Un empresario marplatense denunció penalmente a un fiscal, a un juez y a un funcionario de la AABE por usar como propios los vehículos que le secuestraron en el marco de una causa federal. De yapa, el fiscal de distrito Adler les mandó a que dirimieran parte de la denuncia a los propios funcionarios denunciados.
Recordemos que, hace algunos años, una causa denominada como «Carbón Blanco» buscó investigar el envío de más de una tonelada de cocaína a Europa, la cual estaba oculta en cargamentos de carbón vegetal despachados desde la provincia de Chaco. En 2015, el líder de esta organización narco, Carlos Alberto Salvatore, fue condenado a 21 años de prisión. Tras su fallecimiento en 2018, la justicia se enfocó en perseguir el dinero y, en 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó condenas por lavado de activos agravado, ordenando amplias medidas de decomiso.
Leopoldo Daniel «Polo» Carrena, un empresario marplatense con ciudadanía estadounidense, fue detenido en nuestra ciudad en enero de 2021 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras ser sindicado como un presunto «operador financiero» de la estructura de Salvatore. Sin embargo, a cinco años de su detención, la causa aún no llegó a juicio oral.
Pero esta, no es una historia ni sobre narcotráfico, ni sobre lavado de activos, sino sobre lo que Carrena descubrió que estaban haciendo los funcionarios judiciales que intervinieron con los vehículos secuestrados.
La flota VIP
Como parte de las condiciones de su excarcelación, Carrena debe presentarse mensualmente ante la PSA de Mar del Plata y, durante una de estas visitas notó algo extraño: la mayoría de los vehículos que se habían secuestrado en el marco de la causa —y que, por orden judicial, debían estar inmovilizados en el predio de la PSA— no estaban. En la denuncia penal que presentó el 12 de febrero de este año ante la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, Carrena lo describe así: «En una de las oportunidades observo más detenidamente el predio y la mayoría de los vehículos que deberían estar ahí por orden judicial no estaban, por lo que pregunto al personal de guardia y me responden: “Ah, no sé jefe, acá vienen y se los llevan nomás”».
Carrena decidió entonces investigar por su cuenta: consultó las multas de tránsito asociadas a los dominios de los vehículos secuestrados y descubrió que varios de ellos registraban infracciones millonarias por exceso de velocidad en rutas nacionales y zonas turísticas de Misiones, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Los autos que debían estar resguardados en el depósito de la PSA estaban en cambio paseando por medio país. Según la denuncia: «Los vehículos tenían multas millonarias, aproximadamente cuarenta millones de pesos, por exceso de velocidad, carnet vencido, en zonas turísticas, con todos los riesgos que ello implica para las empresas, mientras originan juicios de apremio, mantienen ilegal e ilegítimamente inhibición de las empresas, y además producen imposibilidad de renovar registro de conducir del denunciante».
Los datos son particularmente sugestivos: una Ford Ecosport secuestrada, perteneciente a La Menchu S.A., registra multas recurrentes en la zona de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, la misma ciudad donde tiene asiento el juez federal Jorge Sebastián Gallino, magistrado con competencia en la causa. Al respecto, dice la denuncia: «No sería descabellado sostener que sea el propio Gallino que esté utilizando dicho vehículo o sus allegados o familiares, por lo que será crucial identificar en poder de quién se encuentra este vehículo, máxime teniendo en cuenta que tiene multas por más de once millones de pesos, en su gran mayoría por exceso de velocidad».
Por su parte, una VW Amarok V6 secuestrada, propiedad de Alberti S.R.L., registra infracciones a nombre de Marcelo Javier Cippitelli, funcionario de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Y una Ford Ranger, también secuestrada en el marco de la causa, acumula multas superiores a los diez millones de pesos en las rutas 12 y 14 —en las provincias de Misiones y Entre Ríos— y estaría siendo utilizada por el fiscal general Federico Martín Carniel.
