Se cumplen casi dos años de la matanza en el colegio Robb Elementary.
La ciudad de Uvalde, en Texas, indemnizará con dos millones de dólares a las familias de las víctimas del tiroteo en un colegio de educación primaria, en un incidente que dejó 19 niños muertos y dos profesoras, además del tirador de 18 años que cometió la masacre el 24 de mayo de 2022. Se trata de la cantidad más alta que podían percibir de las aseguradoras en una demanda colectiva que puso el énfasis en la actuación de la policía local, que tardó más de una hora en abatir al tirador.
En total, 25 agentes de Uvalde y más de 300 oficiales de fuerzas armadas de otras partes de Texas acudieron a la llamada de emergencia. Todos contra Salvador Ramos, un adolescente que pasó meses ahorrando para comprarse un rifle de asalto AR-15 y descargar su ira contra su antiguo colegio. Aún así no se atrevieron a entrar en la clase en la que se parapetó hasta que llegó un equipo táctico al pueblo. Pasaron 77 minutos hasta que le dispararon.
“Durante dos largos años nos hemos retorcido de dolor sin ningún tipo de respuesta de las fuerzas de seguridad y los oficiales que permitieron que nuestras familias fueran destruidas ese día”, indicó Verónica Luévanos, una de las madres afectadas por la tragedia. Perdió a su hija, Jailah, y a su sobrino, Jayce. “Este acuerdo es la primera prueba de buena fe de la ciudad de Uvalde para tratar de reconstruir nuestra fe en los sistemas que no fueron capaces de protegernos”.
De acuerdo a uno de los abogados de las familias, John Koskoff, están cerca de alcanzar otro acuerdo por otros dos millones de dólares con el condado de Uvalde. Aún así, las 19 familias afectadas han emprendido una nueva demanda contra 92 de los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas. “Fue un acto de heroicidad que llegó 77 minutos demasiado tarde”, dijo Koskoff en una rueda de prensa.
“Hoy estamos agradecidos de poder unirnos a las familias de las víctimas al alcanzar un acuerdo que nos permitirá recordar la tragedia de la escuela Robb Elementary mientras seguimos adelante juntos como comunidad”, señaló la alcaldía de Uvalde en un comunicado, satisfecha por el acuerdo. Más dinero podría haber supuesto la bancarrota para las arcas de la pequeña localidad.
Inicialmente la policía local trató de encubrir su negligencia al señalar que habían hecho todo lo posible por evitar la tragedia. Sin embargo, desde un principio quedó claro que tardaron demasiado en abatir a Ramos. Tal y como confirmaron a EL MUNDO Daniel y Matilde Myers, testigos presenciales desde las afueras del colegio, varios padres trataron de entrar al recinto escolar. Javier Cazares, cuya hija pereció en el ataque, quiso organizar un grupo para actuar porque “la policía no estaba haciendo nada”, un sentimiento que confirmaron las investigaciones posteriores.
Ramos llegó a su antiguo colegio a las 11:28 de la mañana conduciendo el coche de su abuela, que estrelló en una zanja cercana, antes de entrar al recinto escolar sin resistencia. El tirador logró llegar a una de las clases y matar a 19 niños y dos profesoras. Contrario a lo que se apuntó inicialmente, la mayoría de los estudiantes fallecieron en los primeros minutos del tiroteo.
Además de las demandas contra la policía de Uvalde y del estado de Texas, tanto padres como familiares de los niños asesinados han emprendido acciones legales contra Daniel Defense, la compañía de Georgia que fabricó el arma usada por Ramos.