten millones dólares en tecnología aportada por compañías como Microsoft e IBM que recolecta videos y pruebas irrefutables. Pero puedo testificar ante ustedes, que esto no significa, que en este momento, se comparta más ágilmente la información recolectada en los procedimientos. Y mucho menos, que eso signifique más transparencia. Se requieren normas y reformas más claras, para que los defensores podamos hacer nuestro trabajo, con información más accesible en el momento. No cuando sea demasiado tarde”, aseveró.
Asimismo, Cassandra Kelly, abogada de defensa penal de la Sociedad de Ayuda Legal denunció que con frecuencia la policía no comparte con los fiscales todas las pruebas que recopilan durante las investigaciones.
Una nueva ley sería un alivio
Por su parte, Sergio De La Pava, director legal de New York County Defender Services (NYCDS) lamentó que en este momento por las diversas grietas del sistema de administración de justicia penal, muchas personas “grandiosas”, estén en prisión por un delito grave que no cometieron, por lo cual es momento que el Concejo Municipal se una a las voces, que apoyan a legislaciones estatales que solo esperan por la firma de la gobernadora Kathy Hochul.
“Hay muchos mecanismos tecnológicos como las grabaciones y las cámaras corporales que se están aplicando, apenas desde hace unos años, luego de décadas de fallas e injusticias. Por ello, es importante mirar al futuro y exigir que sea aprobada este mismo año el anteproyecto de ‘Impugnación de Condenas Injustas’.
Esta legislación que fue aprobada por la Asamblea y el Senado Estatal de Nueva York la pasada primavera, sería un paso importante para brindar a los neoyorquinos condenados injustamente, la oportunidad de limpiar sus nombres.
Este proyecto que solo espera por la firma de la mandataria estatal, crea el camino para que alguien condenado injusta o erróneamente por un delito anule esa condena, incluso si esa persona se ha declarado culpable. Esta norma eliminaría las grandes limitaciones que existen actualmente en los tribunales para promover nuevas pruebas, luego de un caso sentenciado.
Según la ley vigente, los neoyorquinos que se declararon culpables de un delito, pueden impugnar su condena, sólo si las pruebas se derivaron de pruebas de ADN.
Si bien Nueva York tiene un problema demostrado de condenas injustas, es un caso atípico al no reconocer que las personas que se declaran culpables pueden ser inocentes y, por lo tanto, tener la oportunidad de reparación en los tribunales.
La Ley de Impugnación de Condenas Injustas, que se incluyó en el Presupuesto Popular del grupo legislativo negro, puertorriqueño, hispano y asiático mejora el marco de ayuda posterior a la condena al abrir las posibilidades de más pruebas y apelaciones posteriores a la condena.
El otro recurso, es que se establece un marco para la asignación de abogados para aquellos con reclamos de condena injusta.
Nueva York es uno de los cinco estados de Estados Unidos que no otorga el derecho a un abogado en casos posteriores a la condena, detrás de estados como Texas y Alabama.
De acuerdo con los testimonios de varios exreclusos y abogados penales las personas inocentes acusadas de delitos graves, que no pueden pagar la libertad bajo fianza, sienten una gran presión para declararse culpables, porque temen ser sometidas a violencia o agresión sexual en centros de detención preventiva como Rikers Island.
Un costo a los contribuyentes
Como insistió NYPD en el inicio de esta investigación en las últimas tres décadas mucho ha cambiado en el sistema de recolección de pruebas de este cuerpo policial. También los fiscales de distrito han creado unidades especiales de “integridad” para revisar condenas potencialmente erróneas.
Solamente en 2022, de acuerdo con datos compartidos por la Contraloría de NYC, la Ciudad tuvo que hacer frente a 16 condenas injustas, la mayor cantidad en años, lo cual costó a los contribuyentes $87 millones en indemnizaciones. Por un promedio de $5.43 millones cada uno.
A la par de las nuevas tecnologías usadas en las pesquisas, fuentes oficiales destacan que se siguen anulado un número creciente de condenas de la década de 1990, cuando se registraban altas tasas de homicidios y otros delitos en la Gran Manzana.
El Dato:
3er lugar: La ciudad de Nueva York tiene el tercer mayor número de condenas injustas reportadas en todo el país, con base a datos compartidos por organizaciones de derechos civiles.