Denuncias contra el Estado | Fue desestimada la denuncia de Claudia Rodríguez contra la actual administración comunal. Se dice que esta forma parte de una oleada de presentaciones judiciales con escaso asidero, que generan pérdida de dinero y tiempo en tribunales. Los funcionarios amenazan con acusar a los denunciadores seriales por temeridad.
La gestión de Carlos Arroyo no demoró nada en aclarar que el descubierto bancario que gestionó para pagar los sueldos en mayo de 2016, no podía compararse con aquel por el cual el ex intendente estaba cuestionado. Gustavo Pulti y algunos de sus ex colaboradores serían indagados por otros seis hechos tipificados como malversación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que en reiteradas oportunidades había generado descubiertos bancarios sin proceder de acuerdo a la norma, es decir salteándose la autorización expresa del Concejo Deliberante. Lo había hecho para afrontar gastos corrientes, como el contrato de la basura.Entre las cosas que se le reprochan al anterior gobierno figuran los gastos para la organización de la Expoindustria, haber recurrido al uso de fondos de terceros para pagar gastos corrientes, y haber utilizado giros en descubierto para cumplir con compromisos para los cuales, en determinados momentos, el municipio carecía de fondos en efectivo.
Pero como quien juega una pulseada, cuando la gestión de Carlos Arroyo tuvo que hacer uso del descubierto para pagar los sueldos de los municipales y el contrato de la recolección de residuos, es decir en mayo de 2016, Acción Marplatense, generó la respuesta que no se hizo esperar: presentó un pedido ante la Fiscalía General para que se investigara esta decisión, remarcando que había sido adoptada sin que existiera ninguna norma legal que la convalidara. En aquella oportunidad, la presidenta del bloque de concejales de ese partido, Claudia Rodríguez, había dicho: “si hay que investigar, hay que investigar a todos. Si hay delito para unos, tendrá que haber para todos. Y si no hay delito, no habrá delito para nadie”.
También el contador Daniel Pérez -quien fuera secretario de Economía de Pulti-había presentado una nota ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia pidiendo “una urgente e intensa investigación” ante la posibilidad de que el gobierno de Arroyo haya utilizado “un financiamiento transitorio en las cuentas bancarias del municipio en el Banco de la Provincia sin la correspondiente autorización del intendente ni del Concejo Deliberante”. Decían que era necesaria una investigación para determinar si el hecho indicado se encontraba reñido con la Ley Orgánica de la Municipalidades y, eventualmente, constituía o no una infracción a la ley penal.Pero -por supuesto- Pérez es precisamente uno de esos ex funcionariosdenunciado porJosé Cano porhaber avalado un procedimiento similar.
Los procedimientos del descubierto eran iguales.El entonces secretario de Hacienda, Reinaldo José Cano, había aclarado las cosas hace más de un año: “Me parece bien que lo hagan”, dijo en relación ante el pedido de investigación, y trató de aclarar los motivos por los cuales aquel viernes de mayo tuvo que recurrir al uso del descubierto, en medio de una huelga de municipales y de recolectores de basura: “teníamos una situación complicada para pagar los sueldos”, y aseguró haber comunicado sus planes a los presidentes de bloques.
Expuso el funcionario en conferencia de prensa: “Les dije que entrábamos en un pequeño exceso en la cifra que podemos girar en descubierto, pero que lo corregiríamos este lunes. De hecho, ya está corregido”, aseguró, y afirmó que “cuando la gestión anterior giraba en descubierto, no estaba autorizada legalmente”.
Una más
La denuncia desestimada forma parte de una verdadera oleada con la que la oposición pretende cobrarse las denuncias por corrupción que cursan en tribunales de diferentes jurisdicciones. De hecho a nivel nacional, el ministro Garavano fue a una mediación con el diputado Tailhade, pero el denunciante no asistió.
Un nuevo procedimiento viene a entrenarse en la esfera pública, y surgió cuando empezaron a proliferar las denuncias contra funcionarios y dirigentes macristas. La cúpula del oficialismo decidió responder judicialmente contra los denunciantes, siempre y cuando las causas pasaran al archivo.
La contraofensiva judicial de la Casa Rosada está amparada bajo los conceptos de temeridad,que es la palabra que se utiliza en la jerga judicial cuando el que litiga no tiene fundamentos para hacerlo, y aun así lo hace. También se habla de real malicia, cuando la denuncia se realiza por una simple cuestión de mala fe.
