Juzgados federales | Nuevo reclamo para el juez Inchausti. Ahora parece que deniega excarcelaciones sin argumentos jurídicos válidos. El abogado de los gitanos lo acusa de discriminación ante la Cámara Federal de Apelaciones, y de armado de causa.
El allanamiento de las casas de los gitanos de Mar del Plata, el embargo de sus coches a la venta y la detención de varios integrantes de la comunidad ya fueron noticia, porque la prensa cubrió los eventos pintorescos. Sucedió que en tales procedimientos se secuestraron no sólo vehículos automotores, sino además miles de formularios de los llamados 08, para la venta de rodados, que daban cuenta de décadas de operaciones. Además, había escopetas de caza que los acusados tenían en su poder.
Parecía que la acusación contra Walter Esteban, Ezequiel Demetrio y otros no pasaría de la obvia figura de evasión impositiva, ya que las operaciones de compraventa se realizan a puro contado, y no hay bancarización ni declaración de los activos en AFIP. Es decir que no se pagan los correspondientes tributos al fisco. Pero no fue así.
Para empezar, el juez les aplicó una inexplicable prisión preventiva extemporánea, que ahora el abogado Martín Ferrá viene a denunciar, porque se llevó a cabo con posterioridad de que se hubiesen cumplido los plazos legales previstos, que es de 10 días posteriores a la indagatoria. Parece ser que Demetrio, por ejemplo, fue detenido el 9 de septiembre, e indagado el 11 del mismo mes. El auto de procesamiento con prisión preventiva, sin embargo, tiene fecha del 7 de octubre: diez días después de lo permitido. Algo similar sucedió con Esteban.
Pero esto no es todo. El abogado acusa además al juez de inventar una falsa hipótesis delictiva, que considera fraguada por ese magistrado junto con su agente fiscal: ambos pretenden configurar un presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico, aunque hasta el momento, si bien mantienen a los acusados en prisión, no han podido presentar una prueba sólida de aquello que sospechan.
Dicen que lo dijo la fiscal. Dicen que lo aportó la inteligencia policial federal. Pero el letrado considera que existe en realidad una maniobra de armado de la causa, ya que el magistrado se basa únicamente en una supuesta vinculación de sus defendidos con otras personas de la misma comunidad, que fueron oportunamente acusadas de tráfico de estupefacientes. Para Ferrá, lo que tienen en común es que conocen. Como todos los gitanos.
Momento aciago
El abogado Ferrá agrega que el juez Inchausti procede a ejecutar “una maniobra repetitiva de englobamiento generalizado de personas y hechos que nada tienen que ver con la realidad de las pruebas”. Para lograrlo, utiliza en sus argumentaciones una serie de frases genéricas e inespecíficas que tienen el fin espurio de unir y vincular a personas que no tienen ninguna relación entre sí: “grupo”, “entorno”, ”allegados”, “vinculados”, “familiar”, “global”.
Cita además una serie de frases imprecisas que aparecen en la respuesta del juez a los reclamos, las cuales generan la sensación de que se presume la existencia de un posible delito, acerca del cual el juez carece de pruebas precisas. A cambio de eso, dice: “maniobra global en término de lavado de dinero”, “domicilios vinculados con el resto de los detenidos”, y lo que es peor, “domicilio donde se habrían visto vehículos radicados en registros de otras jurisdicciones”. Nadie sabe qué quieren decir estas cuestiones, o a quién no le caben semejantes generalidades, como decir que se trata de alguien con “aproximación número de DNI” o “mismo apellido materno”. De esta manera, una persona podría ser acusada de todos los delitos que cometieran sus primos lejanos, o aquellos que hayan sido inscriptos en el Registro Civil el mismo día. Una verdadera locura.
Lo peor es que el juez Inchausti justifica sus actos diciendo que hace esto “para asegurar el debido proceso” y “atrapar todo el universo de casos y conductas posibles”, ya que asegura estar juzgando una “maniobra general” de personas con vínculo de parentesco, a lo cual sería posible agregar, como casi todos los gitanos.
Ferrá agrega que el juez está incurriendo en una ilógica construcción temporal, ya que pretende conectar a los detenidos con delitos de narcotráfico ocurridos en los años 2013, 2014 y 2015, y la documentación que aporta son los certificados secuestrados de coches comprados, que datan de operaciones realizadas con anterioridad a la fecha. Por lo tanto, no es posible que se estén lavando activos provenientes del narcotráfico con transacciones comerciales realizadas con anterioridad a que se hubieren cometido semejantes delitos.
