El fiscal de distrito, Daniel Adler, se quiso pasar de vivo: mandó una denuncia contra un fiscal general de Chaco al entorno del propio denunciado. Por esto, fue denunciado en Comodoro Py, y la causa quedó ahora en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli.
Hace pocas semanas dábamos cuenta de la denuncia presentada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani contra Adler por tráfico de influencias. Ahora, el panorama jurídico del fiscal general de distrito se complica más a raíz de una denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py.
Encubrimiento funcional
La historia viene así: un día, una persona se presenta en el predio de la PSA donde debería estar a resguardo un conjunto de vehículos que fueron secuestrados en el contexto de una causa federal y nota que algunos de los rodados faltaban. Pregunta, y como respuesta recibe un: «Ah, no sé jefe, acá vienen y se los llevan nomás».
A raíz de esto, se pone a investigar y se da cuenta de que los vehículos faltantes estaban acumulando multas millonarias por todo el país: «Los vehículos tenían multas millonarias, aproximadamente cuarenta millones de pesos, por exceso de velocidad, carnet vencido, en zonas turísticas, con todos los riesgos que ello implica para las empresas, mientras originan juicios de apremio, mantienen ilegal e ilegítimamente inhibición de las empresas, y además producen imposibilidad de renovar registro de conducir del denunciante».
Ante esta, y otras irregularidades, decide presentar una denuncia contra el fiscal general federal Federico Carniel, el juez federal Jorge Sebastián Gallino y contra Marcelo Javier Cippitelli, funcionario de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, por peculado, falsedad ideológica, abuso de autoridad, inconsistencia patrimonial y encubrimiento.
¿Qué hace Adler? Se queda con la parte de la denuncia y decide remitir el resto a la jurisdicción federal de Resistencia, Chaco: precisamente el ámbito institucional donde el fiscal denunciado ejerce como Fiscal General Federal y jefe jerárquico del Ministerio Público de esa jurisdicción. La denuncia fue derivada al área de atención inicial de la fiscalía receptora, subordinada funcional directa del propio denunciado. Para decirlo en criollo: le mandó la denuncia al empleado del acusado.
La resolución de remisión careció de fundamentación jurídica consistente. Cuando la parte denunciante cuestionó el criterio, la respuesta oficial invocó el artículo 251 del Código Procesal Penal Federal —la norma que regula los criterios de oportunidad para prescindir de la persecución penal—, un instituto completamente ajeno a las cuestiones de competencia territorial entre unidades fiscales.
A ello se sumó una contradicción documentada: personal de la fiscalía receptora en Resistencia manifestó telefónicamente que únicamente había recibido el número de legajo, sin acceso al contenido de la denuncia. Sin embargo, la parte denunciante constató que el material estaba disponible digitalmente mediante un enlace con acceso restringido. Si el contenido era accesible desde Resistencia, ¿quién accedió, cuándo y desde qué dependencia? Los sistemas informáticos del Ministerio Público Fiscal registran logs de acceso. La auditoría de esos registros fue solicitada ante Comodoro Py.
La denuncia presentada ante el Juez Lijo lo plantea sin rodeos: «No se trata aquí de una cuestión meramente formal. La remisión de una denuncia contra funcionarios del sistema judicial federal a la misma estructura territorial e institucional donde estos se desempeñan compromete, al menos en apariencia, la independencia, objetividad y eficacia de cualquier pesquisa seria».
El expediente solicita la preservación urgente de todos los logs del sistema COIRON, el secuestro de los teléfonos móviles de Adler y del fiscal chaqueño para pericia forense, la designación de un fiscal ajeno a ambas jurisdicciones y la atracción de ambas causas a un mismo ámbito de investigación independiente. Carlos Sánchez, abogado del denunciante, lo sintetizó en la FM 99.9: «Se envía a los denunciados gran parte de la denuncia para que ellos decidan si corresponde o no corresponde avanzar con ella. Yo particularmente no vi nunca eso. Es una situación de gravedad institucional gravísima».
Ante esto, la parte interesada se presentó en los tribunales de Comodoro Py para denunciar el accionar de Adler. Ahora, esta denuncia está en manos, nada más ni nada menos, que del titular de la Fiscalía Federal N.º 4, Carlos Stornelli, quien fue el fiscal de la causa por contrabando de armas a Croacia y Ecuador que terminó con el arresto domiciliario de Carlos Menem, el impulsor de la causa Hotesur, de la investigación por irregularidades en la mina de Río Turbio, del caso Skanska y, sobre todo, de la Causa de los Cuadernos de la Corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner y decenas de funcionarios y empresarios.
Tráfico de influencias
Esto se suma a la denuncia que el fiscal general Juan Manuel Pettigiani presentó contra Adler por tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público luego de que un imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización relevara intempestivamente a su abogado defensor y designara al Dr. Federico Adler —el hijo del fiscal de distrito— en su lugar. Poco después, Daniel Adler designó fiscal subrogante a Carlos Fioriti. Luego de «reiteradas llamadas a mi despacho y reuniones en el despacho personal del Dr. Daniel Adler» —dice Pettigiani en su denuncia—, se dio un cambio en la calificación del hecho, de «tenencia con fines de comercialización» a «tenencia simple», algo que contradecía abiertamente la postura que el propio Fioriti había sostenido meses antes. Así, un imputado que enfrentaba de 6 a 20 años de prisión obtuvo 3 años con excarcelación inmediata luego de un acuerdo entre su abogado, hijo de Daniel Adler, y un fiscal subrogante, designado a dedo por Daniel Adler.
A Adler la frontera entre lo personal y lo profesional se le borronea todo el tiempo: hace algunos meses dábamos cuenta de la extraña relación que lo une con Juan Pablo Almada Díaz, quien, al menos en ese momento, era el principal imputado en una causa sobre trata de personas.
Recordemos que Almada Díaz llegó al punto de compartir, a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp, fotos tomadas en el parque de la casa de Adler, y al extremo de asegurarles al resto de los imputados en la causa que no tenían nada de qué preocuparse, porque el tema «ya estaba arreglado». Además, Almada Díaz se jactó, al menos en una ocasión, de haber recibido por parte del fiscal general Daniel Eduardo Adler información privilegiada que le permitió despegarse de otra causa por contrabando.
La relación de Daniel Eduardo Adler con Juan Pablo Almada Díaz se tornó en una de confianza extrema, al punto que, cuando el fiscal general viajó al exterior a verse con el Papa Francisco, quien se quedó cuidándole la casa, fue este muchacho quien, además de ejercer la prostitución y estar involucrado en actividades vinculadas con el narcotráfico, también manejó durante un buen tiempo una vasta red de prostitución; hecho que a Adler le consta sobradamente: el 2 de febrero del 2018, fue el mismísimo —entonces— fiscal general Daniel Eduardo Adler quien se opuso a un pedido de excarcelación que la representante legal de Almada Díaz había presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones.