El fiscal general Pettigiani denuncia persecución por parte de Eduardo Casal y la designación irregular de Daniel Adler como Fiscal de Distrito.
Tal como lo destaca muy bien el Fiscal General de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani en su denuncia, Mar del Plata es uno de los bastiones fuertes de la aberración conocida como «Justicia Legítima», un movimiento dentro del Poder Judicial Nacional que viene hace años provocando desastres por impulsar causas motivadas por intereses políticos e ideológicos, alejándose de la interpretación de la ley que dicta el más básico sentido común.
Desde hace años, Pettigiani viene sufriendo persecución y hostigamiento, justamente, por ser uno de los pocos fiscales en nuestra ciudad que no pertenece a este grupo afín al kirchnerismo. Sin embargo, esta disputa, larga y desgastante, ha producido un nuevo capítulo que, por su gravedad, no le dejó otra opción al Fiscal General que denunciar penalmente al Procurador General interino Eduardo Casal, en una situación inédita en la historia de la Justicia en nuestro país.
Obligado a denunciar
«Cuando la violación de la ley es flagrante, uno tiene la obligación de denunciar», aseguró Pettigiani en una entrevista brindada a la FM 99.9 en donde se explayó al respecto del contenido de esta denuncia penal que presentó contra Casal.
Afirmó que hubo persecución sistemática, designaciones ilegales, violación del sistema acusatorio, protección política en causas sensibles y graves irregularidades en investigaciones de trata y narcotráfico.
Sostuvo que su decisión de denunciar al Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, fue «durísima», pero obligada por una situación «de flagrante violación a la ley». «Fue una decisión que llevó mucho tiempo, donde previamente se intentó generar alertas y advertencias. Lamentablemente no fueron oídas y me forzaron a terminar en este camino que uno no quiere, pero que como funcionario público es la obligación de denunciar», afirmó.
Pettigiani describió un proceso «que comenzó hace años por parte de la Procuración», al que definió como «una persecución sistemática», coronado por la implementación del sistema acusatorio en Mar del Plata «en absoluta y franca violación de la ley». Señaló que la decisión se tomó «sin recursos, sin respetar los procedimientos legales y adoptando resoluciones que iban contra las propias normas».
Recordó que la ley establecía que la designación del Fiscal de Distrito debía surgir de un concurso entre los fiscales generales de la jurisdicción: «Sólo somos dos. Deberíamos haber presentado proyectos de trabajo y, en base a eso, el Procurador tomar una decisión. Tenían diez años para hacerlo y nunca avanzaron». En cambio —remarcó— se optó por reemplazar fiscales con acuerdo constitucional por secretarios «a los que se les dio un rango de auxiliares fiscales, pero que no dejan de ser funcionarios sin las garantías necesarias, que pueden ser removidos administrativamente si tocan algún interés de poder».
El Fiscal General denunció que, además, se ignoró el concurso para la designación del Fiscal de Distrito y se nombró «a dedo» a un funcionario que —según señaló— mantiene un vínculo de parentesco con el Procurador Casal. «No sólo no cuidó las formas que exige la ley, sino que designó ilegalmente un funcionario para un cargo que debía ser concursado», apuntó. A esto sumó la decisión de quitarle competencia en unas 2.000 causas iniciadas antes del 7 de abril, que legalmente debían continuar bajo su órbita: «Deciden trasladarlas a los fiscales de instrucción de manera ilegal, poniendo en peligro la acción penal».
En su repaso, Pettigiani afirmó que la persecución «comienza casi simultáneamente» con su intervención en la causa Stornelli en Dolores y se profundiza cuando expone «la falta de compromiso con el narcotráfico» y la existencia de una política criminal «ideologizada» en materia de trata. «Advertíamos realidades en Mar del Plata, se las comunicábamos al Procurador y no había respuesta. Ni siquiera preocupación», sostuvo.
Sobre la denuncia vinculada a las viviendas del programa gestionado por Juan Grabois en Mar del Plata, fue categórico: «La Procuración se encargó de completar la presentación de Grabois, que estaba incompleta, y me arma un sumario por haber expuesto que en Mar del Plata no se habían hecho las obras de infraestructura ni se habían terminado las casas, pese a que se había cobrado todo. Eso hoy se puede seguir constatando». Para Pettigiani, todo se explica dentro de una «defensa de las políticas kirchneristas y de los intereses construidos alrededor de la trata», donde —según remarcó— había «un monumental sistema de burocracia e intereses».
