La vacunación “VIP” en Argentina, es una grave violación a los Derechos Humanos.
Por Javier Ruiz
Según la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la obligación de los gobiernos es “Abstenerse de tratos discriminatorios”. Argentina, es el máximo ejemplo de abuso de poder.
Vacunarse por fuera de las normas, no es un error, es un delito. El “vacunagate” reúne todos los elementos que define al actual gobierno: incompetencia, ineptitud y privilegios.
Además, vacunarse por afuera, es un acto de corrupción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), consideran que las vacunas contra el COVID-19 son fundamentales para superar la pandemia. Por ello, hacen un llamado a los Estados de la región a priorizar la salud pública y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al momento de tomar decisiones o adoptar políticas relativas a la aprobación, adquisición, distribución y acceso a tales vacunas.
El acceso universal a las vacunas y la inmunización extensiva contra el COVID-19, son un bien de salud pública mundial. Consecuentemente, todos los Estados deben tener acceso libre y rápido a vacunas seguras, de calidad, eficaces, asequibles y accesibles, para garantizar la inmunización a gran escala frente al virus como forma de prevenir el virus.
Frente a un escenario global de escasez, competencia y dificultades de negociación en la compra de vacunas a empresas farmacéuticas, la urgencia de la inmunización es todavía más patente tomando en cuenta la aparición de nuevas variantes del virus, inclusive potencialmente más contagiosas.
En dicho contexto, resulta imprescindible que las políticas públicas y medidas relativas a la vacunación, estén centradas en la salud pública y en un enfoque integral e interdependiente de derechos humanos.
En particular en los derechos a la vida, a la salud y a beneficiarse del progreso científico, con base en la mejor evidencia científica disponible y atendiendo los principios propios del enfoque de derechos humanos, a saber: igualdad y no discriminación, participación social, acceso a la justicia, acceso a la información y rendición de cuentas, como las perspectivas de género e interseccionalidad.
Y FUNDAMENTAL, garantizar el acceso universal a las vacunas con prioridades basadas en criterios de salud pública.
La accesibilidad a las vacunas seguras y efectivas para prevenir el COVID-19 implica obligaciones y medidas concretas para los Estados, entre las que destacan las siguientes:
- Abstenerse de tratos discriminatorios en el acceso a las vacunas sobre la base de las categorías prohibidas en los instrumentos interamericanos de derechos humanos, removiendo los marcos regulatorios y obstáculos normativos que pudieran generarlos;
- Garantizar la accesibilidad económica o asequibilidad para todas las personas, lo que implica que el acceso a las vacunas sea de forma gratuita, al menos para las personas de menores ingresos o en situación de pobreza, asegurando que el poder adquisitivo de las personas no resulte un factor que impida o privilegie su inmunización.
- Asegurar que todas las personas bajo su jurisdicción accedan físicamente a las vacunas, disponiendo medidas para fortalecer la infraestructura necesaria para la distribución de vacunas en todo su territorio y garantizar el acceso en zonas rurales, periferias, como otras áreas remotas a las ciudades o centros urbanos;
- Garantizar el acceso a toda la información relevante sobre las vacunas, como sobre el acceso y la administración de las mismas, asegurando el ejercicio del derecho al consentimiento informado.
Los Estados deben dar prioridad a la vacunación de las poblaciones en mayor vulnerabilidad frente al COVID-19; asegurando al tiempo que las personas bajo su jurisdicción no sean discriminadas por la falta de inmunización.
Hay una clara violación de parte del gobierno argentino, a un plexo normativo de carácter universal y fundamental, tanto en el sistema interamericano, como en el sistema europeo de derechos humanos, pero mas aun por la inmoralidad y la corrupción de los funcionarios.
El #VacunaGate de Argentina es el escándalo más grave que vivimos desde el retorno de la democracia. Supera cualquier hecho de corrupción o decisión política de cualquier gusto. Ante una pandemia donde la gente puede morir un gobierno eligió salvar a los propios. Insuperable.
Los vacunados VIP deben rendir cuentas ante la justicia junto a las autoridades que organizaron el sistema de privilegios. Se trata principalmente de delitos contra la administración pública (corrupción) que no se hubiesen perfeccionado sin la concurrencia de quienes resultaron privilegiados.
El gobierno y Alberto no toman aun dimensión de la crisis que desataron. No alcanzan a dimensionar aun las consecuencias, porque ni ellos lo saben. Error en sacar a Gines. Con ello no alcanza. Rompieron la “confianza” que tenía la gente con el gobierno, para la gestión en la pandemia.
Lo único que tenían que hacer en una pandemia (que lleva más de un año), era mostrar buena gestión en salud. Y fueron incapaces de ello. Y para revertirlo, por su propia impericia (ideologizarlo todo) no tienen vacunas. Y el remedio, es peor que la enfermedad. Vizotti, cambiar para que nada cambie.
Gestión fracasada. Gobierno acabado. No tiene nada más que hacer. Dios y la Patria se lo van a demandar. Y el pueblo, se lo va a agradecer.
Dr. Javier A. Ruiz,
Abogado, Especialista en Derecho Internacional.
(Encargado de Ciencias Sociales, Red de Academicos de los Paises Bajos)