El fiscal de menores Walter Martínez Soto analizó el caso del chico de 13 años acusado de un violento asalto, advirtió sobre el rol de los adultos que encubren delitos y alertó por el avance de redes delictivas juveniles, el consumo de drogas y la falta de políticas de investigación criminal efectivas.
El fiscal del fuero de menores Walter Martínez Soto se refirió al caso del adolescente de 13 años acusado como autor material de un violento asalto, una causa que volvió a poner en el centro del debate el rol de los adultos que rodean a los menores involucrados en delitos y las limitaciones del sistema penal para dar respuestas de fondo.
En diálogo con la 99.9, el fiscal explicó que, en este expediente, la investigación apuntó a desarticular una banda integrada principalmente por menores, mientras que los mayores de edad quedaron imputados por encubrimiento. En ese marco, señaló que, si bien no se dictaron medidas restrictivas de libertad para los adultos, eso no implica el cierre de la causa. “La notificación de la formación de causa no significa que el expediente quede archivado. Tendrá un trámite distinto, más lento, pero la intención es dar una respuesta cabal”, afirmó.
Martínez Soto sostuvo que desde algunas fiscalías se viene adoptando una política criminal que busca visibilizar la responsabilidad de los adultos que se benefician o participan indirectamente de delitos cometidos por menores. “No puede pasar desapercibido que los mayores usufructúan elementos provenientes de un delito. No es gracioso ni inocuo participar, aunque sea de manera indirecta”, remarcó, aunque reconoció las dificultades para sostener detenciones en este tipo de casos.
Consultado sobre el contexto en el que se producen estos hechos, el fiscal advirtió que no se trata de episodios aislados y que el trabajo cotidiano del fuero se ve cada vez más complejizado. En ese sentido, alertó sobre el rol de las redes sociales y los grupos de mensajería como espacios donde los delitos se exhiben y se replican con una velocidad superior a la de las agencias estatales. “Muchas veces es la propia víctima la que aporta datos a partir de lo que circula en redes. Los chicos se sacan fotos, muestran el ‘trofeo’ y eso se convierte en material de investigación”, explicó.
Martínez Soto también fue crítico con los planteos que reducen el problema a la baja de la edad de imputabilidad. “Si hoy no nos da respuesta investigar hasta los 16 años, ¿qué va a pasar bajando a 14? ¿Hasta cuándo vamos a seguir bajando la edad?”, se preguntó. Para el fiscal, sin políticas de educación e inclusión, cualquier reforma penal será insuficiente. “No podemos construir futuro solo con cárceles. Hay que construir ciudadanía”, afirmó.
En ese marco, advirtió que el panorama es preocupante: “El 99% de los menores que llegan al sistema penal tienen serios problemas de consumo problemático de sustancias, y a partir de ahí la vinculación con el delito es casi inmediata”. A eso se suma, señaló, la falta de oportunidades laborales reales y la creciente naturalización de la violencia. “Nos llena de horror ver el nivel de violencia y la falta total de interés por vivir en sociedad”, sostuvo.
Finalmente, el fiscal fue especialmente crítico con el funcionamiento del Estado y las estructuras de investigación. “No hay un verdadero interés en ir al fondo del problema. Se le da publicidad a ciertos hechos para mostrar que se hace algo, pero no se ataca la criminalidad organizada”, afirmó. Y concluyó: “La justicia trabaja con causas ínfimas frente a lo que pasa en la realidad. Esa distancia explica el enojo permanente de la gente y el reclamo constante de justicia”.