El Gobierno rechazó pagarle al presunto testaferro del ex vicepresidente; mañana comienza el juicio oral.
Alejandro Vandenbroele tasó su arrepentimiento: pidió US$ 1 millón, y más protección para él y su familia, pero ante la negativa oficial se tomó unos días y comunicó que quería romper su silencio igual, siempre que le dieran garantías. Pero una filtración interesada abortó ese acercamiento, según surge de nuevos datos a los que accedió LA NACION.
Las tratativas comenzaron hace dos meses y se alargaron durante semanas, en las que un efectivo de la Prefectura Naval sirvió de primer puente entre Vandenbroele y el Gobierno. El prefecto transmitió el mensaje, que llegó a la cúpula de la fuerza y de allí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, por otro lado, tenía su propia vía de llegada a la familia del presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou. Ese primer mensaje fue elocuente: Vandenbroele viajó desde Mendoza, está en un departamento de Puerto Madero junto con el prefecto y a su abogada, Liliana Cobas, y quiere acogerse al régimen del arrepentido y al programa de protección de testigos, según reconstruyó LA NACION.
Las versiones comienzan entonces a mostrar matices, aunque comparten la esencia. Desde el Gobierno afirman que Vandenbroele llegó más lejos. Que dijo que estaba cansado de ser “mantenido por Brito, que le pasaba una mensualidad”, en alusión al banquero Jorge Brito, y que pedía “un millón de dólares para dar el paso”. Junto al potencial arrepentido sostienen que no aludió a Brito, sino a “los dueños de la plata”, y evitaron precisar cifras, sino que Vandenbroele sí pidió que le dieran garantías “de seguridad, para que no lo maten, y de que podrá mantener una cierta posición económica”, indicaron. Pero reafirmaron que no buscaba “un beneficio económico”.
Bullrich se reunió a solas con Cobas. Pero rechazó pagarle a Vandenbroele. “No vamos a hacer «la gran Galeano»”, indicó, en alusión al entonces juez federal de la causa AMIA Juan José Galeano, que le pagó US$ 400.000 a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a Carlos Telleldín para que declarara como testigo y terminó destituido y acusado.
La ministra dio otros tres pasos. Alertó a los jefes del programa de protección de testigos, que depende del Ministerio de Justicia, y al juez federal a cargo del “caso Ciccone”, Ariel Lijo, que replicó que Vandenbroele fuera de inmediato a su juzgado, mensaje que le comunicó a la abogada del potencial arrepentido.
Pero lejos de envalentonarlo, la aparición de Lijo inquietó a Vandenbroele, que al igual que algunos colegas de Comodoro Py le adjudica al magistrado una solapada cercanía con Brito, algo que Lijo siempre negó, indignado, cada vez que LA NACION lo consultó sobre esas versiones.
El equipo de Bullrich evaluó entonces evitar a Lijo e intentarlo con el fiscal del “caso Ciccone”, Jorge Di Lello. Pero ya era tarde. Vandenbroele comenzó a recibir llamadas amenazantes en su teléfono celular y enfrió las tratativas por primera vez, tal como ayer reveló LA NACION. Optó por marcharse a Mendoza para “evaluar sus opciones”. Unos días después, comunicó que quería intentarlo otra vez y volvió a Buenos Aires. Aunque el paso sólo puede darse en la etapa de instrucción de una causa penal -no cuando ya está en la instancia oral-, Vandenbroele aún tenía forma de lograrlo. Podía entrar, por ejemplo, a través de la causa por los $ 7,8 millones de comisión que cobró The Old Fund por el canje de la deuda del gobierno de Formosa tras una decisiva intervención de Boudou, entonces ministro de Economía.
Limitaciones
El problema es que, con el paso de los días, esa negociación -en teoría secreta- ya se había filtrado lo suficiente como para que allegados de Boudou se acercaran a Tribunales todos los días para preguntar si Vandenbroele ya había dado el paso. Y luego llegaron las filtraciones periodísticas, a fines de agosto. Primero en Radio Rivadavia; después, Clarín. ¿Quién lo filtró? ¿Para qué? “Ahí se cayó todo”, confiaron junto a Vandenbroele, según reveló ayer LA NACION. “Por temor a que le pegaran un tiro a él o a alguien de su familia. Es una lástima porque él podía ayudar a resolver esta investigación [por el caso Ciccone]? y otras también.” Desde entonces, el equipo de Bullrich intentó un tercer y último acercamiento. Contactó a un conocido de Vandenbroele, pero la respuesta fue negativa. Porque el presunto testaferro de Boudou ya cerró esa puerta, por desconfiar del juez Lijo y porque aún si pudiera resolver sus problemas en la Argentina seguiría bajo la lupa en Uruguay, que reclamó su extradición por presunto lavado.
El juicio por la venta de Ciccone comenzará mañana.
Las evidencias que prueban el vínculo
La Justicia reunió pruebas que confirman la existencia de vínculo entre ambos. Las llamadas entre Vandenbroele y el secretario privado del ex vicepresidente, los viajes compartidos entre el abogado y el entonces jefe de gabinete de Boudou Guido Forcieri o la admisión del abogado de que durmió en el departamento del ex funcionario son sólo algunas.