La causa Hooft | Por fin Pettigiani pudo exponer su verdad ante la justicia federal, y contó que el fiscal de la causa Hooft actuó presionado. Lo escuchó de su boca, pero no lo dijo antes porque no lo dejaban declarar. Una olla de presión que está a tope.
El Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, prestó declaración testimonial ante el Juzgado Federal n°3 de Mar del Plata en el marco de una causa por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, que se sigue contra quienes se habrían puesto de acuerdo para llevar adelante una causa contra el exjuez Pedro Federico Hooft.
El Fiscal General ya había hecho constar su testimonio en un acta notarial, efectuada en el momento en que se le notificó que, aunque había sido ofrecido como testigo en el juicio contra el exjuez, su testimonio no había sido aceptado como prueba. Hay que explicar que Pettigiani y Kishimoto habían compartido un espacio de trabajo en el edificio de Viamonte y Colón, en donde estaban asentadas todas las fiscalías federales. El relato indica que en una oportunidad Pettigiani concurrió al despacho de Kishimoto, ya que compartían una causa. Entonces fue que se produjo una situación que el testigo califica como catártica: le dijo que no había nada contra Hooft, y que lo estaban empujando tomar decisiones que no quería para que la causa tomara forma. “No recuerdo las palabras exactas, pero el concepto era ese”, afirma el testigo.
Para Pettigiani, lo que encontró fue “un compañero asustado”, y recuerda que lo que le contestó a Kishimoto fue “que hiciera lo que su conciencia le dijera”, y le recordó un antecedente, una causa en la cual Kishimoto había tomado la decisión de recurrir por indicación del Fiscal de Cámara de ese momento, que era precisamente Adler. Se estaba refiriendo a la causa seguida contra el fiscal Marcelo García Berro, y agregó que de alguna manera esto le permitiría blanquear la situación de presión a la que estaba expuesto.
El juez Héctor Plou le peguntó entonces si Kishimoto había manifestado en la oportunidad quién era la persona que lo presionaba para tomar decisiones en contra de las pruebas que se habían reunido en la causa, quién lo obligaba a actuar en contra de su conciencia, y la respuesta fue categórica: Daniel Adler y Jorge Auat, director de la unidad fiscal creada para coordinar las causas respecto de los delitos de lesa humanidad. “Si mal no recuerdo, el acto para el que lo presionaban era el pedido de llamado a declaración indagatoria del juez Hooft”, afirma el declarante. Lo que Kishimoto le había planteado era que en realidad no había prueba suficiente para sostener ese llamado a indagatoria. Pettigiani asegura que lo que se encontró fue un compañero atormentado, y que sólo trató de transmitirle “la forma en la que yo tomo las decisiones”.
El caso
Ya en 2016, el abogado Federico Hooft dio precisiones en la 99.9 sobre el fallo del Tribunal de Casación que abría una investigación sobre César Sivo, Daniel Adler y el juez Bava, acusados de armar una causa en contra del juez Pedro Federico Hooft. En su momento, había presentado una denuncia con la grabación del fiscal Claudio Kishimoto aceptando estas maniobras, pero primeramente no fue aceptada, en virtud de que la situación en la que se registró la prueba era considerada irregular.
“Le quieren cortar la cabeza”, había sido la frase con la que el fiscal Claudio Kishimoto había catalogado las presiones sobre el proceso. Aceptaba que había sido presionado por otros fiscales y funcionarios judiciales para presentar la elevación al juicio de una causa “armada” por varios abogados de la ciudad, fundamentalmente César Sivo, Natalia Massineo y Fernanda Di Clemente. El hombre no daba más, y ya en oportunidad de cruzarse en los pasillos del edificio de tribunales, le había manifestado al defensor Federico Hooft la convicción de que la causa iniciada contra su padre, el juez Pedro Hooft, era una venganza personal.
Del otro lado, había denunciantes que argumentaban que el juez no había intervenido suficientemente en su deber de detener las atrocidades que efectivamente la última dictadura militar cometió en contra de la vigencia de los derechos humanos. Es decir, se lo acusaba de no haber sido suficientemente ejecutivo en la tramitación de ciertos hábeas corpus a favor de presos políticos. Por eso Federico Hooft se presentó en la casa del fiscal Kishimoto para hacerlo hablar, munido de un grabador oculto. En esa oportunidad, el funcionario reconoció que todos y cada uno de los supuestos querellantes estaban de acuerdo en destrozar la carrera del juez, y también su vida entera, detrás de una supuesta venganza personal que apenas atinaba a desenmarañar: “Sí, sí, me pusieron una pistola en la cabeza a mí”, decía tratando de justificarse delante del hijo del acusado, con quien lo une una antigua relación profesional. “Mis vecinos me dicen que soy un hijo de p… y así me siento”, confirmaba.