Cabe destacar un punto fundamental: estos vehículos no son bienes de Carrena a título personal, sino de las empresas Alberti S.R.L., La Menchu S.A. y Camiones Exclusivos S.A., que no se encuentran imputadas ni condenadas en la causa. Y no existe en el expediente una sola resolución judicial que autorice su retiro del depósito. La denuncia es contundente al respecto: «Mi defensa ha compulsado minuciosamente la totalidad del expediente principal y sus incidentes, constatando que no obra resolución judicial alguna que autorice el retiro, uso o circulación de los vehículos secuestrados. La inexistencia de orden escrita convierte el uso de estos rodados en un acto de facto, antijurídico y criminal».
La denuncia apunta además a que el fiscal Carniel habría planificado procesalmente esta situación: al momento de ofrecer la prueba para el juicio oral, omitió incluir estos vehículos de alta gama en la lista. «¿Por qué el fiscal no ofrece como prueba los autos que supuestamente provienen del lavado, que él mismo promovió su secuestro? La respuesta es unívoca: para mantenerlos en las sombras. Al no incluirlos en la lista de prueba del juicio, evita que el Tribunal ordene su inspección o pericia, creando una zona gris administrativa que facilita su uso clandestino», sostiene la denuncia.
Y hay un detalle revelador más: según Carrena, los funcionarios fueron «puntillosamente selectivos» a la hora de elegir qué vehículos usar. La Amarok V6, la Ecosport Titanium, la Hilux, el BMW X6: todos vehículos de alta gama. Los que no les servían, dice la denuncia, «quedaron en completo estado de abandono con destrucción total en el predio de PSA, con pastizal que literalmente tapa los vehículos desechados por los aquí imputados».
Metadatos, patrimonio y represalias
El uso clandestino de los vehículos no es lo único que denuncia Carrena. También acusa al fiscal Carniel de haber falseado la fecha de finalización de un informe técnico contable clave —el denominado «Informe Técnico Contable N.º 10»—, que fue utilizado como base para su indagatoria y procesamiento. Según la denuncia, el fiscal sostuvo en un dictamen oficial que el informe «acababa de finalizarse» en marzo de 2021, pero el análisis de los metadatos del archivo digital demuestra que fue creado, concluido y cerrado el 16 de noviembre de 2020. Esa afirmación, dice la denuncia, «no puede ser considerada un error material, administrativo ni una imprecisión menor, ya que se realizó en un acto funcional formal, tuvo aptitud jurídica decisiva, fue utilizada para justificar la omisión de exhibición del informe durante la instrucción, y tendió a neutralizar el control defensivo sobre una prueba central».
Las consecuencias de esto son enormes: si el informe existía desde noviembre de 2020 y la fiscalía lo ocultó hasta marzo de 2021, la defensa de Carrena fue privada durante meses de la posibilidad de designar peritos, impugnar conclusiones o pedir aclaraciones. Según la denuncia, se trata de una «prueba madre, utilizada casi literalmente para estructurar la acusación, pero sustraída deliberadamente al contradictorio en la etapa en la que la defensa podía ejercer control técnico efectivo».
Además, la denuncia expone una «inconsistencia patrimonial y financiera objetivamente incompatible con los ingresos lícitos conocidos» del fiscal Carniel. Según informes de bases de datos públicas, el fiscal registra un pasivo financiero superior a los 177 millones de pesos, con compromisos mensuales de unos 16 millones, frente a un sueldo neto estimado en alrededor de 6 millones. La denuncia lo plantea sin ambigüedades: «La ecuación económica es objetivamente imposible de sostener en el tiempo: ingresos formales insuficientes, más obligaciones financieras elevadas, más cumplimiento regular, igual a existencia de fondos externos al ingreso declarado. No se trata de un desfasaje ocasional ni de un evento extraordinario aislado, sino de un patrón continuado en el tiempo, que se verifica mes tras mes».