Consultado sobre la relación entre Casal y el fiscal designado como Fiscal de Distrito Daniel Adler, respondió: «Existe una relación de parentesco que el Dr. Casal expuso en muy pocas oportunidades y en momentos muy estratégicos, pero que no cuidó donde debía: en la designación del fiscal de distrito».
El Fiscal General también describió las consecuencias de esta política en las causas de trata: «Si la sociedad tuviera más información sobre lo que pasa en estas causas, sería espantoso. Tuvimos que llegar a tres juicios orales para demostrar que no se trataba de trata. En el medio hubo personas que pasaron dos años y medio en Marcos Paz injustamente». Relató incluso el caso de un trabajador que estuvo al borde del suicidio: «Lo salvó la empatía de un jefe de la unidad que le dio un pedazo de tierra para armar una quintita. Eso lo mantuvo en pie».
«Llevamos más de 15 absoluciones en causas de trata. Hubo 15 persecuciones ilegales contra ciudadanos marplatenses. Usted sabe lo que es la pena del proceso: no sólo la pérdida de libertad, sino la pérdida económica, el daño psicológico. Pero acá, por una cuestión ideológica, se sostiene sin control», insistió.
Pettigiani cerró señalando que todas estas advertencias fueron elevadas reiteradamente a la Procuración: «Pero tomar medidas implicaba ir contra ciertos sectores políticos. Y mientras tanto, los ciudadanos siguieron sufriendo las consecuencias de estas políticas equivocadas».
La denuncia
En su denuncia, Pettigiani dice: «Vengo por el presente a solicitar la urgente intervención de V.S. a través de la apertura de una formal investigación por los hechos que, a continuación, se describen, en razón de que están en juego el Estado de Derecho, la vigencia de la ley, las atribuciones y formas de designación de los Fiscales de la Nación (120 CN).»
Añade: «Nuestro país tiene una relación conflictiva con la ley y la única forma que tenemos de crecer como sociedad es con la aceptación de la plena vigencia del Estado de Derecho, donde el obrar del Estado sólo es legítimo si se ajusta a los estrictos márgenes de la ley. Por ello, la presente denuncia pretende que seamos los Fiscales, los encargados de defender la legalidad, los primeros en cumplirla. Cuando quien viola la ley es la máxima autoridad de los Fiscales, caemos a un peligroso lugar de facto, por lo que urge restituir el accionar del Procurador General de la Nación interino, al marco legal que nos rige.»
Pettigiani expone el vínculo que une a Casal con Adler: «El […] incumplimiento se verificaría, también, con el dictado de la Res. PGN 7/25 y está dado por no haberse excusado debido a su relación de parentesco con el Fiscal General Daniel Adler, en la designación de este como Fiscal de Distrito, conforme establece el artículo 11 de la ley 24946 […]. Dicha excusación evidencia que debería haberlo hecho en todas las actuaciones, en las que interviniera su pariente, y no sólo en las que considere conveniente, como lo hizo, ya que dicha omisión se tradujo en la pérdida de objetividad, en relación con el suscripto, y explicaría la persecución y el castigo a que me sometió.»
El fiscal general también detalla diferentes situaciones de persecución que vivió, y claras situaciones de abuso de autoridad: «En este hecho, el abuso de autoridad se habría concretado el día 30/12/24, al notificarme de una resolución del Procurador Interino, Dr. Eduardo Casal, firmada el sábado 28 de diciembre a las 22.45, en la que establece: «…En virtud de lo expuesto corresponde llamar severamente la atención del Dr. Pettigiani acerca de su proceder y para que en el futuro evite acciones de esta índole, arrogándose atribuciones que no le son propias y adecue su actuar a las formas previstas en la Ley orgánica de este Ministerio Público Fiscal…». Esta sanción, aplicada sin proceso previo alguno y formulada frente a la interposición de un amparo en defensa de los Fiscales por parte del suscripto, es la mejor muestra de la actividad indebida que nuestro Código Penal pretende proscribir ya que, más allá de la improcedente sanción, constituye el ejemplo de una instrucción particular que, tanto nuestra Constitución Nacional como la Ley de Ministerio Público, prohíben.»
Además, la denuncia agrega: «Se solicitará la investigación de la persecución a que fue sometido el suscripto, por diferencias ideológicas y de política criminal, por parte del Señor Procurador interino a través de diferentes metodologías: quita de empleados de la Fiscalía sin explicitar razones […], formulación de sumarios de forma sistemática y por causas inverosímiles […]; discriminación en concursos (Fiscalía de Distrito MDP) o reemplazos de magistrados y acoso laboral al pretender notificar presuntos resultados de sumarios cuando me encontraba de licencia por razones de salud […], todo ello con el exclusivo fin de silenciar a quien lo dejaba en evidencia frente a la política criminal que se desarrollaba en la jurisdicción y a quien constituía un obstáculo para designar a su pariente en la función de Fiscal de Distrito.»
