Es parte de la banda detenida por la custodia del fiscal Stornelli. Entró al país pese a haber cometido un crimen en Colombia.
La investigación del extraño episodio que vivieron el lunes el fiscal federal Carlos Stornelli y su custodia siguió avanzando ayer por dos carriles paralelos. Por un lado, la jueza María Rita Acosta –a cargo de la causa por la que fueron detenidos siete ciudadanos colombianos– rechazó los pedidos de excarcelación presentados por tres de ellos. Por otro lado, trascendió que uno de los integrantes de la banda, Carlos Enrique Bernal Valenzuela, había sido condenado en su país a 22 años de prisión por un homicidio, en noviembre de 2011. A pesar de esto, ingresó sin problemas a la Argentina en julio de 2012.
Bernal Valenzuela también tiene aquí una causa abierta por portación de arma fuego, que está radicada en el Tribunal Oral Criminal N° 23. El es uno de los tres a los que la jueza Acosta le negó ayer la excarcelación. La decisión de la magistrada también alcanzó a Jesús Alberto Silva Moyano, que entró a la Argentina el 17 de octubre pasado por el puente internacional Tancredo Neves, en la triple frontera de Foz de Iguazú. De acuerdo a fuentes consultadas por la agencia DyN, tiene cuatro condenas en su país entre 2003 y 2009 por hechos de hurto y robo, con una pena unificada de cinco años de prisión.
En tanto, Frank Jair Miranda Reyes ingresó al país la semana pasada, por lo que la jueza consideró que tiene un arraigo precario para ser liberado. Los tres están presos en la cárcel de Marcos Paz.
En el expediente también están detenidos (pero en el penal de Devoto) los colombianos Jefferson Rojas Pedrán, David Silva Wateros, Oscar Martínez Monroy y Brandon Castillo. Pero ayer la jueza Acosta no resolvió nada sobre ellos porque su abogado, Ramiro Rúa, no había solicitado su excarcelación.
“A los siete, por el momento, se les imputa una carátula provisoria de tentativa de robo y resistencia a la autoridad”, explicó Rúa a Clarín, quien sostiene que sus clientes fueron víctimas de una confusión. A su favor cuenta con el elemento de que a ninguno se les secuestró armas de fuego y que no se sabe a quién habrían intentado asaltar. Se habla de un empresario pero no hay datos de él.
El caso –que tiene muchos puntos oscuros– impulsó al secretario de Seguridad Sergio Berni a fogonear la idea de expulsar de inmediato a los extranjeros que cometen delitos. Pero desde el mismo Gobierno se comenzaron a escuchar voces en contra de su postura.
El director de Migraciones, Martín Arias Duval, sostuvo que “hacer foco en la nacionalidad (de quien delinque) es un error”. Y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, apuntó: “No comparto lo que dijo Berni, no nos suma generar ninguna alarma en ese sentido”.
En cuanto a cómo entraron a la Argentina los dos colombianos condenados en su país, Arias Duval dijo que Colombia no informó sobre los antecedentes de los involucrados: “Salieron de su país sin inconvenientes”.
“Tampoco surgió ningún requerimiento de la Justicia ni de Interpol contra ellos”, explicó Arias Duval. Y agregó: “Tenemos una base de datos de restricción o impedimentos y ahí se asientan todos los antecedentes judiciales y policiales de personas que son comunicados (por los jueces y fuerzas de seguridad). Son los administradores de Justicia los que deben comunicar a las autoridades sus decisiones”.