Caso D’Alessio | El fiscal de Cámara apoya el pedido de anular toda la prueba que surgió de los celulares de D’Alessio. Al detenido lo presionaron para que brindara sus códigos sin haber citado al defensor, y eso no se puede hacer. La causa pende de un hilo.
Marcelo D’Alessio es el renombrado mediático que se presentaba como abogado, y quien aún hoy permanece detenido acusado de comandar una red de espionaje ilegal contra políticos y empresarios vinculados a la AFI, al gobierno anterior, a fiscales y a jueces. En las oportunidades en las que pudo explicarse, el nombrado relató que se diplomó en derecho fuera del país, y que rechazaba el ofrecimiento para ser considerado arrepentido, aunque —sin dudas— su aporte de información podría sumar mucha información en las causas.
“Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa”, dijo D’Alessio en su oportunidad, pero permaneció detenido, sumamente deteriorado en lo emocional.
Pero, ahora, todo el caso pende de un hilo tras el dictamen del fiscal general ante la Cámara Federal de Mar de Plata, quien solicita la anulación de la prueba central de toda la investigación judicial: los dos teléfonos de alta gama del detenido. Las pruebas que comprometen a la mayoría de los acusados provienen de esas memorias: las conversaciones con otros implicados en la causa, y los diálogos que D’Alessio compartía con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con la diputada de la Coalición Cívica Paula Olivetto, y con el periodista Daniel Santoro.
Se trata de un dictamen firmado por el fiscal Juan Manuel Pettigiani que pone la decisión en la Cámara Federal de Mar del Plata después de casi dos años y medio de instrucción. Cabe agregar que el fiscal del caso, Juan Pablo Curi, considera que D’Alessio y los primeros procesados en la causa deben ir a juicio.
El cuestionamiento partió del abogado defensor de D’Alessio, Claudio Fogar, quien fue atendido por Pettigiani. Pero, según consta en material de prensa, ya en el año pasado el fiscal de la Cámara de Mar del Plata aseguraba que le llamaba la atención que en una causa donde se evalúan supuestos aprietes, ablandes o puestas en emergencia a testigos, el magistrado instructor, Ramos Padilla, se salteara los límites e hiciera que el acusado abriera su teléfono —a través de la huella o del rostro— por la fuerza: “Entiendo que deberá revisarse la validez constitucional de dicha extracción de claves, que se realizara sobre el imputado D’Alessio, como la utilización de declaraciones vedadas por parte del imputado”.
El camino
El 21 de febrero de 2019, días después de ser detenido, D’Alessio era trasladado a una sede de Prefectura en la Capital Federal. Su abogado defensor no estaba presente ni había sido notificado. Afirmaron que estaba su perito de parte para la apertura de sus teléfonos celulares, pero resulta que a esa altura Rubén Martín ya se había retirado. De las 19 personas presentes, ninguna era afín a los intereses del acusado: eran expertos oficiales y de querellas, funcionarios judiciales, y de seguridad.
Lo que pasó en esa habitación con un detenido tan deteriorado emocionalmente, que ya había dicho públicamente que no deseaba seguir viviendo, y que tuvo que ser trasladado al hospital de Ezeiza por su seguridad, derivó en un habeas corpus en su favor, y una denuncia penal contra Ramos Padilla, que quedó radicada en Comodoro Py.
En julio de 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró la denuncia contra el entonces juez por inexistencia de delito, porque los testigos y veedores que participaron en la diligencia coincidieron en que Marcelo D’Alessio realmente había entregado los códigos de apertura de sus iPhones voluntariamente y sin ningún tipo de coacción de los funcionarios judiciales del Juzgado Federal de Dolores.
Pero lo cierto es que el abogado de D’Alessio pidió formalmente, hace poco más de un mes, la nulidad de las pruebas que se habían obtenido a través de ese teléfono, porque él no había estado presente en ese procedimiento. Y, por más que tanto el fiscal Curi como el juez Martín Bava —magistrado de Azul, quien estuvo a cargo del juzgado de Dolores de manera transitoria— habían rechazado ese pedido, la defensa presentó la correspondiente apelación y obtuvo el apoyo del fiscal de Cámaras Pettigiani, quien por fin apoyó la moción de la defensa porque consideró que había sustento para afirmar que se lo había obligado a declarar en su contra y que, de esa manera, podía decirse que se habían violado sus derechos constitucionales.
“D’Alessio se encontraba devastado emocional y psicológicamente y con temor de morir”, había dicho el defensor. A su criterio, el juez de instrucción usó de manera ilegal la fuerza para que el imputado se auto incriminara al hacerlo desbloquear el teléfono sin la presencia del defensor. El juez autorizó “hacer uso de la fuerza indispensable” para que el acusado abriera su celular, lo cual le dio tanto miedo que hizo que diera los códigos que no pensaba dar. ¿Qué iban a hacer para tomarle la huella? Es como si hubiese declarado en su propia contra por miedo.
Según el abogado Fogar: “decir que D’Alessio se encontraba actuando libremente sin su voluntad viciada está fuera de lógica. Mi cliente en su indagatoria ofreció sus claves a cambio de ser beneficiado con un arresto domiciliario. Intuitivamente ya solicitaba ser oído como arrepentido, pero está fuera de tema traer colación de dichas manifestaciones de un hombre recién detenido”. A esto se suma que había interrumpido forzosamente su medicación psiquiátrica.
Actualización
Marcelo D’Alessio estaba enfrentando un juicio oral desde la cárcel de Ezeiza donde se encuentra detenido ante el Tribunal Oral Federal 2. Terminó allí a causa de las extorsiones que el empresario Gabriel Traficante denunció en su contra. Junto a él, terminarían en el banquillo de los acusados dos ex agentes de la AFI y el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, quien tuvo en sus manos la causa por el Triple Crimen de General Rodríguez.
Pero la relación entre el abogado Marcelo D’Alessio y el periodista jefe de Judiciales del diario Clarín Daniel Santoro fue una de las grandes incógnitas de la investigación sobre espionaje, extorsión y corrupción que investigaba el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
De cualquier manera, para sostener la relación entre ambos, hacen falta los chats que se habrían cursado entre ambos, en donde se refieren al ex directivo de la petrolera venezolana Gonzalo Brusa Dovat, la manera en que se gestó aquella reunión en el restaurante Sarkis de Palermo, y la información que intercambiaron en la previa a la declaración en Comodoro Py ante Carlos Stornelli. Si toda la prueba que proviene de los teléfonos queda fuera del expediente, sería bastante improbable que el tribunal lograra probar vínculos entre los actores que sostuvieran el proceso contra quien fuera presentado como asesor en cuestiones de narcotráfico.
Dijo Pettigiani: “el exceso en el ejercicio de sus atribuciones, se produce al saltar a la defensa y generar un clima de coerción sobre un imputado vulnerable (quebrado psicológicamente y con miedo a morir), que lo obliga a prestar una declaración contra su voluntad ya que, como vimos, pocos días antes había expresado su voluntad de no hacerlo”.