Finalmente, la denuncia abunda al respecto de la designación de Adler como Fiscal de Distrito, en claro incumplimiento de lo que establecen las normas: «Este nuevo incumplimiento se verifica en la forma en que se designó el Fiscal de Distrito, ya que la Res. PGN 7/25, constituyó una violación al artículo 18 de la ley 27148 sin justificación valedera alguna, pues la urgencia en la implementación no se puede alegar por haber sido autoimpuesta y se utilizan argumentos falaces para vulnerar esa obligación.»
Continúa: «En la jurisdicción somos solo 2 Fiscales Generales. El 17 de diciembre de 2024, se anunció la implementación para el 4 de abril del 2025. El Procurador interino contaba con más de 5 meses para que se presenten los proyectos y elegir quien se desempeñaría por los próximos dos años. En lugar de esto, se optó por efectuar una designación ilegal utilizando un argumento falso».
«Por último, en la ya citada Res. PGN 7/25, el Procurador Interino cercenó atribuciones y competencias del suscripto, lo que constituirán sendas violaciones a la Ley de Ministerio Público Fiscal, la 23984, la 27063 y a los artículos 23 y 31 de la ley 27150 de implementación del CPPF. En efecto, la resolución 7/25, luego de reconocer que las causas anteriores a la entrada en vigencia del CPPP, esto es el 7 de abril, se rigen por la ley 23984, 27063 y 27150 […], establece en su página 20, que los fiscales de Instrucción continuarán con el trámite de las causas iniciadas con anterioridad, aún durante la etapa de juicio, violando lo señalado anteriormente, invadiendo atribuciones del suscripto y colocando a los Fiscales de Instrucción en la situación de actuar sin competencia.», asegura.
«Claramente, el legislador estableció que la competencia de la Fiscalía de Juicio a mi cargo no se altera, en la totalidad de las causas iniciadas hasta la entrada en vigencia del CPPF, sin modificaciones, lo que coloca en el terreno de la ilegalidad a la resolución del Procurador interino», añade.
Luego abunda: «Las circunstancias en que se está llevando adelante la dirección del MPF son inéditas en la historia de la Institución, ya que la misma se está gestionando a través de un interinato, que lleva casi 8 años, resultando el funcionario que más tiempo ha ocupado la función de Procurador, sin la legitimación constitucional ni la consecuente independencia que ello conlleva, para hacerlo. Este es un dato que no debe pasar desapercibido, pues se vincula con la falta de políticas criminales claras, o con la decisión política de implementar el sistema acusatorio «normalizando» que se integre, en su mayoría, con funcionarios «interinos» o que no cuentan con la legitimación (ni el respaldo que conlleva), de contar con la designación que la Constitución exige, debilitando de esta manera la independencia y autonomía de los Fiscales.»
Pettigiani explicita las razones detrás de la persecución que sufre: «El origen de esta persecución, que se traduce en los hechos que se denuncian, está dado por la profunda diferencia político ideológica que existe con el otro el otro Fiscal General de Mar del Plata, Daniel Adler, pariente al que Casal pretende proteger, en razón de que Adler ha sido un abanderado de las causas que abrazaba el kirchnerismo, por lo me he visto en la vereda opuesta repetidamente. Lo expuesto y la relación de parentesco entre Adler y Casal es lo que ha llevado a este último, en forma sistemática, repetitiva, hostil y arbitraria, a que me persiguiera e inclinara, ilegalmente, la balanza hacia quien resulta, como veremos, su pariente, alejándose de la visión autónoma, objetiva e independiente que debe presidir la actuación de los Fiscales, conforme norma el artículo 120 CN.»
Añade: «Casal está vinculado parentalmente con el Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, a través de la madre de este, Hebe Lucila Casal, manteniendo una relación fluida de parentesco entre ellos. Los incumplimientos de los deberes legales por parte de Casal continuaron, más allá de la omisión deliberada en el ilegal sometimiento a la ilegal acción del Ministro de Justicia, en cuanto «rogarle» que cumpla la ley y no denunciarlo ante los fiscales correspondientes por su decisivo y sistemático incumplimiento de la misma, al implementar el sistema sin fondos.»