Ahora, se sabe que ir en contra de la famiglia judicial nunca es gratis. Y Carlos Sánchez, abogado defensor de Carrena, denunció en una entrevista para la FM 99.9 que, tras presentar una recusación formal contra el fiscal Carniel en diciembre de 2024, comenzó a sufrir una persecución directa contra su persona y su familia. La denuncia de Carrena describe cómo, a los pocos días de la recusación, «se montó guardia policial en el domicilio particular de mi defensor, luego se lo interceptó en la vía pública para posteriormente secuestrar la Hilux», vehículo que fue restituido el mismo día al comprobarse que no había base legal para la medida.
Pero en marzo de 2025, el hostigamiento escaló: un fiscal subordinado de Carniel ordenó el secuestro masivo de los vehículos del abogado y de su madre jubilada, en el marco de una causa totalmente ajena. Sánchez relató en la FM 99.9: «Me secuestraron los vehículos que yo tenía a la venta enfrente de mi domicilio en un estacionamiento, y hasta el momento los tienen secuestrados. Un auto de mi mamá jubilada, que no funcionaba hace cuatro o cinco años… los informes policiales para el secuestro supuestamente decían que era utilizado por una persona en otra casa, totalmente falso, porque el auto primero no funciona, y segundo es de mi mamá que es jubilada. Avasallan con todo. La impunidad es muy grande y la verdad que nos sentimos completamente desprotegidos».
La denuncia presentada por Carrena describe estas acciones como «un patrón de actuación funcional abusivo, compatible con una represalia institucional indirecta, orientada a afectar el ejercicio independiente de la defensa técnica mediante el ataque a su patrimonio y a su núcleo familiar».
Barbaridad jurídica
La denuncia, que dio origen al legajo COIRON N.º 26701/2026, fue presentada en Mar del Plata por razones que la propia denuncia fundamenta extensamente: es allí donde la PSA tenía la custodia de los vehículos, allí donde se violó esa custodia, allí donde las empresas afectadas tienen su domicilio y allí donde vive Carrena. Sin embargo, el fiscal Adler dividió la denuncia en dos: retuvo solamente el tramo relativo a los vehículos y las multas, y remitió todo el resto —falsedad ideológica, abuso de autoridad, inconsistencia patrimonial, encubrimiento— a la Unidad Fiscal Federal de Resistencia, Chaco. Es decir: le mandó la denuncia a la misma jurisdicción donde trabajan los funcionarios denunciados.
Carlos Sánchez se refirió a esta decisión en la FM 99.9: «Los vehículos que fueron secuestrados están en Mar del Plata. La orden de la Justicia Federal de Roque Sáenz Peña establece expresamente que los vehículos secuestrados queden ahí en la sede de Mar del Plata. El domicilio del señor Carrena es Mar del Plata y el domicilio de las empresas es de Mar del Plata. Es decir, la competencia es ineludible ahí en Mar del Plata. Y sin embargo, nos encontramos en una situación asombrosa en la cual se envía a los denunciados gran parte de la denuncia para que ellos decidan si corresponde o no corresponde avanzar con ella».
Y añadió: «Yo particularmente no vi nunca eso de que se le envíe la denuncia al denunciado para que diga qué es lo que hay que hacer. Es una situación de gravedad institucional gravísima. ¿Qué puede decir él? Archivamos la denuncia y acá no pasó nada».
Ante esta situación, Carrena solicitó la intervención de la Procuración General de la Nación y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, con el objetivo de que la investigación se lleve adelante en un ámbito institucional neutral que garantice imparcialidad y resguardo de la prueba.
Blindados. Así parecen estar quienes, desde adentro del sistema, operan con la certeza de que sus actos jamás tendrán consecuencias, especialmente cuando se cuenta con una mano amiga —como la de Adler— para ayudarlos a esconder más cositas bajo sus alfombras.