El Gobierno británico tiene como objetivo combatir la esclavitud con el refuerzo de las penas, entre ellas la cadena perpetua. Se estima que más de 2.000 personas pueden considerarse víctimas del tráfico en ese país.
La ministra británica de Interior, Theresa May, hizo público un proyecto de ley destinado a solucionar un problema muy grave que sufre el Reino Unido. En la actualidad se cree que 2.000 personas pueden ser víctimas del tráfico de personas en ese país.
El Gobierno británico se comprometió entonces a combatir la esclavitud con el refuerzo de las penas, incluida la cadena perpetua, contra los responsables de este delito. El caso que más conmocionó al país fue el de tres mujeres que fueron rescatadas en octubre de una casa en Londres tras permanecer en situación de esclavitud doméstica durante 30 años.
A este caso se le suman otros de personas rescatadas en granjas en Gales, donde vivían en terribles condiciones y eran explotadas. Según informó May, el texto será sometido a una revisión de las comisiones parlamentarias antes de que sea introducido para su lectura y votación en el Parlamento. El objetivo del Gobierno es incrementar las penas contra los que trafican con personas, desde los actuales 14 años de cárcel a la cadena perpetua, así como establecer la figura de un comisario encargado de asegurar que la ley se cumple.
Según la titular de Interior, el objetivo del proyecto es combatir un “crimen aborrecible” y enviar el mensaje de que el Reino Unido está “decidido a poner fin a la esclavitud moderna”. Como parte del plan, el Gobierno quiere reunir en una única legislación todos los delitos relacionados con el tráfico de personas, como la explotación sexual, ya que actualmente están tipificados en distintas leyes. “La esclavitud moderna es un delito brutal que no conoce límites y no discrimina por género, edad, credo, cultura o raza”, dijo May.
Los responsables del tráfico utilizan todos los medios a su alcance para forzar a sus víctimas a llevar una vida de “abuso, servidumbre y trato inhumano“, analizó la ministra y lo calificó de “inaceptable” en el Reino Unido de hoy. “No podemos permitir que hombres, mujeres y niños no sean vistos”, agregó May.
Además la Policía, los agentes de inmigración y otros empleados del sector público tendrán la obligación de denunciar ante la Agencia Nacional contra el Crimen cualquier sospecha ante un posible tráfico de personas.
La organización benéfica Hope for Justice, que trabaja con víctimas de esta explotación, apoyó el plan del Gobierno. “Hemos aprendido por experiencia que el bienestar de las víctimas están muy vinculadas al proceso penal contra los responsables. Cuando las víctimas son apoyadas tras su rescate y van a los tribunales, sus testimonios ayudan a que se haga Justicia”, dijo el fundador de esa organización, Ben Cooley.
