Comisión bicameral | Pettigiani y Martínez Alcorta declararon ante la Comisión Bicameral de Control acerca de las presiones que se viven en el Poder Judicial y el posible armado de causas. Ahora necesitarán custodia.
No son los primeros. En los últimos tiempos, crecen los informes públicos presentados por funcionarios judiciales ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal de la Nación, cuerpo colegiado presidido por la diputada nacional Graciela Camaño. Esta vez fueron los fiscales Juan Manuel Pettigiani y el funcionario Santiago Martínez Alcorta quienes se hicieron presentes para dar cuenta de situaciones irregulares en el ámbito judicial, que tienen un común denominador: la arbitrariedad con la que actúa en fiscal general Daniel Adler, acostumbrado a presionar y asustar para hacer exactamente lo que quiere. O mejor aún, lo que le conviene.
En su exposición, el fiscal general ante el Tribunal en lo Criminal Federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani se refirió al reparto de recursos dentro del Ministerio Público: “Hubo una concentración de recursos en la cabeza, en la estructura central de la Procuración”, y agregó: “Los recursos deben ser acercados a quienes realmente tienen el problema”. Pidió que se tenga en cuenta la distribución de recursos en la futura ley, que modificará la Ley del Ministerio Público.
La cuestión era mucho más caliente, y en la comisión obviamente se sabía de qué se iba a hablar. Abrió el fuego la diputada nacional Silvia Lospennato, quien se manifestó en contra de las presiones que reciben algunos fiscales: “Los fiscales de la Nación tienen un rol central, por lo cual tienen que gozar de la absoluta independencia. Esta bicameral tiene como principal función tratar de hacer reformas legislativas para mejorar, en nuestro rol de control, el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”, afirmó la diputada del PRO.
Otro de los temas previstos en la reunión fue la reciente aprobación en Diputados del proyecto que establece un nuevo Régimen de Subrogancias para la Justicia Nacional y Federal, que deroga la Ley 27.145. La iniciativa busca alcanzar una reglamentación que respete los procesos apropiados para la designación y de remoción de jueces subrogantes. Y precisamente ése era uno de los temas que deseaba exponer Pettigiani, quien afirmó que en Mar del Plata se ha nombrado a muchos secretarios como fiscales subrogantes, lo cual se ha vuelto ya un procedimiento sistemático, por supuesto contario a la norma.
En entrevista exclusiva con la 99.9, la diputada nacional por la UCR Karina Banfi se refirió a la reunión de la comisión, y agregó que por primera vez en muchos años, la Comisión Bicameral comenzaba a funcionar como un contrapoder. Es decir que hasta ahora, no estaba funcionando como verdadero control del Ministerio Público Fiscal, función que pretendía retomar. Particularmente, se mostró preocupada por las denuncias en torno a la llamada “causa Hooft”, y destacó que los denunciantes habían actuado con muchísimo valor, sin saber qué repercusiones podía tener la declaración ante la Comisión Bicameral en sus ámbitos de trabajo: “Cuando vemos el armado de una causa, lo que vemos es inseguridad jurídica. La gente dice: si le pasó a un juez, ¿qué nos podría pasar a nosotros? Intoxicaron a las instituciones de corrupción”, señaló.
En desacuerdo
El testimonio del fiscal Pettigiani fue demoledor. Dio cuenta de hechos acontecidos hace 5 o 6 años, cuando tomó contacto con el fiscal Kishimoto a propósito de una denuncia sobre utilización de fondos nacionales. En una de las charlas que tuvieron en aquel momento, Kishimoto le confesó que estaba sufriendo presiones del jefe Adler: “lo forzaban a firmar una indagatoria, aunque él no estaba de acuerdo” dijo Pettigiani sobre Kishimoto, refiriéndose específicamente a la causa en contra del juez Pedro Federico Hooft. “Le dije que hiciera lo que su conciencia le demandara”, aseguró. Pero según su relato, el fiscal Kishimoto “eligió el camino de consentir, como se lo habían indicado. Lamentablemente terminó convalidando la persecución a un juez de Mar del Plata”, graficó.
“Lo más importante es la posibilidad de que los fiscales tengamos un régimen imparcial que nos escuche, para no estar sometidos a la cabeza. Me ha tocado ser enemigo de la gestión… En este tipo de situaciones, los fiscales necesitan tener la posibilidad de ser escuchados”, decía Pettigiani. Con estas palabras, señalaba directamente la necesidad de que la Comisión Bicameral cumpla con su cometido.
Luego le llegó el turno de exponer a Santiago Martínez Alcorta, prosecretario administrativo de la Fiscalía Federal de Necochea, quien actualmente se encuentra prestando funciones en la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Se lo pudo ver muy nervioso, y seguramente temiendo por las represalias que su exposición pudiera implicar.
Con voz temblorosa comenzó un relato que sorprendió. Dijo: “en el año 2014, trabajando en la Fiscalía de Necochea sobre una causa de adjudicación irregular de una obra pública, recibí muchas presiones por mis opiniones”. A su criterio, esta es la razón por la que fuera trasladado de forma arbitraria a la Fiscalía de Mar del Plata.