Ya en 2016, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, a través de los votos concordantes de los doctores Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani, declaró la legalidad y validez de la prueba aportada por la grabación de la conversación. En este marco, y a partir de cuanto podía surgir de dicha prueba, la Sala III consideró que la prematura desestimación de la denuncia ordenada en las instancias previas no se ajustaba a derecho y en consecuencia la anuló, apartó a los magistrados intervinientes y ordenó que se investigaran las hipótesis presuntamente delictivas formuladas por el querellante. De esta manera, los magistrados de la Casación pedían investigar el accionar de Adler, Sivo y Bava en estos expedientes y denuncias.
En 2017 se conocía la declaración del juez Rodolfo Pradas acerca de la actitud que vio en el fiscal Kishimoto en los tiempos en los que llevaba adelante la acusación contra Pedro Federico Hooft por pretendidos delitos de lesa humanidad. Aseguró que el fiscal tenía miedo, y que no era el único caso, porque según dicen, si el jefe Adler te toma bronca, si no hacés lo que él dice, si no llevás adelante sus órdenes sin preguntar nada, sufrís las consecuencias en el trabajo, que terminan afectando tu vida, tu salud. El acoso aboral en su máxima expresión podría volverse extorsión. En este caso se representaba en la amenaza de aislamiento, en quedarse fuera de todo, en no poder avanzar en la carrera, o hasta ser acusado falsamente, lo que podría terminar en condena.
Los avances
Desde que Federico Hooft, con el patrocinio de Granillo Fernández, se presentó ante la justicia a denunciar el acuerdo mafioso que existe para sepultar en vida a Pedro Hooft, se comenzó a hablar de un posible delito de acción pública en la causa que llevaba adelante el juez federal Martín Bava. Los abogados mencionados denunciaron que el juez Hooft había sido objeto de una persecución penal desde marzo de 2006, cuando dos denuncias en su contra fueron presentadas desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, a quienes se sumó un grupo de querellantes que se autotitularon “representantes de organismos de derechos humanos”; los mismos magistrados y funcionarios habrían impulsado un proceso a sabiendas de que sus imputaciones eran infundadas y mendaces.
Si se consideran cada una de las palabras que constan en la grabación realizada en la conversación con el fiscal Kishimoto, se debe dar por aceptado que él habría efectuado requerimientos judiciales que no serían de su autoría intelectual, y algunos de ellos ni siquiera fueron escritos por él, sino que serían documentos redactados por el fiscal general Daniel Adler y por Eugenia Montero. Los papeles le habrían sido entregados para que los firmara coactivamente, y además refirió que desde la Procuración le habrían indicado que “de todos modos” los firmara. Considerando esto, se estaría cometiendo otro ilícito más: la falsedad ideológica. Además, Kishimoto no sólo afirmó la existencia de presión por parte de Adler, sino también de la Procuración, a través de Eduardo Auat, que le habría ordenado obedecer las directivas del citado fiscal general. Según esto, Auat estaría enterado de las conductas ilícitas de Adler, y además le habría ordenado a Kishimoto firmar un requerimiento cuyo contenido desconocía. De más está decir que las afirmaciones efectuadas por Kishimoto respecto de Auat, constituirían otro grave incumplimiento de los deberes de funcionario público, y darían cuenta de una actuación en grupo de varios funcionarios.
La grabación que ahora es prueba decía que era César Sivo el autor de la trama, y muchos consideraban que se trataba del pase de factura de Sivo y su gente, porque Hooft dejó al descubierto a sus clientes con un tema del que “no se habla”: la muerte de las prostitutas. Porque de los poderosos que intervienen en la trata y consumen prostitución de cualquier tipo, no se habla. Ahora, Pettigiani cuenta toda la verdad, la misma que ya había hecho constar en un acta notarial cuando no se aceptó su testimonio en el tribunal. Y aclara que nunca antes lo había visto al fiscal Kishimoto atormentado por llevar adelante otra causa similar, por más que su tarea lo había llevado muchas veces a tomar decisiones difíciles.
Pero claro que había antecedentes. Pettigiani cuenta que él mismo fue apartado de una causa y se le pretendió iniciar un sumario cuando no aceptó considerar delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos entre 1974 y 1976, simplemente porque no habían sido perpetrados por las fuerzas regulares del Estado. Respecto de aquel proceso sumarial que finalmente no prosperó, afirma: “Considero que el inicio del sumario fue una señal para el resto de los integrantes del Ministerio Público Fiscal a los fines de que no plantearan posiciones diferentes a las sostenidas desde la Procuración”. Lapidario.