La matanza de El Martillo | Un tribunal dictaminó prisión perpetua para los culpables de la sangrienta matanza, pero señaló la responsabilidad de la policía y la fiscalía por no intervenir adecuadamente. Los dejaron que se arreglen “entre ellos”.
“Acto de salvajes”, tal la frase con que calificó el juez a la imagen que ofrecía la autopsia de una de las víctimas. Pero luego agregó que las cosas habían llegado al punto donde la sociedad permitió que llegaran, porque nadie intervino a tiempo. Una vez más, la ausencia del Estado, que no protegió a nadie, ni a los vengadores ni a los vengados, y dejó que un supuesto ajuste de cuentas se convirtiera en una escena del fin del mundo.
La muerte de Nelson Alderete sucedió cuando un grupo de personas con el propósito de vengarse ingresó a la habitación donde él y José Heredia se encontraban escondidos, en calle Sicilia 7285. Ya había habido varios incendios y muertes anteriores. Alderete ya había disparado contra Brian Falcato esa misma noche, y lo había matado.
Pero como aclara el juez Riquert, “se advierte que en una misma ciudad aparecen dos categorías de ciudadanos: los de las áreas céntricas/residenciales y ‘el resto’ de los de los barrios más periféricos, donde el contrato social entre gobernantes y gobernados se ha resentido, al punto de no intervenir con la intensidad necesaria”. Los dejaron que se arreglaran entre ellos, tal como había dicho un policía.
Ahora, el tribunal en lo criminal n°3, integrado por los magistrados Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Silvina Darmandrail, evaluó la responsabilidad de quienes resultaron ser coautores en el homicidio doblemente agravado por ensañamiento, y con el concurso premeditado de dos o más personas. Los hechos acontecieron el 7 de mayo de 2017 contra Nelson Alderete, por lo cual fueron condenados a prisión perpetua Alexis Juárez, Angel Adrián Chávez, Mariano Lescano y María Belén Palavecino.
Los jueces pudieron acreditar que a Alderete se le escuchó gritar y pedir auxilio, que lo sacaron de la casa de calle Sicilia cuando el cuerpo ya había sido quemado y mutilado, que en la calle volvieron a prenderle fuego y que, al cabo de un rato, dejaron que algún perro comiera del cadáver. El examen de autopsia, en el cual participó el médico Ulises Sánchez, reveló que Nelson Humberto Alderete murió por shock hipovolémico seguido de carbonización casi completa de la superficie corporal.
En el debate, el profesional exhibió fotografías que obtuvo durante la inspección del cuerpo, y explicó cuáles era las lesiones vitales. Dijo que en vida, Alderete sufrió las heridas de la espalda, y que el brazo le fue amputado antes de comenzarse la incineración. Pudo arribar a esta última conclusión porque la médula estaba quemada. De lo contrario, las llamas no habrían llegado a ese lugar.
El médico mencionó además una herida intercostal, y explicó que de seguro había más, pero que no pudo constatarlo porque faltaban varias partes del cuerpo al momento del examen. Dos cuestiones del examen destacó el tribunal: que había sangre dentro del corazón y que Alderete estaba respirando antes de ser incinerado. Es decir, que lo quemaron vivo.
“Suma cero”
El juez Riquert citó la obra de Carlos Nino “Un país al margen de la ley” y agregó que, a su criterio, aquel diagnóstico hoy se agudizó: “ya no se trata del mero incumplimiento de las normas, si no que aparecen bajo la superficie otras ‘normas míticas o códigos prácticos’ que en forma ‘paralela’ se encuentran vigentes, y que rigen en determinado territorio para sus habitantes, donde sus derechos básicos se encuentran fuertemente resentidos. Este fenómeno se observa principalmente en las periferias de las grandes ciudades de nuestro país. Precisamente, esta situación fue la que se observó en forma clara en este juicio. No sólo la ausencia del Estado sino que los conflictos entre ‘grupos antagónicos’ de un barrio de nuestra ciudad como ‘El Martillo’ se resuelven ‘entre ellos’”.
El magistrado consideró sumamente preocupante que la respuesta de los poderes públicos haya sido la de rendirse sin más, y dejar que los habitantes de aquel barrio se arreglaran entre ellos. Agreguemos que durante este debate no declararon los jefes policiales, y que sólo lo hizo el jefe de calle de la Seccional 16 y dos efectivos del Comando, que reconocieron que la cuestión los había sobrepasado. La policía recién ingresó a la zona después de las 3 de la mañana.
Pero el juez Riquert es crítico con esta conducta pasiva, y agrega que la fiscalía también demostró su ausencia desde un primer momento: “la investigación debió estar en cabeza de la fiscal de turno, pero ésta lució por su escasa participación y ausencia absoluta en el lugar del hecho”. Es verdad que la hoy apartada fiscal María Isabel Sánchez no fue al lugar de los hechos, ni tampoco lo hizo el fiscal general, aunque la norma así lo indica. Frente a un hecho que fue público y notorio en toda la ciudad, que duró alrededor de ocho horas, donde hubo disparos, muertos, incendios, heridos de armas de fuego y arma blanca, se perdió toda prueba que permitiría identificar a otros autores o partícipes, porque no había nadie que se ocupara de ello.
Dice el juez: “No se pretende que, si corre peligro su vida, la fiscal vaya al lugar del hecho, pero por lo menos, ante la gravedad y cantidad de los mismos, debió hacerse presente en algún lugar cercano, dirigiendo la investigación”.