Según su relato, en aquel momento -cuando prestaba funciones en Necochea- fue llamado por el fiscal Juan Manuel Portela, quien lo convocó a analizar una causa. Se trataba de una denuncia que se conectaba con hechos tratados ya por el fiscal Campagnoli, e inmediatamente se propuso “analizar a conciencia los hechos, y ver qué medida de prueba se podía solicitar”. Pero cuando tomó conocimiento del expediente, advirtió que se investigaba el pago de un millón de dólares a cambio de una adjudicación irregular de obra pública.
El nombre que aparecía era el de Roberto Porcaro, referente del FPV de Necochea, y se hablaba de un monto pagado con títulos de deuda pública. La gestión se llevaba a cabo ante el consorcio del Puerto de Quequén, y la entrega irregular apuntaba a la construcción de un elevador de granos, que se adjudicó por 25 años. Dijo Martínez Alcorta: “Cuando veo semejante volumen de plata vinculado a la causa por la que se estaba investigando la ruta del dinero K, me pongo a ver qué prueba tenía. Advierto que Campagnoli tenía un expediente preliminar de prueba formada para dar impulso a la acción penal y solicitar medidas urgentes”. Ya había solicitud de indagatoria para los implicados, para Porcaro, su mujer y Lázaro Báez, para esclarecer el origen de los fondos.
Su relato indica que, a esa altura, por intermedio de la Comisión de Valores, ya estaban certificados los depósitos. La causa merecía tratamiento urgente, y había sido revisaba por la Cámara y por Casación: “el margen de acción se nos achicaba teníamos que actuar en consecuencia”. Pero la historia terminó de manera silenciosa. Cuando el fiscal elevó su investigación a quienes eran sus superiores, nadie pareció tomarlo en serio: “Me dijeron ‘dejá el expediente acá que nosotros nos ocupamos’”. Luego, el fiscal Campagnoli denunció a Portela y a Adler por la inacción en esa causa, porque precisamente fue el mismo fiscal Portela quien pidió el archivo de la causa. Martínez Alcorta nunca más fue llamado ni se le consultó al respecto.
Causa Hooft
A propósito de ello, Martínez Alcorta se presentó también como testigo de la presión contra el fiscal Kishimoto, que era uno de los subrogantes. Dijo al respecto y como parte de su relato: “se me presentó como fiscal de Mar del Plata, y solicitó de parte de Adler la prescripción de la causa en la que Marcelo García Berro – también fiscal- era investigado”. Se está refiriendo específicamente a una causa de provincia, la que popularmente se conoció como la de El loco de la ruta o la causa de las prostitutas, en razón da que todas las víctimas adjudicadas a un mismo autor ejercían la prostitución en el ámbito local.
El fiscal relató que, en aquella oportunidad, Kishimoto dejó en claro que no compartía la decisión, pero que eran órdenes de Adler, con lo cual se habría desatado una discusión entre ambos. Martínez Alcorta no justificaba el silencio ni que se aceptara el archivo sin más: “habíamos abierto una investigación sobre la vinculación con el narcotráfico, e íbamos al juzgado de Hooft”. Con el pedido de prescripción, el denunciante dice haberse enojado con Kishimoto, y haberle dicho que no correspondía el archivo, pero por supuesto que sabía que Adler tenía un sistema de premios y castigos, al que todo el mundo temía. La causa contra Hooft es un ejemplo concreto de lo que a uno le podría pasar si lo contradecía.
Respecto a la causa contra el juez, dijo Martínez Alcorta que al hacerse público el audio en el cual Kishimoto reconoció que actuaba en el armado contra el juez, lo llamó para ver cómo estaba, ya que eran cercanos, y supo que lo habían “descendido” a secretario. “Le pregunté por qué no decía la verdad, que había gente que lo iba a apoyar. Lo noté preocupado, y dijo que se iba a pedir una licencia para pensarlo bien. Luego no tuve más comunicación”, agregó. Todos los presentes entendieron todo. Entendieron de la valentía que había que tener para alzarse contra Adler, que había generado contra Hooft una acción ejemplificadora.
“No sé la presiones que yo puedo llegar a sufrir. Estoy preocupado -porque tengo superiores jerárquicos- de las represalias que puedan tomar, tanto físicas como psicológicas”, expuso atemorizado Martínez Alcorta, y dicho esto solicitó también que se lo trasladara de forma definitiva a Mar del Plata, ya que –aseguró- Porcaro mantiene sus vínculos políticos, y Portela también.
También solicitó salir de la órbita de control y órdenes de Adler, pero esto no es todo: trascendió que Martínez Alcorta salió del Congreso con custodia. La foto del millón debería haber sido la de las caras de los legisladores, que desde un poder colindante como el legislativo, que no se queda atrás en ataques y presiones, tomaron contacto de repente con la facilidad enorme que tienen los fiscales para mandar presos a sus enemigos. ¿Sorpresa?