Revisaron en detalle la situación que atravesó la empresa, en estado de cesación de pagos desde diciembre de 2019. Dificultades para acceder al financiamiento externo, aumento de los costos y devaluación, entre los principales motivos.
Tras varios meses de análisis de situación, el informe de los síndicos de Vicentin fue contundente: la crisis financiera de la compañía y su situación de cesación de pagos respondió “a un conjunto de interrelaciones entre distintos factores” que se combinaron y no al vaciamiento al que apuntó el presidente Alberto Fernández para promover su estatización. Entre ellas menciona las dificultades de la compañía para acceder a financiamiento externo, el aumento de costos financieros, la devaluación y la incertidumbre financiera tras las PASO.
Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco aclaran en el escrito que a partir distintas circunstancias y hechos que mencionan a lo largo de las más de 150 páginas que contiene el informe, “se entrelazan una serie de causas conformando la típica clasificación de causas mixtas”, en línea con lo que había dicho la empresa.
Entre ellas, mencionan las crecientes dificultades para mantener la financiación por parte de terceros; la circunstancia que, con el Banco Nación (BNA), afectado por la relación RPC (Responsabilidad Patrimonial Computable) no pudiera recomponerse la cadena de prefinanciaciones que venía sosteniendo desde hacía tiempo, y el fracaso con entidades internacionales, como por ejemplo el Rabobank, para obtener nuevas líneas o reprogramar vencimientos.
Vicentin se encuentra en estado de cesación de pagos desde diciembre de 2019, con una deuda por $100.000 millones.
El informe se conoce cuando toma fuerza la propuesta de unos 70 acreedores granarios para reactivar la empresa para recuperar la cerealera santafesina con un plan que se basa en tres pilares fundamentales: el reconocimiento de las deudas para todos los actores involucrados; la separación en la gestión de la empresa de quienes la condujeron al default y la participación, junto a los productores, del Estado provincial y nacional en la búsqueda de una solución sustentable en el tiempo.
Este grupo de acreedores privados está integrado por productores, cooperativas y acopiadores damnificados.
En plena pandemia, a principios de junio de 2020, el Gobierno decidió la intervención de Vicentin y el envío al Congreso de un proyecto de expropiación de la compañía. Meses antes, en febrero, la empresa había pedido el concurso de acreedores. Poco antes de que asumiera Fernández al frente de la Casa Rosada ya había anunciado la imposibilidad de cumplir con sus pagos.
Punto por punto, las causas que menciona el informe de los síndicos
- La decisión de los productores de granos de fijar precios en forma anticipada ante la posibilidad de que se aumentaran las retenciones como medida para aumentar los recursos del Estado. “A partir de las elecciones PASO fueron incesantes las versiones en ese sentido”, indica el escrito.
- El crecimiento de los costos financieros derivados de circunstancias ajenas a las decisiones empresarias.
- La devaluación del peso argentino.
- La inestabilidad de las variables macroeconómicas y entre ellas menciona el aumento del riesgo país, que es uno de los factores que facilita o no las financiaciones.
- Las condiciones climáticas adversas que derivaron en mayores costos operativos o provocaron tardanzas en la obtención de cosechas, como en el caso del girasol.
- La incertidumbre financiera que generó el resultado de las elecciones PASO, con fuertes retiros de depósitos en moneda extranjera.
- La imposibilidad de recurrir a fuentes de financiación alternativas.
- La inelasticidad de la estructura de comercialización para detener o retrasar las entregas anticipadas por parte de la producción.
- El peso de las financiaciones sobre los resultados operativos correspondientes a las inversiones necesarias para mantener e incrementar los volúmenes de producción y asegurar niveles de exportación comprometidos.
- Las controversias internacionales que derivaron en condiciones macroeconómicas inestables, entre ellos los conflictos arancelarios y las crisis migratorias.