El juez Hugo Greca definió la condena de prisión en suspenso para seis mujeres. Además, un hombre de la comunidad también fue condenado por usurpación.
Este lunes, el juez Federal subrogante de Bariloche, Hugo Greca, leyó la condena a las mujeres integrantes de la comunidad mapuche acusadas de usurpar el predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi.
La condena fue de dos años y dos meses de prisión en suspenso para Marta Jaramillo, María Nahuel, Romina Rosas y Ailén Tapia, que tendrán la obligación de presentarse ante el Patronato de Presos y Liberados de Río Negro, periódicamente y de fijar domicilio.
En tanto, Jésica Bonnefoi, que cargaba con una condena previa por la agresión a una uniformada durante el procedimiento de desalojo desarrollado en noviembre de 2017, recibió la misma pena, pero se dictó la unificación y quedó con una pena única de 2 años y 2 meses de prisión.
Por su parte, Johana Colhuan y Gonzalo Coña, también fueron acusados, pero por una segunda usurpación posterior al primer desalojo. Acusados por el delito de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas, recibieron una condena de dos años y seis meses de prisión. Para ambos rigen las mismas pautas de conducta que para las otras mujeres condenadas.
El magistrado consideró que la utilización de piedras, palos y lanzas, por parte de los acusados, para repeler la acción de las fuerzas federales durante los procedimientos, supone la misma peligrosidad que un arma convencional, dado el escenario de altura en el que se enfrentaron a los uniformados.
El contenido final de la sentencia completa, que será dada a conocer en los próximos días. El juez Greca desestimó la medida de restricción de acceso al territorio en conflicto que había solicitado el fiscal Rafael Vehils Ruíz como parte de las pautas de conducta que debían respetar para sostener la condicionalidad de la pena y evitar ir a prisión.
La usurpación en Villa Mascardi
El delito que se les endilga es la usurpación de dos predios pertenecientes a la administración nacional, en los que ingresaron el 10 de noviembre de 2017.
En esas mismas tierras fue asesinado Rafael Nahuel, integrante de la comunidad, en el marco de un intento de desalojo que ordenó la Justicia Federal. La muerte de Nahuel desactivó la recuperación del predio y dio lugar al regreso de los mapuches, quienes permanecieron hasta octubre de 2022 en ese y otros sitios aledaños.
Cristian Larsen, presidente de Parques, adelantó que el organismo no “va a negociar con delincuentes, que desconocen la existencia del Estado Argentino y que acuden a métodos violentos para intentar avanzar con sus reclamos territoriales”.
El funcionario está en Bariloche para participar de la audiencia inicial.
Los abogados del organismo querellante intentarán demostrar los hechos vandálicos que protagonizó la agrupación mapuche, los cuales están documentados debido a que la misma comunidad se los adjudicó luego de la irrupción.
En primera instancia, Parques Nacionales intentó recuperar la posesión de las tierras y accionó penalmente para lograrlo, aunque sus funcionarios fueron agredidos por miembros de la Lafken Winkul Mapu. Luego, durante la gestión de Fernández, tuvo una actitud contemplativa con la agrupación e incluso buscó soluciones alternativas y propuso el regreso del grupo a las tierras fiscales.
En ese contexto, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, elaboró un convenio – que luego fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia – en el que el gobierno se comprometía a construir viviendas a los mapuches, cederles las tierras de Villa Mascardi y otras en un sitio más alejado, en el lago Guillermo, para la instalación del resto del grupo.
El acuerdo fue, a decir de la conducción actual de Parques, “escandaloso”. Sin embargo, un punto que ocupará minutos durante las audiencias es la existencia del “rewe”, una figura amorfa de madera que aún se erige en los predios en litigio por decisión de la ex jueza federal Silvia Domínguez.
Entre los antecedentes del caso, el organismo nacional hará mención de un ataque vandálico a la instalación eléctrica del paraje – que afectó el suministro de toda la Villa – y los atentados contra funcionarios, turistas y miembros de fuerzas de seguridad.