Para colmo de males, aquellos delitos aludidos fueron intentos frustrados, porque la droga fue secuestrada antes de que pudiera comercializarse un solo gramo. No se vendió, por lo tanto jamás ingresó un solo peso producto de esa droga. Es decir que jamás pudieron los ahora defendidos, haber lavado dinero o comprado autos con el producto de esos hechos.
Desarticulada la posibilidad del lavado, al juez sólo le queda decir que las personas nombradas permanecen en prisión por la tenencia de armas de uso civil: las tan mentadas escopetas de caza. Pero resulta que esa figura delictiva prevé una condena de menos de dos años, es decir que se trata de un delito plenamente excarcelable. Entonces, ¿por qué permanecen los gitanos en prisión? ¿Porque son gitanos?
Los argumentos que da el juez cuando rechaza los pedidos de excarcelación son más de lo mismo: habla de peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, posible contacto con personas prófugas, capacidad económica, complejidad de la investigación. Nada preciso. No se entiende por qué están presos.
Lo que sí se entiende es que el juez se justifica diciendo que en el domicilio de un gitano fue visto otro gitano. Y que ese otro sí estuvo acusado de narcotráfico. Se pregunta el abogado, si lo vieron allí, ¿por qué no lo detuvieron? Si no lo hicieron, les cabría entonces el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la denegación y retardo de justicia.
Los gitanos
Llegamos entonces al punto en que los gitanos están presos porque son gitanos. Porque conocen a otros gitanos. Porque tienen apellido gitano, y costumbres gitanas, lo cual implica una flagrante violación a la norma: infracción a la ley antidiscriminación 23.592, en su condición de etnia.
Cuando rechaza el pedido, Inchausti dice que están pendientes de análisis las pruebas colectadas, a lo cual el abogado Ferrá responde demostrando el craso error jurídico, que no sólo comete el magistrado sino que admite sin verguenza: una persona no espera detenida a que se analicen las pruebas en su contra, sino que es detenida una vez que este proceso se hubo realizado con un resultado positivo. Se trata de una violación del derecho de defensa. Pero además, dice Inchausti que deben permanecer detenidos porque resta aún realizar pericias sobre las armas secuestradas, lo cual implica otro error garrafal, ya que es imposible indicar de qué manera uno de los acusados podría, si estuviera en libertad, obstaculizar pericias sobre armas que ya fueron secuestradas. Imposible.
Los tribunales están que arden. Los profesionales de la Justicia se están encerrando entre ellos, poniéndose zancadillas, haciéndose tomas a traición, enfrentándose y privilegiando unas y otras investigaciones, según le convenga a cada uno. Sin ir más lejos, catorce abogados se dirigieron recientemente al Tribunal Federal 1 para pedir que no se restrinja a los profesionales el acceso a las fotocopias de un expediente, ya que semejante maniobra, lisa y llanamente, no les permite trabajar. Parece que hicieron un único escaneo parcial e impreciso de una causa, y pretenden que todos los abogados se arreglen con echarle una miradita porque ni siquiera eso les dejan sacar.
En Bahía Blanca, los tribunales se han convertido en bandos en pie de guerra con dos parcialidades y acusaciones cruzadas. Gils Carbó acaba de firmar la designación de dos funcionarios, aunque parece que no ha esperado la correspondiente autorización de la Cámara. La resolución es del 17 de octubre, y reza que Leandro Massari vuelve para estos lares, a desempeñarse en la Cámara, y Laura Menna hará lo propio en la fiscalía del Tribunal 2. Vale recordar que el primero resultó acusado en el confuso episodio del choque, destrucción y abandono de un Renault Megane del juzgado mientras subrogaba Ramos Padilla, que volvió a Dolores el 31 de diciembre. Massari era uno de los ocupantes, a la sazón adscripto, autorizado por la Procuración, ahora que Bahía Blanca y sus tribunales han quedado en el centro de la posible investigación sobre la ruta del dinero K.
Pero en Mar del plata, el eje de los cuestionamientos es para el juez federal Santiago Inchausti, a quien Ferrá le recuerda el primer párrafo del artículo 280 del Código de Procedimientos en lo Penal, según el cual la libertad de las personas sólo puede ser restringida de acuerdo con las disposiciones del Código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. Habrá que ver ahora si Inchausti lee lo que le cuestionan, o está ocupado persiguiendo gitanos.