Eso no es todo: la actuación de la policía comenzó con la presencia de personal de la comisaría 16° que corresponde a la jurisdicción de ese barrio. Pero como indica el fallo, “nada útil hizo”, sino que, mientras ocurrían los hechos de incendio y tras haber acontecido una primera muerte de un joven de 15 años, en el lugar se constituyó sólo una patrulla del Comando —Sergio Rivero— que fue recibida a balazos mientras ayudaban a apagar el incendio de la vivienda de Alderete.
En ese momento, intercedió María Belén Palavecino para que su grupo no lo atacara. Pero no lo hizo para pacificar el conflicto, sino para logar resolverlo entre ellos, es decir, por fuera de las fuerzas de seguridad. Recién horas después reapareció la policía cuando el cuerpo de Alderete estaba tirado en la calle, calcinado.
Menciona el juez el estupor que le causaron los numerosos llamados al 911 que efectuaron todos los vecinos y familiares, que son prueba en el juicio. Dijo en el fallo: “La exigencia por parte de los operadores de datos totalmente irrelevantes, la falta de respuesta efectiva y de contención a los llamantes, hace también necesario remarcar que las personas que desarrollan esa labor, sean debidamente capacitadas, porque la falta de profesionalidad que escuchamos resulta alarmante. Buenas herramientas tecnológicas pero mal utilizadas, llevan a una suma cero”.
Explica además que si la Seccional 16° estaba desbordada, tampoco intervino la Jefatura Departamental. Ni otras fuerzas de seguridad como la Prefectura y Gendarmería, que no se hicieron presentes ni aparentemente fueron convocadas. Sin embargo, hace referencia el juez, con frecuencia vemos sus camiones blindados parados, con personal militarizado que controla el tránsito en las calles.
La historia anterior
La historia de las interrelaciones personales entre los distintos imputados, puede ubicarse más de doce años atrás, cuando todos ellos habitaban en el asentamiento que se conocía como la Villa de Paso, sobre la cual hubo un proceso de relocalización. A casi todos ellos se les proporcionó vivienda en El Martillo. En aquel entonces, Angel Adrián Chávez (Baggio), Alexis Rodolfo Juárez (Rodrigo), Mariano Iván Lescano (Chaky), María Belén Palavecino, “los Moyano”, “los Sotelo”, y Nelson Alderete eran vecinos y algunos eran amigos.
Pero ahora, después de varios años desde un homicidio inicial que databa de 2010, varias muertes los trajeron hasta aquí, donde el barrio es otro, y los roles de cada uno se fueron delimitando en la tierra de nadie.
María Belén Palavecino es ahora una mujer con mucho poder, y se la vincula a la venta de droga en los barrios de El Martillo, Pueyrredon y Las Heras. Dice el tribunal cuando describe la actuación de la mujer: “Se trató de matar al rival, de exterminar al enemigo y demostrar quién era ella y el poder que tenía”, dice el juez. Según los testigos, ella estaba frente a las cenizas de Alderete, gritando: “…tiráselo a los perros para que se lo coman…” La filmación se exhibió en la audiencia, porque algunos con sus teléfonos celulares filmaban el estado en que había quedado Nelson Alderete, mientras un perro comía de su cuerpo. Había gente que gritaba y disparaba armas de fuego en señal de festejo, mientras otros despedían a sus muertos en el HiGA.
Pero no todos los vecinos participaban de estos hechos aberrantes. Mientras esto sucedía, hubo casi 70 llamados a la Central del 911, que corroboran la desesperación que generó en todo el barrio la gravedad de los incidentes producidos, y también la postura que tomaron los ahora imputados para impedir el acceso de los servicios de seguridad, de asistencia y de los bomberos. Prendieron fuego coches en los accesos al barrio, lo cual al parecer fue suficiente. Nadie acudió. La policía, se dice, le avisó a los bomberos que ni se acercara, que los dejara que se arreglaran “entre ellos”.
Nadie pensó en los demás. Nadie protegió a Benjamín Alderete por ejemplo, hijo de la víctima, quien al momento de los hechos tenía 5 años de edad, y hoy cursa las tremendas consecuencias del trauma de haber visto las atrocidades de las cuales su familia fue víctima.
Por todo esto es que el tribunal elige detallar el contexto en cual se sucedieron los hechos, y hablar de la falta de actuación de las distintas autoridades dentro del marco de sus competencias. Y agrega: “considero —y así lo propongo a mis colegas— que debe comunicarse este decisorio para que tomen conocimiento fehaciente de la ausencia de los dispositivos estatales en situaciones de profunda gravedad como la evidenciada en autos; y por su intermedio se evalúe la elaboración —en forma participativa y dialógica— de protocolos de actuación entre el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, la Municipalidad de General Pueyrredón y otros actores sociales que coadyuven (universidades, ONG´s, entre otros), siguiendo como pauta los compromisos convencionales asumidos por nuestro país”. Propone crear un Comité de Crisis que intervenga cuando las fuerzas previstas se declaran incapaces de hacerlo, y los hechos exceden lo que las fuerzas ordinarias tienen previsto. Porque no es posible que la sociedad civilizada permanezca observando cómo en ciertos sectores de la sociedad las cosas se arreglan con el “ojo por ojo”. Cuando eso sucede, el que ejecuta la venganza no es el único salvaje. Es salvaje también el que lo permite.