La mafia local | Un grupo empresario local que participa de hechos delictivos en más de un frente, y tiene evidentes conexiones con diversos sectores del poder, la prensa y la política. Quemaron una casa valiosísima para no entregarla a quienes la habían heredado, para no cumplir con la decisión judicial.
Hace casi un año, un voraz incendio consumió una vivienda en las calles Entre Ríos y Primera Junta. Se dijo que los bomberos habían combatido con intensidad las llamas, pero que, a pesar de todo, el fuego arrasó toda la vivienda. Como en tantos casos, el diario de la ciudad decía que los motivos que habían ocasionado el incendio eran desconocidos, y que serían determinados por las pericias. También arriesgaba que la casa había sido usurpada tiempo atrás, y que ya se habían producido otros episodios de incendio. Lo que no aclaraba era que había sido hacía un mes. Tampoco daba datos sobre lo jugoso de la historia de la sucesión de la propiedad, y el incendio pasaba como un descuido más, o producto del vandalismo de algunos usurpadores.
Pero parece que en ocasión de verificarse la usurpación de esa casa de Primera Junta al 2190, los vecinos llamaron al 911, y los móviles policiales se hicieron presentes. Sorprendido y arreglándose la ropa, salió de la enorme propiedad quien era entonces comisario departamental -con aspiraciones de intendente- e informó a la heredera que estaba en ese inmueble por pedido de Florencio Aldrey Iglesias y de “Tino” Fernández, lo cual fue denunciado ante la correspondiente fiscalía. Un policía mandado a ocupar una vivienda de lujo. Esa es la casa que se incendió. Algunos dicen más: que directamente implosionó.
Un lujo
Casualmente, la casa estaba valuada en un millón de dólares, y era objeto de una confusa discusión sucesoria que se había dirimido en los tribunales con escándalo. La propiedad era pretendida por los hermanos Davicino, que se la disputaban con el viudo de Graciela Hernández, la propietaria. El ideólogo de la usurpación resultaba ser Carlos Alberto Fernández, condenado a dos años de prisión por el delito de estafa, junto a un reconocido integrante del hampa de Pergamino. Nada de esto había pasado para el diario de la ciudad. Sólo un incendio más. Pero ¿quiénes son estos señores?
Hace cuatro años, el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires daba cuenta de la constitución de la sociedad Editorial Arena del Atlántico SA, con sede social en la calle Belgrano 2583 de Mar del Plata. Tenía como objeto social todas las actividades inherentes a la empresa editorial: impresión, publicación, comercialización de publicaciones diarias, periódicas o de frecuencia limitada ya sea por diario, revista, folletos, libros toda publicación impresa. También podía adquirir, inscribir propiedades intelectuales y explotarlas dentro de la actividad industrial gráfica o editorial, explotación de servicios de radiodifusión y televisión a través de estaciones emisoras, ondas complementarias, microondas, videos cables y sistemas similares satelitales.
Pero no se trataba de una simple sociedad anónima más. Belgrano 2583 es la dirección en la que funcionó por décadas el local de Daiam: luego se sabría que se gestaba allí la nueva central de poder en Mar del Plata ante la indiferencia del poder público.
Los socios eran viejos conocidos, cómplices del saqueo público desde la década del noventa. El primero de los accionistas era Fabián Andrés Fernández, director de Fernández Hermanos SA, empresa nuclear del grupo económico Fernández Hermanos. A su vez, Fabián Andrés es el hijo de Julio Argentino “Tino” Fernández, y sobrino de los restantes tres socios del grupo económico Fernández Hermanos. Es decir, del condenado por estafa procesal Carlos Alberto Fernández, de Adolfo Oscar Fernández y de Juan Antonio Fernández, los que pretendían estafar a la familia Davicino.
Se supo también que “Tino” Fernández y Florencio Aldrey Iglesias mantienen una relación muy fuerte desde los 90. El primero le entregaba al empresario de los medios toda la información de los acuerdos celebrados en la escribanía Pagni. De esta manera, el dueño del diario pudo conocer la trama secreta de Atitrán SA, una de las empresas del estacionamiento medido en épocas de Russak. El dueño de Atitrán SA fue asesinado en Coronel Vidal, pero Aldrey ya había usado toda esa información para consolidar su poder.
El juicio oral y público a los Fernández le hizo frente al entramado del poder mafioso, por lo que el director de La Capital no podría desconocer que su amigo Tino Fernández- el que mandó a un policía a usurpar la casa- junto con sus hermanos pidieron una probation en el juzgado criminal N° 1, pero les fue denegada, negativa que fue ratificada tanto por la Cámara Departamental como por Casación.
Escandaloso
Es decir que la casa habría sido incendiada intencionalmente. El principal sospechoso como autor intelectual es Carlos Alberto Fernández, quien junto con “Tino” amenazó a los herederos con el incendio. Consumado el hecho, les quedaba lograr la demolición, que terminaría de esconder todo vestigio de la maniobra delictiva. Los damnificados son los legítimos herederos, los hermanos Davicino.
Claro que “Tino” no anda solo: tiene un incondicional al que llaman “Gustavito”. Por supuesto que “Gustavito” tuvo que declarar como testigo en la causa de Fernández Hermanos S.A., pero su testimonio fue descartado por rayar en lo absurdo. Pero como aquí el falso testimonio no se investiga, terminó siendo perito de parte en el juicio por una fabulosa estafa, que tramita en la fiscalía N°10.
“Gustavito” es un individuo condenado con sentencia firme por la Suprema Corte, acusado de la estafa que cometió con Carlos Albero Fernández. Le dieron dos años de prisión, junto a Juan José Pelle, de Pergamino. Ambos serían parte de distintas bandas que cometieron robos a mano armada, estafas reiteradas y más. Mágicamente, habría sido designado hace más de una década por un grupo como el político encubierto. Fue secretario de Hacienda de Katz, de Arroyo, presidente del Consejo de Ciencias Económicas, operador en Mar del Plata de distintas sociedades, contador de otras tantas. Inclusive, se le atribuyen aprietes a algunos inspectores de AFIP.
La gobernadora María Eugenia Vidal ya se ha enterado de que la política marplatense tiene algunos peces gordos. Y no le ha gustado. La pregunta de sentido común es cómo el exsoldado puede luego ser perito de parte de un delincuente con condena firme.
La cuestión es que el tal Julio Argentino “Tino” Fernández se habría creído Don Corleone por bastante tiempo, cuando en realidad su poder se limitaba a ser un ladero de don Florencio. Participó en el Servicio Medido de Tránsito de Atitrán SA, del lobby local de la Planta Procesadora de la Ruta 88 con asado incluido para la adjudicación del Hotel Provincial, y del desguace del diario El Atlántico. Pero la mano no te la sostienen para siempre.
Para colmo de males, el Colegio de Abogados, a través de su Tribunal Arbitral, dispuso la suspensión de todas las resoluciones asamblearias adoptadas por los hermanos Fernández en los últimos seis años en contra de los hermanos Davicino, que resultaban ser los otros accionistas de la empresa madre del Grupo Fernández Hermanos SA. Allí, entre otras cosas, se designaban como directores de la sociedad para tomar todas las decisiones. La papera estaría con graves problemas en la operatoria bancaria, lo cual se pretendió mantener en secreto.
Fantásticos vecinos los nuestros. ¿No es hermosa la ciudad?