Parece ser que el primero que hará uso de la contraofensiva judicial será el ministro Germán Garavano, quien demandó civilmente por daños y perjuicios por $2 millones al diputado Rodolfo Tailhade, a quien acusa de ser uno de los tres denunciadores serialesque -por sus acciones cargadas de temeridad y real malicia-permanecen en la mira del oficialismo. Los otros son Fernando Míguez, de la Fundación Por la Paz y el Cambio Climático, y el abogado Leonardo Martínez Herrero.
En el ámbito local, fue el exsecretario de Salud Alejandro Ferro quien fue contra su par actual, Gustavo Blanco, a quien pretendió acusar de calumnias e injurias. Ferro expuso que en junio de 2016, Blanco prestó su palabra a dos entrevistas radiales en las cuales expuso que el secretario de Salud de la gestión anterior y actual edil había incurrido en malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y estafa contra la administración pública. Por esta razón dijo encontrar elementos de peso para sentirse agraviado, y fue a los tribunales a pretender denunciarlo por tales dichos que a su criterio constituirían injurias. El juez en lo correccional Jorge Luis Rodríguez respondió que el Código Civil era muy concreto al respecto, y que excluía de la figura de calumniase injurias a cualquier frase que se refiriera a asuntos de interés público, porque cercenar las expresiones acerca de cuestiones de gobierno sería una manera de coartar los derechos democráticos. Cualquier ciudadano tiene derecho de expresarse a su gusto sobre asuntos de interés público, y de hecho las aseveraciones aludidas nada dijeron sobre la vida personal del funcionario, sino que se refirieron a su desempeño como parte del gobierno saliente. Por tal razón, el magistrado no puede más que rechazar la presentación in limine, es decir, antes de tratarlo: a carpeta cerrada.
No es lo mismo
En cuanto a la denuncia presentada por Claudia Rodríguez sobe el desempeño del área de economía de la comuna, es decir sobre aquel descubierto bancario que la denunciante pretendía homologar a aquellos por los cuales había sido denunciado el exintendente Gustavo Pulti, el resultado no ha sido demasiado diferente.
Si bien la presentación fue tratada en la Unidad Fiscal n° 10 referida a Delitos Económicos contra la administración pública, la justicia responde que la denuncia será desestimada porque los hechos allí expuestos no constituyen delito. Específicamente:“los términos aquí denunciados, se encuentra dentro de un marco de legalidad que nos permite excluir, con los mismos alcances ya descriptos, la existencia de un ilícito penal en los términos de lo previsto por el art. 260 del CP. No se encuentra acreditada la concurrencia de la totalidad de los elementos normativos y subjetivos que el tipo penal demanda”.
La explicación a la inexistencia de delito es clara y breve. Obedece a dos cuestiones planteadas: la posible malversación de fondos y el exceso en el descubierto bancario no autorizado. Pero segúnse explica, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires – órgano de regulación de las municipalidades en lo económico- no debe sancionar a quienes utilicen fondos para un fin distinto de aquel para el que fueron previstos, si esta operación se hace de acuerdo con la normativa vigente. Por lo tanto, no puede hablarse de malversación.
Y en lo referido al descubierto bancario, dice la justicia que no hay aquí una evidencia de dolo, es decir que – más allá de las circunstancias particulares que rodearon al caso- no hubo una voluntad de ocultar el procedimiento inusual a los jefes de los distintos bloques del Concejo Deliberante: “lo hasta aquí obrado nos lleva a concluir que no nos encontramos en presencia de un ilícito penal que merezca ser abordado en su tratamiento de manera integral por el Ministerio Público Fiscal. Tampoco se vislumbra la posible existencia de pruebas pendientes de producción que permitan sortear este estado de situación”.
Es decir que, de los testimonios obtenidos de los integrantes del Concejo Deliberante, puede deducirse que la autorización exigida por la ley fue requerida con anterioridad al uso del mecanismo de financiamiento empleado, lo que evidencia que los integrantes del departamento ejecutivo no tuvieron una intención de ocultarlo.
De hecho quedó en claro que el dinero necesario para hacer frente al pago de los sueldos se encontraba disponible, pero en otra de las cuentas de la municipalidad, y no era posible efectuar una transferencia de los fondos porque se registraba en ese momento una caída en el sistema. Por esa razón, y por encontrarse en una jornada deparo del personal en reclamo de esos mismos salarios que se procuraba pagar, sehizo uso de esta herramienta legal momentánea, ya que la transferencia necesaria para hacer frente al descubierto se iba a cumplimentar en los primeros días de la semana siguiente.
Pérdida de tiempo y de dinero. Funcionarios judiciales cuyos sueldos paga el Estado pierden tiempo revisando papeles que carecen de sustento y ni siquiera son encuadrables en la figura legal prevista. Y todo por un recuadro en la tapa del diario. Muy caro.