ATILRA, el sindicato liderado por Héctor Ponce, se negó extender a la conciliación obligatoria y retomó las medidas de fuerza, que complicaron la producción en varias plantas de la cooperativa láctea. El extraño pago de $200 mil en efectivo a cada trabajador.
La cooperativa láctea Sancor volvió a entrar en conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA): tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el martes pasado, el sindicato liderado por Héctor Ponce retomó las medidas de fuerza que ocasionaron problemas en la producción de la empresa: en una de sus plantas hubo que desechar unos 3.000 litros de leche que se usa para la chocolatada, no pudo fabricarse la leche en polvo y volvió a bloquearse su acceso para impedir la entrada de la materia prima que proviene de los tambos.
Voceros de Sancor afirmaron que la intransigencia mostrada por ATILRA confirmaría que apuesta a “forzar la quiebra” de la cooperativa porque “se está cumpliendo el plan acordado con el gremio para cumplir en un plazo de 45 días el pago de una deuda salarial”. Según esas mismas fuentes, los trabajadores están cobrando 250 mil pesos por semana y la semana que viene recibirán 300 mil.
La poca voluntad de negociar, de acuerdo con la empresa, se puso en evidencia cuando finalizó el período de conciliación obligatoria y, ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo invitó a las partes a extenderlo de manera voluntaria, pero ATILRA se negó y reanudó las protestas.
El miércoles 24, pese al paro de la CGT, la producción en las plantas de Sancor fue casi normal y pudo cumplirse con los planes de producción, pese a que hubo empleados que se fueron del trabajo para sumarse a las movilizaciones de protesta que se hicieron en distintas ciudades del interior.
Los problemas para la cooperativa comenzaron entre el jueves 25 y el viernes 26, cuando circularon audios de activistas sindicales entre los trabajadores para informar de la realización de asambleas de 6 horas por turno que, en la práctica, se convirtieron en paros de actividades. En uno de ellos se escucha a un supuesto delegado que le dice a alguien de la empresa que no van a obligar a nadie a adherir al paro, pero, al mismo tiempo, advierte: “Nosotros vamos a sacar a la gente, la vamos a sacar toda”.
Incluso hubo otro audio en el que un representante sindical afirmó que el gremio “le estará depositando 200 mil pesos” en efectivo a los trabajadores de Sancor “como compensación”, aunque todavía no está claro de dónde proviene el dinero para afrontar semejante gasto.
Aquella amenaza sindical hizo que el fin de semana pasado, cuando trabaja menos personal, la actividad fuera normal en la planta de Balnearia, en Córdoba, pero se paralizó en la de Sunchales, en Santa Fe, donde tiene mucha influencia el sindicato liderado por Ponce. Allí fue donde las medidas de fuerza derivaron en el apagado de la caldera, una medida considerada “acto de sabotaje” por la empresa y que determinó que la producción se quedara sin vapor ni aire comprimido, utilizados para fabricar distintos productos lácteos, por lo que no se pudieron procesar 3.000 litros de leche esterilizada que se usa para hacer la chocolatada, y tampoco pudo elaborarse la leche en polvo.
El lunes pasado, según fuentes de Sancor, los activistas de ATILRA no dejaron entrar en la planta de Sunchales la materia prima para cumplir con la producción, en otro de los clásicos bloqueos sindicales que la Justicia consideró un delito. El panorama en las distintas plantas, sin embargo, fue disímil: en La Carlota (Córdoba), sólo 4 empleados adhirieron al paro dispuesto por el sindicato. Algo similar ocurrió en la sede de Devoto (Córdoba), donde el personal jerárquico se encargó de producir el queso crema. En la planta de Gálvez (Santa Fe), hubo empleados suficientes para producir el queso feteado, pero no se reunió a los trabajadores necesarios para la fabricación del queso procesado.
Cuando el paro comenzó a sentirse con más intensidad, Sancor envió a sus empleados, a través de su cuenta de WhatsApp, un mensaje en el que afirmó que si les impedían trabajar normalmente, la ley sanciona a quienes ejercen la violencia para obligar a una persona a adherir a un paro y recordó que existe una línea telefónica, la 134, para denunciar ese tipo de actitudes contra los trabajadores.
La continuidad del conflicto en Sancor llevó a la intervención del ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, quien esta semana visitó las plantas de Sunchales y de Gálvez para hablar con los trabajadores e interiorizarse del enfrentamiento que mantienen la cooperativa láctea y el sindicato.